En México son asesinadas en promedio 27 niñas por mes. Además, las adolescentes de entre 15 y 17 años tienen 36% de probabilidades de ser asesinadas y 30% de ser víctimas de desaparición forzada.
Nancy Cázares @nancynan.cazares
Lunes 29 de noviembre de 2021 19:00
Reuters/Toya Sarno
Quince años de "guerra" y militarización del país; misoginia y no reconocimiento de los derechos de las infancias; políticas públicas que demuestran que los derechos de mujeres y niñas no son prioritarios. Estos son los tres principales elementos que influyen en el incremento de la violencia en contra de niñas y adolescentes en nuestro país, según la Red por los Derechos de la Infancia, citados por El Universal en un artículo que da cuenta de una situación aberrante: en México, un promedio de 27 niñas son asesinadas al mes.
A pesar del subregistro, las cifras son alarmantes
Entre 2015 y 2020, 700 menores fueron encontradas asesinadas en la vía pública, mientras que 558 en sus propias viviendas. Mil 962 niñas y adolescentes entre cero y 17 años fueron asesinadas en nuestro país. De acuerdo a las cifras del INEGI analizadas por El Universal, 2018 fue el año más violento con 367 asesinatos de niñas registrados. Organizaciones de DDHH sostienen que las cifras deben considerar el alto nivel de subregistro de estos crímenes, ya sea por falta de denuncia o porque las legislaciones locales desestiman estos casos.
En México, las mujeres de entre 15 y 17 años tienen 36% de probabilidades de ser asesinadas y 30% de ser víctimas de desaparición forzada. Las menores de entre cero y dos años, así como las de entre 13 y 17 son en particular vulnerables. Contra las víctimas más pequeñas, los métodos de asesinato registrados son más crueles y deshumanizantes, expresión de descomposición y misoginia exacerbadas.
A pesar de los discursos a favor de los derechos de las mujeres enarbolados por la 4T, en distintas entidades la violencia contra las niñas no ha hecho sino incrementar. Tal es el caso de Zacatecas, Veracruz y Guanajuato. En este último estado, los asesinatos de menores de edad pasaron de los 9 a los 46 entre 2015 y 2020. El Estado de México, que concentra gran parte de estos crímenes a nivel nacional, es un ejemplo paradigmático de la combinación entre condiciones estructurales de violencia e impunidad.
La pandemia agudizó esta situación de violencia a nivel global y en México, el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, dio cuenta del aumento de llamadas de emergencia por casos de violencia contra las mujeres (45.8% más). La Red Nacional de Refugios reportó también un aumento de 81% en los casos atendidos. El feminicidio aumentó 7.7% según cifras del gobierno, asimismo aumentaron las órdenes de protección en un 8.4%.
Entre las consecuencias más funestas de esta violencia en contra de menores, ONU Mujeres y el Colegio de México registraron en su informe de resultados "Violencia contra las mujeres y las niñas en el contexto del confinamiento por la pandemia de covid-19 en México. Estudio cualitativo", que la violencia sexual fue uno de estos flagelos entre menores de 13-14 años.
Ser menor de edad (que en un sistema adultocéntrico implica no tener personalidad ni voz), ser pobre, migrante, indígena o trans se vuelve en una división más por relaciones asimétricas y opresión de las que despliega el capitalismo y, en un contexto de violencia y pérdida de derechos, constituye un aspecto que aumenta la vulnerabilidad y exposición a ésta.
El Estado es responsable
Al encontrarse dichos elementos en el marco de lo que compete garantizar al Estado, damos con una constante en los análisis sobre la naturaleza estructural de la violencia en contra de las mujeres: los feminicidios son producto de un entramado en donde juegan un papel importante tanto la impotencia de medidas adoptadas por el gobierno como la descomposición social, la militarización y los altos niveles de impunidad (que en México superan el 98%).
Vivienda, salud, educación, deporte, cultura, alimentación saludable, una vida libre de violencia son algunos de los derechos en los que el Estado mexicano mantiene una importante deuda con las infancias, deuda que sólo podrá ser saldada por la acción de millones en las calles que arranque para ellas estos derechos.
Como decimos aquí, sólo conquistando para la niñez y la juventud estos derechos es que podremos poner fin efectivamente a este sistema gobernado por ricos que construyen sus ganancias a costa de la vida de millones. Como dice Marx, "es preciso preservar a los niños y los jóvenes contra los efectos destructivos del sistema vigente". Para que la emancipación de la infancia no sea un "piadoso deseo" y sí fuerza motriz en el camino de emancipación de la humanidad.
