Entrevistamos a Santiago Lupe, director de Izquierda Diario y dirigente de Clase contra Clase. En esta segunda parte repasamos la cuestión catalana, el pacto entre JxSí y la CUP y los retos de la izquierda anticapitalista en Catalunya.
Santiago Lupe @SantiagoLupeBCN
Martes 2 de febrero de 2016
El otro escenario clave de esta crisis ha sido y es Catalunya ¿En qué punto crees que se encuentra el llamado “proceso”?
Así es, el movimiento que surgió en 2012 con la Diada puso sobre la mesa una aspiración democrática que cuestiona uno de los pilares del régimen del Estado español, la unidad territorial impuesta a la fuerza. Creo que dicha aspiración ha alcanzado unos niveles de extensión y profundidad, como se ha visto en todas las Diadas o en el 9N, que la hacen, y más en el contexto general de crisis política y económica, que no resulte fácil su digamos “reconducción” a alguna salida neo-autonomista que vuelva a aparcar el derecho a decidir.
En frente está un Estado central, con la Corona a la cabeza, completamente enemigo de cualquier cuestionamiento a la soberanía territorial. Que no quepa la menor duda de que está dispuesto a emplear todos los medios antes de reconocer el derecho de autodeterminación. Por eso mismo es utópico pensar que éste puede ser otorgado o negociado, como proponen CDC o ERC, pero también en otro sentido el mismo Podemos. Sin embargo, esa es la hoja de ruta a la que se juegan los dirigentes de CDC.
Por eso cabe preguntarse cuál es la verdadera hoja de ruta de CDC, la que no cuentan. La burguesía catalana, las llamadas grandes familias, ni son independentistas ni mucho menos están dispuestas a llevar adelante el enfrentamiento con el Estado necesario para conquistar el derecho de autodeterminación. ¿Por qué entonces sus representantes políticos están al frente del llamado “proceso”? Mas lo vio claro en 2012, o se ponía él a la cabeza o las masivas movilizaciones democráticas podían encender una hoguera que seguramente no se iba a conformar con el derecho a decidir. No olvidemos que el proceso surgió a un año del 15M, del rodeo del Parlament de Catalunya y a meses de los combates callejeros de la huelga general de marzo de 2012.
¿A dónde crees que se dirige entonces la hoja de ruta de Puigdemont y JxSí?
En estos años la hegemonía de CDC, que no ha sido cuestionada por ninguna fuerza del bloque soberanista, tampoco la CUP, ha logrado sacar la lucha por el derecho a decidir de la calle, encorsetarla al plano electoral e institucional y encaminarla a algún tipo de negociación con el Estado central, es decir a un callejón sin salida. Puigdemont no se sale de este guión. En última instancia están a la espera de lo que pase en Madrid. Tiene la esperanza puesta en que se abra realmente algún proceso de auto-reforma del Régimen en el que poder “encajar” de nuevo a Catalunya.
Esto no quita que hay y va a haber grandes tensiones con el Estado español, pero de poner en marcha la movilización social necesaria para que los catalanes realmente puedan decidir no hay la más mínima voluntad. Hablando en plata, para doblarle el brazo a la Corona y el Estado central se necesitan huelgas, control territorial, una amplia movilización y auto-organización popular, una alianza de lucha con el resto de trabajadores y sectores populares del Estado... Y este camino, a los representantes de Foment del Treball o el Círculo de Economía, pero también a la ERC o los independientes de JxSí, les da pavor. Una vez puesto en marcha ¿Quién les asegura que la gente se conformará con una república catalana? ¿No querrán acabar también con el negocio de la sanidad privada catalana, las eléctricas o los bancos catalanes rescatados?
¿Cómo valoras entonces el acuerdo entre JxSí y la CUP?
Creo que es consecuente con una política adoptada abiertamente desde 2012, cuando David Fernández ofreció a Mas en el Parlament la mano extendida en lo nacional. Es el problema de adoptar una estrategia de “unidad popular” sin una clara delimitación de clases. Se lleva a concebir al pueblo catalán como un sujeto transversal y por lo tanto a entender que la alianza con por lo menos un sector de la burguesía catalana es algo inevitable y necesario.
