El caso de Diego Arzamendia, rodeado por una decena de efectivos de la Bonaerense y acribillado en plena calle frente a la estación de trenes, no es único ni extraño. Tampoco fue "legítima defensa" como dice la fiscal. Es una política policial, promovida por Sergio Berni del Frente de Todos.
Jueves 18 de junio de 2020 13:38
El último sábado, alrededor de las 16 horas, al menos seis efectivos de la Policía Bonaerense corrieron al joven Diego Nicolás Arzamendia, de 23 años, quien según las versiones policiales difundidas por varios medios portaba un cuchillo (hay otras versiones que dicen que era un destornillador).
En pocos segundos, lo acorralaron, lo rodearon entre todos y lo acribillaron a balazos. El hecho quedó registrado en un video que al poco tiempo se viralizó por las redes sociales. ¿Otro caso Chocobar?
Estas imágenes muestran como cinco efectivos de la policía bonaerense matan a balazos a un hombre joven, que llevaba un cuchillo, este martes en pleno centro de Berazategui. pic.twitter.com/l2DSjBvQ33
— Carla Lacorte (@Lacorte_Carla) June 17, 2020
En la grabación se escuchan cinco disparos, en plena vía pública y a metros de decenas de personas que transitaban yendo a sus trabajos o comprando en los comercios ubicados frente a la estación del Ferrocarril Roca.
La Policía Bonaerense intenta justificar el crimen a quemarropa de Arzamendia bajo el argumento de que era un delincuente y que estaba íntimamente implicado en un hecho anterior, donde también murió otro joven. Se trata del caso de Augusto Iturralde de 25 años, quien la noche del 14 de junio fue ejecutado en la localidad de Plátanos (también Berazategui) por un policía de la Ciudad de Buenos Aires, quien le disparó nueve veces en una (hasta el momento supuesta) situación de robo.
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El crimen de Arzamendia por gatillo fácil, frente a la estación de trenes, se produjo mientras la madre de Iturralde junto a la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) intentaban recabar información para determinar cómo habían sido las circunstancias por las que su hijo fue asesinado. Arzamendia era, como afirmaron desde Correpi, uno de los testigos clave de lo que pasó la noche del 14 de junio.
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En menos de un mes en Berazategui se produjeron tres nuevos casos de gatillo fácil a manos de efectivos de las fuerzas represivas del Estado. Vale recordar que el distrito es un verdadero feudo del peronismo de la familia Mussi, que entre Juan José y su hijo Juan Patricio se repartieron medio siglo de intendencia en las últimas tres décadas. La misma gestión añeja que ahora lleva el sello de Frente de Todos.
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Ante estos hechos Carla Lacorte, víctima del gatillo fácil policial y dirigente del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) y del PTS en el Frente de Izquierda, manifestó ante el caso de Arzamendia que “si cometió previamente un delito eso no habilita un fusilamiento, una pena de muerte de hecho. La fiscal habla de ‘legítima defensa’ pero ¿cómo se explica la legítima defensa cuando son cinco policías con armas de fuego contra uno con un cuchillo?”.
“Estamos ante un nuevo caso Chocobar en el que el Poder Judicial y muchos medios justifican un asesinato por tratarse de una persona que delinquió. Este envalentonamiento de la Policía no puede verse aislado de las atribuciones especiales que el gobierno provincial encabezado por Axel Kicillof otorgó a las fuerzas de seguridad, con el ministro de Seguridad Sergio Berni como abanderado y que ya nos costó varios casos de gatillo fácil en la propia Berazategui y otros puntos de la provincia”, sentenció Lacorte, autora del libro La disciplina de las balas.