Como si de una pesadilla se tratara, la Ley de “Protección” al Empleo sólo ha traído complicaciones para el conjunto de las familias trabajadoras. Sin embargo, hoy el sector empresarial discute nuevas iniciativas para hacerla aún más a su imagen y semejanza.
Sábado 9 de mayo de 2020
Gran polémica ha generado la mal llamada “Ley de Protección del Empleo” –que desde La Izquierda Diario hemos denunciado como una ley que en vez de protegerlo más bien lo destruye-. Sin embargo, esta situación se ha acrecentado en las últimas horas debido a las modificaciones que le ha realizado el Congreso a partir de casos como Cencosud y Starbucks al evitar acogerse a la ley y despedir abiertamente.
Así mismo lo indicó Jaime Salinas, director de Salinas Toledo, quien afirmó que “la restricción de materia de dividendos restringe la utilización de la ley sin duda, y ello puede implicar que varias empresas, frente a esta prohibición, no se acojan a la ley y terminen despidiendo a trabajadores derechamente”.
Sin embargo, y algo que es destacado como positivo por parte de Salinas a su vez, es que ahora las empresas de trabajos esenciales tienen la facilidad de suspender contratos a la cantidad de trabajadores que consideren prescindibles para mantener a una minoría haciendo el trabajo de la mayoría por el mismo sueldo. Es decir, un nuevo ataque directo hacia la juventud trabajadora, que se encuentra ocupando los puestos más precarios.
Frente a esto, diarios como el Diario Financiero se cuestionan si quedó mejor o peor. Sin embargo, consideramos que la pregunta no se trata de si lo que se quiere es poner el énfasis en la calidad de vida de las personas y no las ganancias empresariales. El debate no es cómo maquillamos una ley que tiene en la más completa incertidumbre a decenas de miles de familias que se encuentran con sus sueldos suspendidos y que han debido retirar sus ahorros previsionales para subsistir, cuando a nivel internacional todos los analistas alertan una situación de depresión y crisis económica de un largo aliento. En definitiva es una facilidad para que los empresarios no paguen los sueldos ahora, las familias gasten sus ahorros, y cuando aumenten los despidos se queden sin reservas de dinero para paliar la crisis que se avecina.
La respuesta frente a este cuestionamiento debe ser la de la derogación completa de Ley de Protección del Empleo, que de protección sólo tiene el nombre. Es cosa de preguntarle a las personas que han quedado sin su fuente principal de ingresos en medio de la pandemia y cuarentena. La respuesta debe ser la de una ley para enfrentar la crisis de conjunto, que parta de la base de prohibir absolutamente todos los despidos, que no se toque un peso de los sueldos de los trabajadores, y que se provea de licencias laborales pagas a todas las personas que pertenezcan a trabajos no esenciales para el momento.
Algunos dicen que la modificación tiene un punto positivo que es que no permite el despido de mujeres embarazadas. Pero, si acaso existiese una ley que prohíba todos los despidos ¿serían despedidas las personas embarazadas? La pregunta no requiere respuesta.
Ahora, muchos preguntarán que cómo se financia esto. La respuesta es simple. Mientras familias enteras se enfrentan al hambre, al contagio y a la muerte de familiares por COVID-19, hay un puñado de chilenos que atesora una cantidad inimaginable de riquezas. Entre ellos Sebastián Piñera. Debemos aplicar un impuesto progresivo hacia ellos, comenzando con un 20% para financiar todo lo que se requiera para que no sean los más pobres ni las familias trabajadoras quienes se vean entre la espada y la pared del hambre y el contagio.
Situaciones radicales requieren de medidas radicales. Y ha llegado el momento de exigir todas estas medidas, así como la nacionalización de la banca, para que de esta forma el dinero del país no se escape y tome un vuelo al bolsillo de empresarios internacionales mientras el pueblo chileno se enfrenta a cifras de desempleo y suspensiones de contrato que sólo suben y suben.
Una respuesta de estas características, a la par de un sistema de créditos accesibles para las familias que tienen sus propios negocios y para los pequeños comerciantes, provisto por la nacionalización de la banca y el comercio exterior, nos permitiría avanzar a que la crisis no la paguemos nosotros, los mismos que salimos a la calle durante el estallido social, sino que sean quienes han vivido a costa del trabajo de todo un pueblo.
