Ajuste a jubilaciones. En Córdoba el peronismo avanzó sobre las jubilaciones en la Legislatura

En una Legislatura saturada de policías, incluyendo los llamados grupos tácticos, se aprobó el proyecto enviado por el gobernador Schiaretti. Para aprobarlo, solo contó con los votos de la mayoría de los legisladores del oficialismo. No fueron acompañados por ningún otro bloque.

El principal objetivo de la nueva ley es recortar la fórmula sobre la cual se liquidan los haberes de los jubilados provinciales, ahora será del 67%, 15 puntos por debajo del 82% móvil, que es la consigna histórica del movimiento obrero en nuestro país.

Dentro de los votos en contra, se encuentra el de José Pihen, que a la vez es Secretario General del Sindicato de Empleados Públicos y de la denominada CGT Regional. Cabe resaltar que tuvo una intervención cobarde, ya que se limitó a presentar sus fundamentos del voto por escrito, los mismos no son más que una tibia declaración de 16 gremios estatales.

A su vez, el legislador del Movimiento Evita, por un lado, y otros 10 legisladores provenientes del delasotismo (devenidos en "albertistas"), que conforman un sub bloque dentro del oficialismo, acompañaron sin siquiera abrir la boca o explicar su posición. Se abstuvo el legislador del PS, que integra el bloque peronista.

Soledad Díaz del FIT y Luciana Echeverria del MST, realizaron una defensa de los trabajadores y desplegaron puntos del programa del Frente de Izquierda como alternativa al recorte a las jubilaciones por parte del Gobierno. También denunciaron que la sesión se realizó en momentos que se atemoriza a la población y se limita el derecho a la justa protesta.

Cambiemos, que había acompañado la reforma que pactaron Macri y Schiaretti en 2015, quiso ubicarse esta vez del lado de los y las jubiladas, claro que es un discurso poco creíble, ya que tienen una larga trayectoria en recorte a sueldos y jubilaciones.

La concejala del Frente de Izquierda, y legisladora mandato cumplido por la misma fuerza, Laura Vilches, señaló: “No es la primera vez que el PJ de Córdoba hace esto. Ya De la Sota atacó los haberes jubilatorios con el diferimiento del pago, y luego Schiaretti modificando el cálculo. La armonización de la Caja, que es lo que exigieron todos los gobiernos, avanzó bajo el kirchnerismo y el macrismo, y si no se pudo llevar hasta el final, fue por la resistencia de la clase trabajadora. Ahora, con la excusa de la pandemia y el déficit provincial, avanzan sobre esta conquista con una ciudad que tiene no sólo a los trabajadores en cuarentena, sino un despliegue policial pocas veces visto".

En tanto, la legisladora electa por el FIT, Noel Argañaraz, señaló: “Es nefasto, mientras no tocan un peso de los subsidios que siguen manteniendo a las multinacionales, los sojeros o la Iglesia, se la agarran con nuestros viejos. Son miserables. Si el déficit es como dicen, no es por lo que perciben los jubilados, sino por la cantidad de negociados y beneficios a empresarios que se hicieron con la plata de los trabajadores, por eso proponemos que la caja vuelva a estar en manos de las y los trabajadores. Consideramos que las conducciones sindicales se tienen que poner a la cabeza urgente de una lucha para enfrentar este ajuste que comenzó quitando los Planes Primer Empleo a miles de jóvenes, y continuó con el ataque de frente a los empleados municipales. Vienen por todas las conquistas de la clase trabajadora en la provincia".

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El mensaje que fundamenta la Ley es cuasi mafioso, es amenazador, expresa: “Podrían haberse adoptado medidas tales como el diferimiento de la movilidad que estableció la Ley 10.078, la prolongación generalizada de las edades de retiro, o lisa y llanamente limitar el haber jubilatorio al setenta y cinco por ciento (75%) de la base remunerativa, tal como lo establecen otros regímenes previsionales”.

El Gobierno difundió comunicados de prensa que son, por lo menos confusos, cuando directamente no tienen mentiras directas y llanas. Si bien, en la ley queda explícito que ningún jubilado podrá cobrar menos que lo que cobro con el último recibo, en pocos meses el ajuste pegará de lleno, ya que empiezan a correr las nuevas formas de cálculo del haber. A continuación, llevamos a los lectores algunos de los principales puntos del recorte.

