Referentes de distintos barrios y la Mesa Local de Barrios Populares se manifestaron frente al Poder Judicial, rechazando el fallo de culpabilidad a tres vecinos del Barrio Nueva Vida. Denuncian nuevas persecuciones.
Lunes 17 de mayo de 2021 15:30
A pedido de la fiscal Rodriguez Frandsen, la justicia provincial dictaminó culpabilidad a tres personas integrantes del nuevo asentamiento conocido como Nueva Vida. Si bien resta definir la condena por parte de la jueza Zagari, el fallo de culpabilidad por el delito de usurpación de terrenos privados es un castigo ejemplificador. Como dijeran hoy desde la Mesa Local de Barrio Populares, “la decisión de la jueza castiga a los pobres por serlo y los condena a seguir siéndolo”.
En una manifestación durante el día de hoy frente al Poder Judicial Provincial de la capital rionegrina, referentes de los barrios y nuevos asentamientos denunciaron que este fallo se da en un contexto donde alrededor de 5 mil familias carecen de vivienda o viven en condiciones de extrema precariedad habitacional en la ciudad. Serían alrededor de 20 mil personas, un tercio de toda la población viedmense. Esta situación es la que explica a su vez la existencia de alrededor de 30 barrios populares en la ciudad, que fueran producto de tomas y diversas recuperaciones de tierras en los últimos 30 años.
En el comunicado de prensa denuncian la persecución cotidiana de la policía, con personal de civil sin identificación fichando y haciendo control de personas incluso a miembros de los comedores populares. Esta política de criminalización de la pobreza es el revés de la complicidad del poder judicial y del gobierno provincial cuando se trata de las inmensas irregularidades de los grandes poseedores de tierras en la Patagonia, los Lewis, Benetton y otros terratenientes. A ellos los protegen, mientras se le niega el derecho a la tierra y la vivienda a la clase trabajadora y al pueblo mapuche.
Durante la conferencia de prensa en el Poder Judicial se exigió tierra y que se deje de criminalizar a todas las familias sin techo, exigiendo una política de planificación habitacional al gobierno, haciendo responsable al estado por estas demandas.
