Como cada año, hoy 28 de septiembre, seguimos teniendo motivos para salir a luchar por el derecho al aborto para todas y para defender que sea universal, gratuito y seguro.
Verónica Landa Barcelona | @lierolaliero
Martes 28 de septiembre de 2021
La contrarreforma de Gallardón la paramos en las calles, con jóvenes, trabajadoras y migrantes organizadas contra un ataque a este derecho. Por desgracia, algunas cosas pasaron, como que las chicas de 16 y 17 años necesitaran permiso familiar para abortar. Además, las mujeres migrantes vieron recortado su derecho a la sanidad pública y, por tanto, al derecho al aborto.
Ahora, 7 años después del intento de reforma de Gallardón, y con la derecha y la extrema derecha atacando nuestros derechos, nos encontramos con que no todas las mujeres pueden acceder al derecho al aborto.
Cerca nuestro, en Andorra, el aborto está penada con hasta 2 años y medio de prisión, y no se puede practicar en ninguna situación, aunque ponga en riesgo la salud de la madre o haya malformaciones en el feto.
En Catalunya, podríamos decir que los abortos quirúrgicos están externalizados a la sanidad privada. Los abortos farmacológicos -que se realizan hasta la novena semana- si son atendidos en la sanidad pública, y supusieron en 2019 el 47,7% del total. Pero los abortos quirúrgicos, se derivan en un 97,8% a clínicas privadas que tienen un concierto con la Generalitat. La Generalitat paga unos 3 millones anuales repartidos entre los diez centros con los que tiene concierto.
¿Esto que supone? Sobre todo, que haya mujeres que se tengan que desplazar fuera de su comarca o provincia para ir a estas clínicas privadas. Como decíamos, hay 10 clínicas privadas con concierto en Catalunya, con un reparto totalmente desigual: siete en Barcelona, dos en Girona y una en Tarragona. En Lleida la situación se complica, con un 72% de los ginecólogos del SISCAT que son objetores de conciencia. Hasta el 2021, no había ninguna clínica privada para realizar abortos, y hasta que esta entre en funcionamiento, las mujeres de Lleida seguirán yendo a abortar a otras provincias.
También, que muchas mujeres desconocen cómo funciona el circuito de la sanidad pública o que no quieren pasar por él, y acaben yendo a una clínica privada, pagándose el aborto.
El motivo detrás de esta derivación no está claro, pero desde diferentes sectores sanitarios apuntan al estigma que todavía hay sobre el aborto y a la falta de formación por parte del personal sanitario que lo tiene que realizar.
Como vemos también en otras cuestiones, un derecho conquistado puede retroceder en cualquier momento, e incluso, una ley no es ninguna garantía de que este se ejerza. Desde el movimiento feminista y de mujeres, tenemos que continuar luchando por el acceso a un aborto seguro, gratuito, universal y legal de todas las mujeres, sin excepción. Pero también, para acabar con el negocio de la sanidad privada, que como hemos visto en esta pandemia, saca beneficio de las situaciones más críticas, mientras que la sanidad pública acarrea los años de recortes y políticas neoliberales de los diferentes gobiernos de la Generalitat.