Esto es un error tanto en lo nacional, donde como ya he dicho esta clase social y sus representantes son cuanto menos impotentes para llevar adelante una lucha por el derecho de autodeterminación. Pero sobre todo lo es en el terreno social. La CUP ha mantenido lo que ellos llaman el puño cerrado contra los recortes. Se han opuesto a todas las políticas de ataque a las clases populares. Sin embargo la práctica parlamentaria sobre lo nacional, que ha sido el principal eje de los últimos años, ha tenido un impacto en el terreno de la desmovilización social.
La hegemonía convergente del proceso no ha sido en ningún momento cuestionada y han abundado las declaraciones y hechos que fortalecían la imagen de un Mas comprometido hasta el final con la pelea por el derecho a decidir. Y esto objetivamente fortalecía al govern al mismo tiempo que este aplicaba los peores recortes de la historia, aunque la CUP votase en contra de ellos en el Parlament.
La aritmética parlamentaria salida del 27S ha forzado a que la CUP haya tenido que optar entre abandonar o no esta política de mano extendida. Los “No” a la investidura de Mas de sus asambleas generaron bastante ilusión entre mucha gente de izquierdas. La CUP aparecía como el azote de los convergentes, no solo de Mas. Pero lamentablemente esto era sólo una apreciación, nunca negaron que se conformarían con un recambio de figuras y que en ningún caso pretendían adoptar una estrategia de independencia política respecto a CDC, ahora en JxSí.
Pero ellos sostienen que se ha logrado sacar a Mas, a Felip Puig y otros figurones del pujolismo.
Han dado un paso atrás algunos pesos pesados, pero tienen a sus hombres y mujeres de paja en los principales puestos, empezando por la presidencia de la Generalitat. Además, eso de que el pujolismo se ha ido a la papelera de la historia no se sostiene si repasas el currículo de Puigdemont o muchos otros consellers, incluidos varios numerarios del Opus Dei como la de Educación.
Pero el problema no es de tal o cual figura, sino que intereses sociales representa CDC. Pensar que de la mano de los representantes de las grandes farmacéuticas, la patronal sanitaria, los industriales, financieros... se pueden resolver los problemas de paro, vivienda, acabar con la represión a los luchadores... es un sinsentido.
El acuerdo de la CUP y JxSí habla de garantizar la estabilidad parlamentaria. No voy a entrar en la fórmula pactada, lo de los dos diputados de la CUP que se pasan a reunirse en el grupo de JxSí. La cuestión es que ese compromiso en el Parlament significa comprometerse y avalar por activa o por pasiva las políticas fundamentales de un gobierno formado por los herederos del pujolismo y parte del Tripartit.
Y esto no sólo tendrá consecuencias en lo que voten los diputados de la CUP. Esta práctica parlamentaria va a tener un hondo efecto en la calle. Lo que los trabajadores, la juventud y las mujeres en Catalunya necesitan es poner en pie una potente movilización para imponer su agenda social, no esperar a que se desarrolle un pírrico plan de choque. Y eso sería todo un ataque a la línea de flotación de la estabilidad del govern Puigdemont.
¿Puede sostenerse un gobierno al que el movimiento estudiantil le tire sus políticas privatizadoras atrás? ¿Que eche atrás por ejemplo el tasazo de 2012? ¿Que un potente movimiento de trabajadores y usuarios le fuerce a dar marcha atrás en los recortes en sanidad? ¿Que los trabajadores le impongan medidas como por ejemplo expropiar las empresas que cierren o los pisos vacíos de los especuladores? ¿O recuperar todo lo privatizado? No. Activar la movilización social detrás de un programa de emergencia social choca frontalmente con el compromiso de estabilidad. La CUP tendrá que escoger en donde pone todas sus energías.
