El oficialismo local modificó la ordenanza que regula el Acceso a la Información Pública, restringiendo este derecho a quienes tengan un “derecho o interés legítimo” sobre ella.
Martes 27 de septiembre de 2016
A fines de agosto, se aprobó por unanimidad en el Consejo de Representantes de Carlos Paz la Ordenanza que regula el Acceso a la Información Pública, luego de nueve meses de trabajo en comisión. Dicha ordenanza llevaba apenas dos semanas de vigencia cuando, el pasado jueves 22 de septiembre, en la última sesión ordinaria del Concejo, el oficialismo presentó un proyecto de ordenanza e impuso su tratamiento sobre tablas para modificarla ese mismo día.
La modificación que se votó en esta última sesión, incorpora como requisito para quien realice “cualquier solicitud de información”, que dicha persona “tenga derecho o interés legítimo”. Este requisito que se interpone, faculta al Ejecutivo Municipal para interpretar subjetivamente si una persona “tiene derecho” o no a acceder a la información pública.
El proyecto fue aprobado con los votos del oficialismo “duro” –menos el del autor de la norma anterior, que se encontraba ausente-, y el del concejal del PRO. En la sesión también estuvo ausente la representante de Unión Por Córdoba (PJ cordobés).
El proyecto fue rechazado por la UCR y el Frente Cívico, este último, aliado del intendente hasta agosto de este año. El argumento de la oposición se centró sobre el carácter restrictivo y antidemocrático de las modificaciones propuestas por el oficialismo, al supeditar el acceso a la información pública de cualquier ciudadano al beneplácito de un funcionario municipal. También se argumentó sobre la obligación del propio Estado de tener un rol activo en brindar la información pública a los ciudadanos.
Esto coloca a la fuerza liderada por el intendente Avilés a la derecha del propio gobierno nacional, que recientemente logró la aprobación de su proyecto de “Ley de Acceso a la Información Pública” en el Congreso. En la ley, se plantea en su artículo cuarto:
“Legitimación activa. Toda persona humana o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar y recibir información pública, no pudiendo exigirse al solicitante que motive la solicitud, que acredite derecho subjetivo o interés legítimo o que cuente con patrocinio letrado”.
Hay que destacar que la coalición que llevó al actual intendente a su reelección tuvo como una de sus principales banderas de campaña “la transparencia y la participación vecinal”. Este no es más que otro ejemplo de cómo los partidos políticos patronales –incluidas las alianzas municipales, en este caso de signo predominantemente radical- hacen campaña con los valores que luego quedan en un cajón.
La coalición que lidera el intendente Esteban Avilés –que se mantuvo como alianza fuertemente consolidada durante su primer gobierno– viene sufriendo en su propio bloque legislativo importantes cimbronazos, debido a la escalada del carácter autoritario del ejecutivo desde su reelección. El bloque oficialista quedó dividido y cambió la dinámica del órgano legislativo dentro y fuera del oficialismo.
No sorprende que este gobierno, que en los hechos sigue representando y gobernando para los mismos grupos económicos que beneficiaron los gobiernos anteriores, levante un discurso progresista y de “cambios institucionales”, mientras restringe el acceso democrático a la información pública.
