Estadísticas laborales. En 7 provincias hay más trabajadores de la "economía popular" que privados: gana la precarización

Más de 2.830.520 trabajadores y trabajadoras de la economía popular se inscribieron en ReNaTEP. Conocé más acerca de esta política que les permite acceder a programas de trabajo, seguridad social y capacitación. https://t.co/3631wEdjhR #ReconstruccionArgentina pic.twitter.com/NWHF6wSMVn

— Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (@MDSNacion) September 1, 2021

Estos datos son una confirmación de algo que ya se sabía. La precarización laboral y de la vida golpea más fuerte a la población joven y más fuerte aún a las mujeres. También confirma que, de ese sector particularmente golpeado por la crisis, la mayoría está por fuera del alcance de la política de ayuda social del Estado.

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Recordemos que en el presupuesto 2021, el Frente de Todos eliminó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), una política destinada a paliar las carencias de los y las más vulnerables, que alcanzó a alrededor de 9 millones de familias. La cantidad de personas que lo solicitaron (no todas lo recibieron) fue otro índice con el que el Gobierno, compuesto por funcionarios con larga trayectoria en cargos políticos, dice haber tomado dimensión del alcance de la informalidad en el país.

El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, visitó este martes la Cooperativa “Maleza, Cosmética Natural” en Villa Lugano, en donde se presentó la actualización del informe. “Con toda esa cadena que se viene construyendo en la Economía Popular, de abajo hacia arriba vamos a reconstruir la Argentina; visibilizando y trabajando para que las y los trabajadores y trabajadoras del ReNaTEP tengan en claro que nosotros planteamos movilidad social ascendente”, dijo el ministro.

¿Movilidad social ascendente? El informe del Renatep de mayo registró la inscripción de 2.093.850. entre julio del 2020 y febrero de 2021. Es decir, no paran de sumarse informales al listado, tal como demuestra la actualización de estos datos.

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En el informe de indicadores sociales de enero de 2021, se exhiben otros datos que echan por tierra el relato de la movilidad social ascendente:

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La última medición del INDEC para el primer trimestre del 2021, para los 31 aglomerados urbanos relevados, exhibe 10,2 % de desocupación. La subocupación alcanza al 15 % de la población que tiene empleo: se trata de aquellas personas que tienen empleo, trabajan menos de 35 horas semanales y están dispuestas a trabajar más horas, probablemente porque no les alcanza el salario para vivir.

En mayo de este año los trabajadores registrados alcanzaron 12,03 millones, según los datos del SIPA que publica el Ministerio de Trabajo, un aumento de 2,4 % con respecto al mismo mes del 2020. Pero si se analiza la serie desestacionalizada para comparar mayo con respecto a febrero del 2020, aún hay 16.400 empleos registrados menos.

En un año (mayo 2021 versus mayo 2020) se registró una suba de monotributo (7,4 %), monotributo social (5,6 %), asalariados públicos (2,4 %), asalariados privados (1,4 %), autónomos (0,7 %), y una reducción de asalariadas de casas particulares de 0,9 %. Es decir, que en un año lo que más subió es el monotributo y monotributo social, que en muchos casos se encuentran bajo una relación de dependencia encubierta, es decir es empleo precario.

El avance en la cantidad de personas que se inscriben al Renatep, el crecimiento de la pobreza y el desempleo, así como la pérdida del poder adquisitivo de los salarios que se profundizó en el primer año del gobierno del Frente de Todos, permiten dudar acerca de la efectividad de este tipo de políticas para “ascender” en la escala social.

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Es más, estos datos muestras que el sentido de la flecha, en cuanto a condiciones de vida y movilidad social de las grandes mayorías, es descendente desde la década del 70. Todos los gobiernos han sostenido y profundizado las políticas neolibreales y precarizadoras que empezaron a implementarse en la dictadura y dieron un salto escandaloso durante el menemismo. La pobreza pasó del 4,6 % en 1970 al 42 % actual. La desocupación tiene un piso estructural de alrededor del 10 % en todo el período. El poder de compra del salario retrocedió 40 % en las últimas cuatro décadas.

