Al calor del ‘Estado de emergencia’, la islamofobia y la mayor represión policial, ser joven, pobre y extranjero es motivo suficiente para que la policía te detenga.
Miércoles 9 de marzo de 2016
El jueves 25 de febrero, el sitio de información Mediapart revelaba las sorprendentes justificaciones de un funcionario judicial legitimando un recurso de Casación contra unas jóvenes víctimas del control policial por portación de rostro, que anteriormente habían logrado condenar al Estado. A través de estas declaraciones, el Estado reconoce oficialmente, por primera vez, que el control según el rostro -el cual tiene como objetivo las poblaciones más vulnerables-, es un acto deliberado.
El 24 de junio del 2015 el estado es condenado por “falta grave” en casos de control de identidad
Los hechos se remontan a 2011. Algunos jóvenes negros y árabes sufrieron controles de identidad abusivos a causa de su origen étnico. El motivo de la detención de estos jóvenes estaba colmado de prejuicios racistas: tres de ellos, de origen africano y norafricano, fueron detenidos por la policía en diciembre de 2011 por portación de rostro, los otros dos fueron detenidos en un local de comida rápida de Villeurbanne en octubre de 2011 porque su actitud hacía suponer que tenían drogas. Otros ocho, porque solamente estaban en una “zona peligrosa”, es decir en los suburbios. Lo que vemos es, origen extranjero, supuesto tráfico de estupefacientes, grupos de jóvenes que se reúnen en los suburbios, son los pretextos recurrentes y trillados que el Estado y su policía utilizan para detenerlos.
Entre las denuncias efectuadas, las que conciernen a los cinco primeros jóvenes, terminaron en una condena contra el Estado. El 24 de junio de 2015, casi cuatro años después de los hechos, el Estado fue sancionado por “falta grave” en los casos de control de identidad que resultaron, de hecho, en control por portación de rostro. Los demandantes, todos jóvenes estudiantes o asalariados, sin causas judiciales, no han sido detenidos por otra razón que no fuera un criterio racista. La Corte de apelación de París reconoce ahora el carácter discriminatorio e injustificado de estas detenciones, a menudo llevadas a cabo de forma violenta y degradante.
Mientras que el Estado apela en Casación sobre este asunto, Madiapart proporcionó un memorándum a la Corte en el cual afirma claramente que los controles por portación de rostro están plenamente justificados.
Controlar “la población que parezca extranjera”
Mientras que la lucha contra el control por portación de rostro figuraba en la lista de promesas de campaña de François Hollande en 2012, es bajo su mandato que, por primera vez en Francia, un asunto de control de identidad lleva a que el Estado sea condenado. No solamente los tímidos avances en este terreno (las condenas al Estado) han sido barridos por Manuel Valls, primer Ministro de Francia desde 2014, sino que este último logró un recurso en Casación a pesar de la oposición del ministerio de Justicia.
El intento de legitimar este recurso en lo más alto de la jurisdicción del país, a la cual se entrega el Estado, testimonia el grado de ceguera sobre la cuestión. De hecho, después del memorándum, el Estado reconoce que, en el marco de las investigaciones sobre los extranjeros, es totalmente legítimo detener prioritariamente a “la población que parezca extranjera”. En este caso, los negros y los árabes.
Es así que el derecho a no ser discriminado se detiene, en Francia, exactamente donde comienza el control de la identidad. Como lo subraya Maitre Slim Ben Achour, uno de los abogados de los demandantes, “hay claramente una sospecha de ausencia de nacionalidad francesa.”
Poniendo en evidencia una realidad bien conocida en los barrios y en las poblaciones que son objeto de racismo, el recurso en Casación ilustra el avance de un gobierno del que nadie desconoce su naturaleza, cada vez más lepenizada [por el Frente Nacional de Marine Le Pen] y reaccionaria.
Traducción: Matthias Flammenman
