Tras una intolerante marcha de grupos religiosos, la Asamblea Nacional realizó cambios en el borrador de la normativa contra la Violencia de Género. El Estado “laico” y las fuerzas burguesas dan lugar a los pedidos de la curia ecuatoriana.
Domingo 22 de octubre de 2017 08:09
Foto: Ecuavisa
La Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional presentó esta semana un nuevo proyecto de Ley de Erradicación de Violencia de Género, que modifica al original y descarta el enfoque de género. La Iglesia católica y otros grupos religiosos lograron su objetivo y consumaron un nuevo ataque contra las mujeres y la diversidad sexual.
El documento eliminó los artículos sobre la autodeterminación de la identidad, orientación sexual y género. Por el contrario, presenta una concepción biológica de la mujer, que no extiende la protección a la comunidad LGTBI, también víctima de la violencia machista. Igual postura con la que la Iglesia organizó una retrógrada marcha el sábado pasado.
Con un discurso de odio e intolerancia, la movilización #ConMisHijosNoTeMetas se manifestó también contra el nuevo Código Orgánico de Salud, que plantea la distribución gratuita de anticonceptivos y preservativos. Además, rechazaron la inclusión de la educación sexual en las escuelas desde una concepción diversa de familia.
La legisladora de Alianza PAÍS y miembro por la mayoría en la comisión redactora, Mónica Alemán, afirmó que las modificaciones no tienen relación con las presiones de la Iglesia. “El objetivo es enfatizar que el sujeto de derecho es la mujer”, explicó.
Por el partido opositor Creo-SUMA, el asambleísta Sebastián Palacios coincidió con las variaciones en el proyecto y señaló que "el espíritu de la ley es erradicar la violencia, y no los detalles sobre la concepción de mujer”. Si se trata de complacer al obispado, no hay diferencias entre ambos sectores burgueses.
Desde la Coalición de Mujeres, organización que participa en el debate de la nueva ley, expusieron su desacuerdo con las modificaciones. “El sujeto de derecho debe ser la mujer de todas las edades y diversidades, incluyendo indígenas, migrantes, refugiadas, rurales y también las de diversidad sexual”, indicó su representante Rocío Rosero.
El Comité de los Derechos del Niño de la ONU expuso a fines de septiembre su preocupación sobre la restrictiva normativa ecuatoriana para casos de aborto, la prevalencia de la violencia de género, y la falta de acceso a métodos anticonceptivos. Incluso, la Constitución de 2008 exhorta al Estado a incorporar el enfoque de género en sus programas y políticas públicas.
El presidente Lenín Moreno quiere que su ley contra el machismo esté aprobada para el 25 de noviembre, en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Pero no se pronunció hasta el momento ni ante el discurso de los grupos religiosos, ni ante el avance del lobby clerical en la Asamblea.
¿Estado laico?
Antes de la marcha religiosa del sábado 14, un grupo de activistas LGTBI presentó un recurso de amparo contra miembros de la Conferencia Episcopal y de la Agrupación Vida y Familia. El objetivo era evitar que se realice la movilización, al argumentar que promovía el odio y la discriminación.
Pero el Tribunal de Garantías Penales de Quito demoró su intervención, y recién citó a los líderes de estos grupos religiosos el pasado jueves. En esa audiencia, no aceptaron las cautelares planteadas por considerarlas extemporáneas, debido a que ya se había realizado la manifestación.
Foto: La periódica
Ante el plantón de protesta convocado por el colectivo Vivas Nos Queremos y movimientos LGTBI, el Tribunal decidió dar lugar al pedido de acción de protección e invocar otra audiencia para el próximo miércoles. Allí tendrá que expedirse sobre la divulgación de mensajes intolerantes en las redes sociales.
Mientras tanto, los grandes medios de comunicación difunden sin límites las posturas eclesiásticas, dándoles voz y espacio a los grupos conservadores. Con la defensa de una supuesta “familia natural”, continúan con su campaña de ataques a la comunidad LGTBI y las organizaciones feministas.
La justicia no actuó de oficio ante los evidentes mensajes de odio. La Superintendencia de Comunicación también calla, a pesar de la celeridad que muestra a la hora de sancionar a medios opositores con la punitiva Ley de Comunicación en mano.
La expectativa que genera la normativa contra la violencia de género y el Código de Salud provoca temblores en los grupos religiosos. Pero para el Estado supuestamente laico, la protección de las mujeres y de la comunidad LGTBI no está entre las prioridades.
