Según datos aportados por la Físcalía de Violencia y Corrupción Institucional, el 26,7% de las denuncias a policías se enmarcan en los apremios ilegales. Hay un promedio de cinco denuncias por día a esta fuerza por diversos ilícitos.
Miércoles 5 de diciembre de 2018 00:00
La nueva reglamentación para que las fuerzas de seguridad puedan disparar contra quienes sean considerados en huida o cometiendo presuntos delitos desató la polémica sobre el accionar de las fuerzas represivas.
El gobierno nacional afila el discurso y las políticas de mano dura, mientras que los datos que se dieron a conocer hoy hacen a un prontuario nefasto. Según informó Rosario3.com, las denuncias contra policías ascendieron a un promedio de 5,17 % en lo que va del año con respecto al 3,10% registrado en 2015 cuando se abrió la Físcalía de Violencia y Corrupción Institucional. Los datos oficiales arrojan que el 38,39% de los hechos denunciados en toda la regional Rosario es por incumplimiento de deberes de funcionario público. El 26,70 % se clasifican en apremios ilegales, y el resto se divide en amenazas, lesiones y allanamientos ilegales.
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En tanto, los niveles de violencia se recrudecen en el marco de la crisis social que se agrava día a día; la cantidad de homicidios dolosos en el Gran Rosario llegó a 162 en el segundo trimestre del año. Asimismo, la violencia institucional se intensifica, y los gobiernos fomentan un discurso que habilita la mano dura y las prácticas represivas y violatorias de los derechos humanos. Desde la Multisectorial Contra la Violencia Institucional denunciaron en agosto en la última marcha contra el gatillo fácil que cada 23 horas el Estado y sus fuerzas de seguridad se llevan la vida de algún pibe.
El referente de Cambiemos Federico Angelini dijo que su espacio está “dispuesto a ir con todo contra los delincuentes”, refrendando la medida del gobierno que virtualmente legaliza el gatillo fácil. El gobernador Miguel Lifschitz rechazó la implementación de la medida que se pretende extender a todo país y dijo "no necesitamos policías más violentas sino más inteligentes”.
Al cruce le salió el dirigente del PTS-FIT Octavio Crivaro quién apuntó al mandatario: “Creo que es una muestra de hipocresía. La Policía de Santa Fe encabeza el ranking de provincias con mayor casos de gatillo fácil y brutalidad policial"; además el referente del FIT refrendó la revocación presentada por los diputados Nicolás del Caño y Nathalia González Seligra para anular el decreto de Bullrich que “aumenta poder de fuego policial, que utilizarán para amedrentar aún más a la juventud en los barrios, y para reprimir más duramente la protesta social”, señaló Crivaro.
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La policía goza de la impunidad que le otorgan los gobiernos y la justicia, mientras los familiares de víctimas de gatillo fácil son emblema de lucha. En la provincia de Santa Fe, la violencia institucional tiene nombres propios: Franco Casco, Pichón Escobar, Jonatan Herrera, Carlos Godoy, Jonatan Ojeda, Brandon Cardoso, Alejandro Ponce, Maximiliano Zamudio, David Campos, Emanuel Medina, María de los Ángeles Paris, Alexis Berti, Michel Campero, Sergio Giglio, Iván Mafud, Cristian Ordóñez, los 7 jóvenes torturados en las 4 plazas, Elina Rivero, Gastón Fleitas o Juan Cruz Ferreyra.
