Esta semana se reanudaron las audiencias del juicio contra ex miembros de la Armada y Prefectura por crímenes de lesa humanidad ante el Tribunal Oral Federal en lo Criminal N° 1 de La Plata, dando paso a los primeros testimonios de sobrevivientes que hicieron referencia al vínculo entre las cúpulas sindicales, las patronales y las fuerzas represivas a las vísperas del golpe y durante la dictadura genocida.
Jueves 6 de agosto de 2015
La mayoría de los casos que se ventilan en este juicio son trabajadores de Propulsora Siderúrgica, Astilleros Río Santiago, Frigorífico Swift y Destilería de YPF que fueron secuestrados y torturados en centros clandestinos que funcionaron en dependencias de la Fuerza de Tareas 5 de la Armada, como el Batallón de infantería de Marina N° 3, la Prefectura, El Liceo y la Escuela Naval. Esta fuerza operó en la zona de Berisso y Ensenada, polo industrial de la región.
Carmelo Cipollone, declaró “me preguntaban qué hacía yo, qué clase de combatiente era, y yo sólo trabajaba en Propulsora”. Por esos años era delegado de base y contó que lo secuestraron en su casa y fue trasladado en un micro de la Armada que se iba llenando con otros secuestrados, entre ellos obreros de Propulsora, Astillero Río Santiago y el frigorífico Swift. Fue sometido a apremios ilegales durante los once días de su secuestro en el Liceo Naval y trasladado después a la Unidad 9 de La Plata, donde permaneció hasta recuperar la libertad el 27 de mayo de 1976.
Además, el ex delegado recordó también que después de su secuestro su familia recibió un telegrama de Propulsora Siderúrgica donde se le advertía que si no acudía al trabajo sería despedido por “abandono de tareas”. Refiriéndose a la relación entre la empresa y las fuerzas armadas dijo “La conexión que hago con las empresas grandes era que dirigían su brazo armado, que eran las fuerzas armadas”.
“La relación era desde antes del golpe de Estado, entre los sindicalistas, la empresa y las manos ejecutoras de los compañeros que fueron asesinados y torturados o dejados cesantes, o, en el caso mío, encarcelado” refirió Cipollone, y de forma contundente denunció la complicidad del Secretario General de la UOM en estos hechos.
Otro de los testimonios que expresó los vínculos entre la patronal, la burocracia y las fuerzas armadas fue el de Mario Pelaez, trabajador de Astillero Río Santiago y ex delegado de base que fue secuestrado y torturado brutalmente durante 5 días por miembros de la Armada en el mes de enero del 76, es decir previo al golpe de estado durante el gobierno de Isabel Perón ya operaba la Fuerza de Tareas 5. Expresó que “en esos días habían asesinado a varios sindicalistas, la persecución política y gremial era un hecho”. La organización de las bases había logrado grandes conquistas en el Astillero como ley 14.250 del Convenio Colectivo de Trabajo en el año 1975. Pelaez contó que “la fabrica estuvo tomada y parada completamente pidiendo su liberación y eso fue lo que hizo que sobreviviera, gracias a los compañeros”.
Por otra parte, expresó que “en su legajo de Astillero había un informe de inteligencia que decía que era subversivo y por eso no fue reincorporado a su puesto de trabajo después de la dictadura”. Agregó, que el Capitán Carranza Director de Astilleros y Juan Carlos Marín, Secretario General de ATE Ensenada en ese momento no hicieron nada por ninguno de los compañeros secuestrados. Es más, hace referencia a un episodio previo en una comisaria luego de la represión sufrida en una movilización “donde el Secretario General de ATE Ensenada Marín y el responsable de seguridad de la fábrica, el Capitán Bigliardi, al momento de reconocer a los obreros detenidos dijo que no lo eran, que eran todos Montoneros. Si eso no es complicidad, que es?”.
Actualmente Juan Carlos Marín como parte de la lista Blanca ocupa cargo sindical en ATE y además es candidato para el centro de jubilados en las próximas elecciones gremiales.
Por su parte, Pedro Niselsky trabajador y delegado de Astillero, en su testimonio expresó claramente “el Astillero colaboró para que vaya a la cárcel, había una lista negra en la que estaba mi nombre porque yo tenía actividad gremial pero no reconocida por el gremio” y sentenció “El Estado es responsable de mi secuestro y tortura, del secuestro y tortura de mis compañeros y del asesinato de mi señora Reina Leguizamón”.
