Los vecinos del barrio están movilizados y reclaman que se resitúe la planta y se restituya la plaza al entramado urbano.
Laura Borse Periodista | @lauraborse
Miércoles 30 de mayo de 2018 11:19
Fotografías: Laura Borse.
Desde principios de año que el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta viene realizando obras en un espacio que por ley debería ser una plaza, que hace años lo ha venido utilizando para otras funciones y que ahora quiere cambiarle la zonificación para instalar allí una planta recicladora. Los vecinos del barrio están movilizados y reclaman que se resitúe la planta y se restituya la plaza al entramado urbano. Aclaran que de ninguna manera se oponen al reciclaje y según sus consultas, los recicladores aceptarían sus propuestas de relocalización, ya que cumplen con los requisitos necesarios.
El pasado sábado 26 de mayo por la tarde los vecinos realizaron un festival en el barrio para alertar y reclamar por el espacio. El festival, llamado “La plaza que soñamos”, contó con una masiva asistencia y se centró en la idea de que los vecinos, a través de intervenciones artísticas, pudieran diseñar cómo les gustaría que sea el espacio en disputa. Participaron, entre otros, el grupo de percusión La Chilinga y músicos y artistas del colegio Esnaola, del polo educativo de Saavedra.
La cuadra en cuestión comprende las calles Holmberg, Deheza, Av. Parque Goyeneche y Arias, cuya zonificación actual es U34 (85 % espacio verde y 15 % equipamiento social y comunitario), y según los vecinos, “por ordenanza 50384 debería ser una plaza llamada ‘de las esculturas’”. Lo cierto es que desde enero y a través de medios masivos de difusión, se enteraron de que el Gobierno tiene otros planes para ese lugar. Próximamente, el GCBA deberá llamar a audiencia pública y luego necesitará 40 votos positivos para lograr el cambio de zonificación, que requiere del procedimiento de doble lectura para ser aprobado. Es decir, que debe garantizar “la participación informada de los sectores sociales, vecinos o entidades comunitarias que tengan intereses legítimos”, además de la “consulta a las entidades profesionales especializadas”.
Las plantas de reciclaje
En enero se difundió el proyecto de construcción de dos “nuevas plantas de separación mecánica y enfardado de reciclables con una capacidad de 10 toneladas por hora”, estableciendo que “esas instalaciones funcionarán en un sector de la 9 de Julio Sur y en General Paz y Holmberg”. Cada una de esas plantas cuesta unos 7 millones de dólares. Según el periódico barrial Comuna 12, en el caso de la construcción en Saavedra, se verificaba la “la falta de cartel de obra, de manera que se desconoce el plazo, la empresa contratista, las condiciones y el monto de la construcción”.
Saavedra es uno de los barrios que sufrió lo peor durante la inundación de abril de 2013, en la que murieron ocho personas, y tiene una larga tradición de vecinos movilizados y organizados para defender sus espacios verdes. Por eso, inmediatamente los vecinos realizaron asambleas y festivales, y paralelamente presentaron un pedido de informes a través de la legislatura. También asistieron a los encuentros vecinales que organizaron tanto Diego Santilli y Horacio Rodríguez Larreta para reclamar explicaciones y precisiones sobre los trabajos que comenzaron sin contar siquiera con cartelería de obra legal y reglamentaria.
Los vecinos reclaman que el barrio no puede perder más espacio absorbente y consideran que el funcionamiento de una planta de este tipo dentro del entramado urbano generará un constante circular de camiones y máquinas, afectando seriamente la calidad del aire y produciendo ruidos. Aclaran que de ninguna manera se oponen al reciclaje, sino que pretenden que el espacio que por ley es una plaza lo sea. Incluso han presentado otros lugares al Gobierno para relocalizar la planta, con las mismas características y que según sus consultas, los recicladores aceptarían ya que cumplen con los requisitos necesarios.
Ley de basura cero al tacho
A pesar del discurso “ciudad verde”, el 18 de abril pasado la Legislatura porteña aprobó una ley que permite la incineración de residuos urbanos. El PRO impuso su mayoría automática para votar positivamente por la quema de basura -que estaba prohibida desde el año 2007- bajo el eufemismo de “proceso de termovalorización”. Lo hizo gracias a los votos de Elisa Carrió y Margarita Stolbizer, en una sesión que contó con una fuerte presencia de colectivos sociales que se oponen al cambio de la ley. Ese mismo día, también se votó en primera lectura el cambio de zonificación de la plaza de Saavedra para instalar la planta recicladora.
Pocos días después, en una convocatoria liderada por la diputada de la ciudad Myriam Bregman (PTS-FIT) y el presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale, se difundieron documentos que demostraban la injerencia del Gobierno de la Ciudad para “acallar voces críticas” al proyecto de incineración, con una lista de periodistas y referentes de diversas ONG ambientalistas y recicladoras, a quienes se podía influenciar para que hablaran a favor de esta ley, incluso a cambio de pauta oficial.
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Si bien el Gobierno de la Ciudad habla maravillas de esta tecnología, lo cierto es que entidades ambientalistas y especialistas en la materia advierten de las graves consecuencias que esta tecnología causa en el ambiente y la salud. Desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) son concluyentes al respecto: “La incineración es una tecnología inadecuada, que además es una fuente de emisión pasible de generar gran cantidad de compuestos tóxicos para la salud, incluyendo varias sustancias consideradas como cancerígenas por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer”.
El reciclaje en una encrucijada
El ministro de Ambiente y Espacio Público, Eduardo Macchiavelli, dice que “en la actualidad hacemos un uso excesivo del plástico”, responsabilizando al usuario final de la basura producida y olvidando que son las empresas las que producen mercancías sin otro fin que el de generar ganancias y que luego no son obligadas a hacerse responsables de la basura que generan.
Mientras la Ciudad publicita el reciclaje, la incineración atenta directamente contra esa práctica: “La eliminación de basura por medio de su incineración compite de manera directa contra el reciclaje. Estas fuentes de trabajo y otras ligadas, que también genera la industria del reciclado, estarán en serio riesgo en la medida que deban competir con una”, indicó FARN.
Sumado a esto, voces expertas en la temática dan cuenta de que la incineración de la basura responde mayormente a un modelo de negocios y no es una solución para este problema. Según la periodista Magdalena Donoso, coordinadora de GAIA para América Latina y el Caribe, “Europa enfrenta hoy un mercado en crisis por la sobrecapacidad de los incineradores. Esta situación configura un escenario propicio donde la industria de la incineración ha visto en América Latina atractivos mercados para colocar su producto”.
En este sentido, el GCBA más que construir políticas públicas en consonancia con el cambio climático y el beneficio social, busca beneficiar con el negocio de la incineración a ciertos aliados y perjudicar otros intereses, pero de ninguna manera atentará contra la lógica capitalista de producir mercancías sin otro fin que la de generar ganancia sin ningún tipo de reconocimiento de los límites naturales del planeta.