Detalles del informe del Renatep

Las siete provincias en las que el Renatep tiene más inscriptos que los registrados en el empleo privado (SIPA) son Catamarca, Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta y Santiago del Estero.

"Esto nos muestra que en esas provincias la forma productiva dominante es la que está relacionada con la economía popular. Las condiciones productivas y laborales en esas provincias son las que existen en la economía popular, que lamentablemente son aquellas en las que la vulnerabilidad social y productiva son muy marcadas, lo que repercute en los ingresos y las condiciones de vida de la población. Por eso es tan importante formalizar y desarrollar la economía popular, para que las desigualdades sociales y territoriales que tiene la Argentina vayan disminuyendo", explicó Pablo Chena, Director Nacional de Economía Social y Desarrollo Local.

¿Formalizar la economía popular o crear trabajo genuino, con plenos derechos y un salario igual a la canasta familiar? Este tipo de registro por parte del Gobierno lejos de apuntar a terminar con la informalidad, como se desprende de las declaraciones del funcionario, plantea como salida su institucionalización para perpetuar la precariedad que se profundiza desde los años 70.

El informe detalla que el 57,4 % de las personas registradas en el Renatep son mujeres. Mientras que en la economía informal son mayoría, en el mercado laboral privado, las mujeres son minoría y sólo ocupan el 32,9 %.

“En sus trayectorias laborales, las mujeres siguen siendo más precarizadas, informales y peor remuneradas”, explica el informe. Como correlato, por supuesto, en la Argentina la pobreza también está feminizada.

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La edad promedio del trabajador de la economía popular es de 33 años. "El Renatep tiene el objetivo de visibilizar una realidad que ya existe, que es esta: los jóvenes se concentren en el trabajo de la economía popular, donde tienen menos derechos -cuando los tienen,- que en el empleo registrado. Eso es algo a entender porque está vinculado al futuro", señaló Sonia Lombardo, directora del Registro Nacional de Efectores Sociales y funcionaria a cargo del Renatep.

"El Registro tiene que ser un insumo para pensar políticas que impulsen el desarrollo productivo y económico de sus trabajadores, para que mejoren sus condiciones y accedan a derechos laborales. Porque en su mayoría no tienen ni siquiera un monotributo social, no acceden a una obra social, no tienen aportes jubilatorios ni ART".

Por otra parte, sólo el 25 % de los trabajadores de la economía popular tienen un plan Potenciar Trabajo. Es decir que el 75 % no tiene ningún plan social. Apenas el 22 % percibe la Asignación Universal por Hijo, y por lo tanto la Tarjeta Alimentar.

Hay otra salida

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, es la única fuerza política que plantea las propuestas que hacen falta para salir de la crisis y responder a las necesidades de las mayorías populares. Mientras candidatos de las fuerzas patronales hablan de reforma laboral o de "economía popular", el FIT-U, frente al problema del trabajo, propone un programa para enfrentar la crisis social y económica mediante la reducción de la jornada laboral a 6 horas, 5 días a la semana, repartiendo las horas de trabajo entre todas las manos disponibles para que trabajen todos y todas, con un salario que cubra como mínimo la canasta familiar. Esto podría lograrse por ejemplo, mediante la creación de un plan de obras públicas que a la vez permita dar respuesta al grave problema de la vivienda que sufren alrededor de 3 millones de familias pobres en el país.

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Esto, junto a la lucha por recuperar las organizaciones sindicales de mano de las conducciones burocráticas que dejan pasar las medidas de ajuste sin lucha. Mientras la dirección de los movimientos de desocupados se movilizan para exigir al Estado medidas que no dan respuesta de fondo, sino que se limitan a administrar la pobreza existente.

Recuperar estas organizaciones mediante la autoorganización y la discusión democrática desde abajo para trabajar todos y trabajar menos: solo así se puede pelear seriamente contra la desocupación y la precarización laboral, con un gran movimiento de lucha que una a los sectores de la clase trabajadora ocupada, precarizada y desocupada.