Así lo denunciaron en La Plata quienes confeccionan el Registro Nacional de casos de tortura. “Es la forma que tiene el Estado para castigar”, planteó la socióloga Daroqui en la presentación del informe.
Sábado 10 de agosto de 2019 12:19
Foto: Diputados Bonaerenses
Con un auditorio colmado de familiares de detenidos y víctimas del accionar policial y de detenidos desaparecidos, trabajadores del ámbito judicial, referentes de derechos humanos y público en general, fue presentado el 8° informe del Registro nacional de casos de tortura y /o malos tratos, que realizan de forma conjunta la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), la Procuración Penitenciaria de la Nación y el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (GESPyDH) del Instituto Gino Germani.
Hicieron uso de la palabra Roberto Cipriano García, secretario de la CPM; Francisco Mugnolo, procurador penitenciario de la Nación; Alcira Daroqui, coordinadora del GESPyDH y Juan Mendez, exrelator sobre tortura de la ONU como invitado especial.
Este informe es el resultado del trabajo de inspecciones a los lugares de encierro de la provincia de Buenos Aires y del ámbito federal y del monitoreo de las prácticas policiales en el territorio, que llevan delante de manera conjunta los tres organismos públicos mencionados desde hace varios años, en defensa de los derechos de las personas que “selectiva y discrecionalmente son capturadas por las distintas agencias del sistema penal”
Datos crudos, personas reales
Durante el año 2018, 1.621 víctimas denunciaron 6.300 hechos de tortura y/o malos tratos producidos por agentes penitenciarios y de seguridad: 5.314 en cárceles bonaerenses y federales, 986 por agentes policiales en el ámbito provincial y nacional.
Yendo más a fondo, en las cárceles de la provincia, se registraron 469 víctimas de 2.428 hechos de tortura; el 70 % son jóvenes menores de 35 años. Una denuncia recurrente en este último tiempo es el traslado de las personas detenidas por distintas unidades penales como forma de castigo, donde se combinan distintos tipos de tortura: asilamientos reiterados, falta de alimentación y acceso a la salud, desvinculación familiar, agresiones físicas, robo de pertenencias.
En el sistema federal, por su parte 926 víctimas denunciaron 2.886 hechos de tortura y/o malos tratos, con un promedio de 31 años. Aquí sobresalen las denuncias sobre el aislamiento, que los disertantes han definido como “un encierro dentro del encierro”, justificado y volviéndose parte de la rutina cotidiana de la cárcel.
También hay un registro sobre las violaciones a los derechos humanos a mano de las fuerzas de seguridad en el territorio de acción. En provincia de Buenos Aires 114 víctimas denunciaron 550 hechos de tortura, en su mayoría, por la policía bonaerense durante la aprehensión, el traslado y la detención en comisarías. A nivel federal, la cifra es muy similar: 112 víctimas de 436 hechos. Una de cada cuatro denuncias es por agresiones físicas.
El informe también revela datos actuales: al mes de julio, la cantidad de personas detenidas llega a más de 14 mil en las 35 cárceles del Servicio Penitenciario Federal. La CPM, que toma el territorio bonaerense, monitorea la situación carcelaria de 46.300 personas detenidas a junio de este año, en las 46 unidades, 7 alcaidías y 12 complejos del Servicio Penitenciario Bonaerense; incluidos 1.990 con monitoreo electrónico.
La tortura, herramienta de gobierno
Los datos que arroja el informe, de 552 páginas, y que son de público acceso desde las páginas web de los organismos participantes, nos hablan del uso de la tortura en sus múltiples dimensiones: agresiones físicas, mala alimentación, falta de acceso a la asistencia sanitaria, desvinculación familiar y social por los traslados compulsivos.
La tortura es un “instrumento político de dominación; es la forma que tiene el Estado para castigar”, planteó la socióloga Daroqui en su intervención. Es parte de una política criminal que genera y legitima prácticas violentas por parte de agentes del Estado, donde “el poder ejecutivo diseña e implementa una política que persigue a los pobres (clientela privilegiada), los captura y los condena. El poder legislativo aprueba leyes que dan el soporte normativo necesario; y el poder judicial garantiza la impunidad”, agregaron desde la CPM. “No hay impunidad para la tortura penitenciaria y policial sin la acción u omisión como práctica judicial estructural que la posibilita”, sostuvieron los exponentes.
El informe es un registro valioso, sobre todo porque busca visibilizar una situación sistemáticamente silenciada tanto política como mediáticamente. Incluye casos denunciados penalmente y casos comunicados que no fueron denunciados formalmente, habida cuenta del sub registro de denuncias; muchas víctimas son reacias a denunciar por miedo a represalias, por falta de acceso a la justicia, por naturalización de prácticas, por descreimiento. Por eso la importancia de la creación de una registro nacional independiente de los poderes del Estado.
“Es muy difícil no hacer nada con lo que ves. Si no intervenimos en visibilizar la violación de los derechos humanos, nuestra intervención no tiene sentido alguno”, aseguró el secretario de la CPM.
Ninguno de los candidatos de los partidos tradicionales que competirán este domingo en las PASO y en octubre cuestiona este estado de cosas. Es más, algunos opositores ya gobernaron durante años y sus propias políticas en este tema no se han distanciado mucho, ideológica y prácticamente, de las que aquí fueron denunciadas.