Desde 2015 se calcula el 82% móvil del 89% del salario del empleado activo, esto fue un recorte del 9% y llevo el cálculo al 73% “móvil”. El 82% que se calcula ahora es sobre el salario bruto, pero sacando los aportes patronales.

Por otro lado, se avanza en la “armonización” de la caja provincial con la nacional. El cálculo del porcentaje en la actualidad (82, 73 o 67) se hace sobre los últimos 4 de años de servicios. Ahora el promedio es el mismo que hace ANSES, sobre los últimos 10 años, con lo cual hay una enorme caída con el correr de los meses.

Los empleados estatales, en algunas reparticiones tienen distintos ítems que son parte del salario y se dejan de contabilizar. Como por ejemplo los faltantes de caja de los bancarios, las comisiones de la policía fiscal, los premios de empleados de Casino, o la bonificación anual por eficiencia de los empleados de la empresa de energía. También involucraría el refrigerio de los empleados municipales, y queda por ver si esto no incluye otros ítem como el pago del título universitario u otros que no son parte del básico.

El gobierno de @JSchiaretti se prepara para votar un ataque a los trabajadoras y trabajadores pasivos. ProPatronal hasta la médula lo escuchamos muchas veces defender "al campo" a "la industria", pero no a los jubilados. Antes de tocar las ganancias capitalistas, todo.

— Laura Vilches (@VilchesLaura) May 20, 2020

Los aumentos de las jubilaciones dejarán de ser automáticos cuando se materialicen los aumentos a los empleados activos. A partir de ahora se harán dos meses después. Recordemos que en 2015, se aprobó la reforma jubilatoria con la excusa que terminaba el diferimiento en los aumentos.

Los aportes personales de los estatales hoy son del 18% del sueldo, los patronales el 20%. Con la nueva ley continúa quedando a discreción del Poder Ejecutivo, con “acuerdo” del legislativo, la facultad de modificar aportes. Sin embargo, esto ahora viene recargado (art. 5º) porque el Ejecutivo, es decir el Gobernador, quedó habilitado a determinar las alícuotas de ambos aportes en función de los requerimientos presupuestarios y de la política remunerativa y previsional que se fije. Es equivalente a la suma del poder, ya que vimos de nuevo como es que el Gobierno busca acuerdos con la Legislatura.

Esto va de la mano de la liquidación del “Fondo complementario” creado en 2002, por un acuerdo de De la Sota y Duhalde, que elevaba el aporte del 11% al 18% con la condición de mantener el 82% móvil.

También se elimina como fuente de financiamiento las “rentas provenientes de inversiones”. Es sabido que el Gobierno de Córdoba es, a través de la Agencia de Inversión y Financiamiento, así como del banco provincial, un gran jugador de distintas bicicletas financieras. Al no haber comisiones ni tampoco haberse tratado en el debate, quedará la duda de por qué esta vuelta atrás.

Son excluidas expresamente, quedando para una futura ley, el personal de salas cunas y guarderías maternales. Las salas cunas se cuentan de a centenares en toda la provincia. El Gobierno se cuida bien de no crear vínculos laborales con personas que mantiene en condiciones de precariedad absoluta.

Acá excelente explicación de lo que significa este recorte para los jubiladxs por parte de mi compañero del PTS-FIT, @NoeSilbestein , delegado departamental de la oposición en UEPC. 👇 pic.twitter.com/WrFMK7AWIC

— Laura Vilches (@VilchesLaura) May 20, 2020

Otro frente es el de las pensiones, ahora pasa a ser del 75% de la jubilación, al 70%, es decir un 5% más que se suma al resto de los recortes.

Quienes tengan dos ingresos, ya sea jubilación o pensión, o por haber aportado a la caja por dos vías y cobren más de 68 mil pesos, tendrán un recorte del 20%. Eso sí, el recorte es “solidario”.

El aumento de la edad jubilatoria lo buscan meter por la ventana, la llamada “Jubilación por edad avanzada”, se eleva de 65 a 70 años. No se verifica tampoco ninguna excepción a personal de salud o docentes como se apresuró a aclarar el Gobierno provincial.

El poder para determinar alícuotas en función de los requerimientos presupuestarios conferidos en este nuevo texto legal, debe leerse como la trampa en la que quedan atrapados el conjunto de los trabajadores del Estado provincial.