A TRES AÑOS. En La Plata hay pocas obras y mucha bronca

Muchas personas aún tienen en sus casas la marca del agua en las paredes, cerca de los dos metros. Muchas otras no pueden dejar de llorar a sus familiares y amigos fallecidos aquellos días de comienzos de abril de 2013. Y muchas más no dejan de esperar algo que parece que nunca va a llegar.

Las obras hidráulicas y de urbanismo necesarias para evitar o al menos mitigar los efectos de una catástrofe parecida (o incluso mayor) a la ocurrida hace tres años, siguen sin ser realizadas en su gran mayoría.

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Esta semana organizaciones de vecinos inundados de la Ciudad de La Plata dieron a conocer un informe sobre “el avance real de las obras en ejecución en la zona, frente a la incompleta y parcial información que brindan el Poder Ejecutivo provincial y la Comisión Bicameral de Seguimiento creada por la Ley 14.527”. El informe está actualizado a febrero último, es decir que el cuestionamiento es para el gobierno anterior de Daniel Scioli pero también para el de María Eugenia Vidal.

Las asambleas de vecinos afirman que de 65 obras hidráulicas (entre canalizaciones y puentes) anunciadas tras la inundación por los gobiernos provincial y municipal, sólo se terminaron a la fecha 7 y hay 15 “en ejecución”. La suma de ambos lotes representa solo un 33 % del total. Las 43 obras restantes están frenadas por diversas razones e incluso hay 19 que ni siquiera fueron licitadas.

Como el plazo de finalización de las obras estaba estipulado para fines de 2016, los vecinos denuncian que a “esta altura del cronograma las obras registran un atraso del 40%”. Incluso denuncian que oficialmente hoy se habla de 7 obras finalizadas, pero “en el informe anterior del Ministerio de Infraestructura eran 9”.

Peor aún es la situación de otras obras que iban a realizarse y están en un 0 % de ejecución. Es el caso del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) para detectar con tiempo las posibles inundaciones y de las modificaciones al Código de Ordenamiento Urbano (COU) para contrarrestar la voracidad de las constructoras e inmobiliarias.

En el caso del SAT, el 9 de octubre de 2013 el intendente Pablo Bruera firmó un convenio con la Universidad Nacional de La Plata. El Municipio se comprometía a comprar sensores y equipos de comunicación por unos $ 600 mil. Ese instrumental se enlazaría con una central que procesaría los datos y permitiría predecir lo que ocurrirá en cada cuadra con dos horas de anticipación. Ni Bruera ni el nuevo intendente Julio Garro compraron, hasta el momento, un solo sensor.

Respecto al COU, en junio de 2013 la Municipalidad asumió el compromiso (incluso ante el
Programa de Reducción de Riesgos de Desastres de la ONU) de cambiar artículos y cláusulas del Código por el cual el “boom inmobiliario” produjo que desde hace más de una década La Plata se transformara en una gran olla a cielo abierto, sin drenajes mínimos ante lluvias regulares. En este caso ni el Frente para la Victoria, ni el PRO, ni el radicalismo ni ninguna otra fuerza política proempresarial hicieron nada para producir esos cambios.

Las organizaciones de vecinos afirman también que “siguen avanzando los barrios privados en los lugares más bajos incluso contra lo que autoriza el propio Código de Ordenamiento Urbano”.

Respecto de la construcción de viviendas para los damnificados y de relocalización de quienes viven a la vera de los arroyos de La Plata, los vecinos dicen que “no se ha cumplido hasta el presente con el cronograma de entregas que se había anunciado en su momento. La finalización de las viviendas en las que se relocalizarán familias que hoy están a la vera del Arroyo Del Gato es un paso imprescindible para continuar con las obras de canalización en la cuenca baja de dicho curso.
Hoy, a más de 2 años de iniciada la construcción de viviendas, no se ha entregado una sola
de las definitivas, y solo se entregaron unas 70 transitorias”. Todo dicho.

La excandidata a intendente de La Plata por el Frente de Izquierda, Luana Simioni, dijo a La Izquierda Diario que el desastre de 2013, incluyendo las 89 víctimas fatales contabilizadas oficialmente hasta el momento, fue producto “por un lado, de un diseño de ciudad funcional a los intereses de los grandes especuladores inmobiliarios de la región. Y por otro lado de la desidia de los funcionarios que no realizaron las obras necesarias”. Y agregó que esos mismos funcionarios “durante la inundación tampoco se preocuparon por implementar un plan de contingencia para que los vecinos enfrenten la situación. Ese plan de contingencia tampoco está hoy”.

Con ese informe sobre las obras ausentes, ayer los vecinos de La Plata volvieron a movilizarse en La Plata. “Lo único que vimos moverse en estos años fue a los propios afectados y a los familiares de las víctimas, que en el curso de estos tres años realizaron innumerables acciones exigiendo obras, justicia y que se impute y juzgue a los responsables políticos”, dijo Simioni, quien fue una de las afectadas directas de la inundación. “Por eso a tres años del crimen social del 2 y 3 de abril de 2013, el PTS en el Frente de Izquierda volvió a ser parte de la movilización convocada por las asambleas de inundados y los familiares de las víctimas”, sentenció la dirigentes del PTS.