Contaminación. En La Plata llueven agrotóxicos

Un estudio del Centro de Investigaciones en Medioambiente de la UNLP (CIM), a nivel regional demostró que cuando llueve en el centro de la ciudad de La Plata, cae glifosato y otros herbicidas, asociados a la gota de lluvia.

Expertos del CIM encontraron hasta 8 miligramos de glifosato por kilo, en los sedimentos de fondo de los distintos ríos y arroyos que desembocan en el Paraná, una concentración de glifosato en el fondo de los ríos entre 2 y 4 veces superior al que se encuentra en promedio en un suelo cultivado con soja.

Además de caer en forma de lluvia, el glifosato (herbicida desarrollado para eliminar hierbas y arbustos) también lo podemos encontrar en el algodón, en gasas, peces, en las lagunas bonaerenses, y en distintos alimentos que consumimos. Básicamente en todo nuestro sistema ambiental.

En Argentina existe una exposición continua y sostenida a este compuesto y a otros plaguicidas. Existen relevamientos en niños de zonas fumigadas donde se ha demostrado el daño genético, el que ha sido asociado con la exposición a estos agroquímicos.

Lamentablemente, Argentina ocupa el primer puesto en cantidad de uso de plaguicidas (10 litros por habitante cada año). Entraron 1000 millones de litros de glifosato en los últimos 10 años. Se pasó de 15 litros de glifosato por hectárea al año, a alrededor de 40 por hectárea, en el caso del algodón. Al aminorar el efecto por la resistencia que van generando las diversas especies, las dosis fueron en aumento.

El glifosato es un contaminante pseudo persistente en suelos, pero la mayoría de los plaguicidas son sustancias volátiles que contaminan aire, suelo, agua y alimentos. La migración por aire y agua produce la exposición de gran parte de la población independientemente de su ubicación, como ocurre por ejemplo en las localidades de Lisandro Olmos, Melchor Romero, Abasto o Villa Elisa.

Además se encontraron agrotóxicos en los arroyos de la región, como el arroyo Rodríguez, o El Gato.

La exposición ambiental provoca cuadros crónicos específicos donde se observa afectación neurológica, inmunológica, reproductiva y hematológica. El Centro de Toxicología del H.I.A.E.P. “Sor María Ludovica” de La Plata recibe alrededor de 1500 consultas anuales por patologías relacionadas a los plaguicidas.

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Llueve sobre mojado

El glifosato y otros agrotóxicos están en todas partes, pero para rastrear la causa de esta situación insólita y sus responsables políticos tenemos que comenzar primero remarcando la importancia que tiene el cordón hortícola de La Plata, que es el más grande del país y abastece al principal centro de consumo de la Argentina (CABA y AMBA), de casi 12 millones de personas.

Esta importante zona se ubica en un espacio rural extendido que comprende el periurbano sur de la región metropolitana de Buenos Aires, y cuenta con la producción de diversas variedades: desde la horticultura y fruticultura, hasta la producción de ganadería bovina, avícola y porcina, entre otras.

¿Quiénes poseen las tierras para producir?

Ya en los 70 y 80 las áreas productivas cercanas a las ciudades estaban a cargo de migrantes portugueses, italianos y japoneses.

Esto cambió recién en los años 90, después de la llamada "revolución verde" y el ingreso de los paquetes tecnológicos, donde comenzaron a predominar en su mayoría agricultores familiares de origen boliviano, que producían con grandes demandas y altos costos de insumos y tecnologías.

A esto se le agrega el bajo acceso al crédito y un vínculo inestable con la tierra mediante arrendamiento, aparcería o mediería. La forma de tenencia que predomina es el arrendamiento por parte de pequeños productores y surge el problema en relación a los diferentes costos de alquiler en todo el cordón hortícola platense, dejando en evidencia la disparidad en el valor de los arrendamientos rurales.
Además la comercialización de los productos se realiza en mercados muy concentrados, donde la distribución y formación de precios queda en manos de intermediarios que compran a los productores a un precio muy por debajo del que luego venden.