Yendo al otro espacio de la izquierda catalana ¿Qué te parece la propuesta de referéndum que presentan Podemos y En Comú Podem?
Si en algo coinciden Puigdemont, Domènech y Ada Colau es justamente en que los tres dejan por fuera de sus coordenadas impulsar la movilización social para conquistar el derecho a decidir. El primero lo encorseta así a la negociación con el Estado central. Los dos segundos lo dejan pendiente de una negociación similar, pero si cabe aún más encorsetada, ya que además se ha de contener en los límites del artículo 92 de la Constitución. Éste sólo prevé votaciones de carácter consultivo, es decir no decisorio. En última instancia están diciendo a los catalanes que pueden votar, expresar su voluntad, pero que ésta deberá seguir sujeta a lo que decidan las Cortes españolas. Una concepción sui generis del derecho a decidir.
Ahora bien, todo proceso de auto-reforma del Régimen del 78 ha de contar con alguna salida a la cuestión catalana, en el sentido de desactivarla. Y aquí creo que el proyecto de Domènech y Colau aspira a jugar un rol clave, como el que jugó en el 78 el PSUC. Aspiran a arrebatar la hegemonía a CDC, pero para encauzar las aspiraciones democráticas catalanas en la nueva Transición, que, ¿por qué no?, hasta podría incluir una votación consultiva en un momento.
¿Crees que guardan similitud los retos de la izquierda anti-capitalista en Catalunya con la del resto del Estado?
Totalmente. Aquí incluso creo que hay una situación más compleja si cabe. La CUP venía ubicándose a la izquierda del espacio del nuevo reformismo que en el resto del Estado encarnan Podemos o IU y que aquí ha tenido una expresión particular con agrupamientos como Barclona en Comú o En Comú Podem. Por ejemplo en el Ayuntamiento de Barcelona los tres diputados de la CUP-CapgiremBCN llevan adelante una oposición a Colau en muchos temas fundamentales que yo he reivindicado, como su persecución a los manteros o su papel frente a demandas obreras como paso con el tema del Mobile y los trabajadores de Movistar o ahora con los de TMB.
Sin embargo, el salto en la política de mano extendida, deja muy en entredicho esta ubicación. Hay mucha gente que creo que ha sufrido un desencanto importante, aunque esto no se exprese en rupturas organizativas. Muchos activistas sociales no pueden entender que se asuma el apoyo a un nuevo govern de CDC que mantiene el grueso de las políticas antisociales.
En Catalunya es urgente una política anticapitalista por el derecho a decidir, alternativa a la “mano extendida” a Puigdemont. Creo que un reagrupamiento anticapitalista y de clase de todos aquellos que no comulgan con esta orientación, ni tampoco con la de Podemos, IU y sus representantes aquí, se hace muy necesario.
Por un lado, es imprescindible que surja un ala que se plantee la conquista del derecho de autodeterminación por medio de la movilización social, con los trabajadores al frente y con la alianza con el resto de sectores populares del Estado. Una estrategia que se opone tanto a los cantos de sirena de la votación consultiva de Podem, como a la línea de ser el compañero de viaje de JxSí y su línea de negociación con el Estado. Y unido a la pelea por esta demanda democrática fundamental, junto a la de abrir procesos constituyentes, pelear por un programa para que la crisis la paguen los capitalistas, en este caso las grandes familias y empresas cuyos intereses vienen defendiendo los gobiernos de CiU y el Tripartit en las últimas décadas.
Me parece que iniciativas como la de “No Hay Tiempo Que Perder” debemos impulsarlas y adaptarlas a las particularidades de la situación catalana, poner en pie un movimiento político anticapitalista y de clase alternativa al reformismo y la política de “mano extendida”, será una tarea primordial en el próximo periodo.
Santiago Lupe
Nació en Zaragoza, Estado español, en 1983. Es director de la edición española de Izquierda Diario. Historiador especializado en la guerra civil española, el franquismo y la Transición. Actualmente reside en Barcelona y milita en la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) del Estado Español.