Ellos son los que se benefician, junto al negocio inmobiliario y de venta de insumos, dejando a las familias agrícolas de la zona viviendo en condiciones de extrema pobreza y con niveles altos de explotación y precariedad.

Se puede ver así cómo el mercado inmobiliario impone los precios de la tierra, y el mercado alimenticio el precio de los alimentos, todo con la complicidad del Estado.
Esta situación se agrava aún más frente a la extensión del área urbana, debido a la falta de vivienda, sobre el cordón hortícola.

El gobierno local, para intentar frenar esto, en el 2000 declaró al cinturón verde como área protegida. Pero continuó todo igual. No fue efectivamente un área exclusiva para la producción agropecuaria, porque además de no delimitarlo, el gobierno no implementó ningún tipo de política para reordenar territorialmente y conservar ese espacio para la producción de alimentos. Es decir, los suelos agrícolas intensivos van cediendo lugar a la ocupación relacionada con el uso residencial, recreativo o industrial, en detrimento de la actividad agropecuaria.

En resumen, el modelo productivo del cordón hortícola está centrado en el uso de invernáculos y agroquímicos, sin consideraciones ecológicas, porque privilegian y atienden exigencias del mercado y de empresas inmobiliarias para aumentar la producción.

Pero el uso de agrotóxicos se extiende en toda la provincia de Buenos Aires, debido a la extensión de la frontera sojera concentrada en grandes empresas, donde el uso de semillas transgénicas se combina con el cada vez mayor uso de herbicidas y plaguicidas altamente tóxicos para el suelo, el agua, el aire y la salud de los habitantes. La producción entonces, lejos de estar basada en la necesidad de alimentar al pueblo trabajador de manera sana, busca llenar los bolsillos de unos pocos empresarios.

Recordemos que los empresarios de la tierra metidos en el agronegocio, batieron récord de ganancias como nunca en su historia durante la pandemia. Y mucho de esos dólares el gobierno lo usó para pagar la deuda. Un negocio redondo con millones de perdedores, y un puñado de grandes ganadores.

La respuesta se empieza a ver en las calles

Frente a este problema que crece en toda la provincia, al igual que otras problemáticas ambientales es que se organizó para este viernes 22 de octubre a las 10 hs., una movilización provincial que partirá de Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS) frente a Plaza Moreno de la ciudad de La Plata, para terminar en Gobernación donde se presentará una carta al Gobernador Kicillof, exigiendo que se termine con las políticas extractivistas en la provincia y de favorecer a los empresarios del agro que nos envenenan con los agrotóxicos que utilizan.

Es que la única “política verde” que tienen tanto Gobierno provincial de Kicillof, cómo el municipal de Juntos, es la de recaudar dólares para pagar la deuda ilegítima e ilegal con el FMI y demás organismos financieros. Por eso es que dejan pasar las atrocidades que llevan adelante estas grandes empresas afectando el ambiente y la salud de vecinos y trabajadores, beneficiando sus propios negocios y siendo cómplices del daño ambiental que provocan.

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Para poder resolver el problema de los agrotóxicos en nuestros alimentos y el de la tenencia de la tierra, que es un límite por la especulación inmobiliaria y la concentración en pocas manos para hacer negocios, se debería expropiar y diversificar el complejo agroalimentario y repartir las tierras a los pequeños productores, además de prohibir el glifosato e ir eliminando progresivamente el uso de todos los agrotóxicos, para evitar la contaminación del ambiente y de nuestra salud.

Además se debería invertir en desarrollar métodos alternativos como la agroecología. En el cinturón verde hay productores que adoptaron este modelo pero aún son una minoría cercada por el negocio de la alimentación y los grandes productores.
Desde el Frente de Izquierda Unidad apostamos a alcanzar una verdadera soberanía alimentaria afectando las ganancias de los poderosos y desestimando la deuda usuraria con el FMI para favorecer a los pequeños productores agroecológicos.