Tucumán fue escenario la foto del “pacto social” que propuso Alberto Fernández entre la UIA y la CGT. Una provincia con despidos masivos, agudización de los problemas estructurales y sin lugar para los derechos de las mujeres y la juventud.
Maximiliano Olivera @maxiolivera77
Miércoles 11 de septiembre de 2019 23:15
Hoy a media mañana, Alberto Fernández arribó a Tucumán para participar de una serie de actos de junto al gobernador Juan Manzur. La foto del “pacto social”, tomada en una cena en el hotel Sheraton, entre empresarios nucleados en la Unión Industrial Argentina (UIA) y dirigentes de la CGT fue el dato político de la jornada. De este cónclave también participaron Sergio Massa, Héctor Daer y Carlos Acuña (CGT), Antonio Caló (UOM), Roberto Fernández (UTA), y la intendenta de La Matanza, Verónica Magario. Jorge Rocchia Ferro, presidente la Unión Industrial de Tucumán, fue el anfitrión.
Como señaló en diferentes declaraciones el candidato del Frente de Todos, el objetivo es un pacto entre “la industria y el campo” junto a los trabajadores de cara a los “años difíciles”, que el mismo candidato presidencial del peronismo vaticina. Para este pacto convocó a los empresarios que descargan la crisis sobre los trabajadores, a los dirigentes sindicales que le dieron cuatro años de tregua al macrismo y a quienes, como Massa y Manzur, apoyaron las principales iniciativas del macrismo en el Congreso. La consigna "Evitemos estar en las calles", a raíz de la represión a los movimientos sociales, cierra el círculo.
Te puede interesar: “Evitemos estar en las calles”: Alberto Fernández contra la movilización popular
Te puede interesar: “Evitemos estar en las calles”: Alberto Fernández contra la movilización popular
La visita de Fernández motivó una nueva ronda de halagos con Manzur. “Juan me acompañó desde el primer día”, afirmó el compañero de fórmula de Cristina Kirchner. “El peronismo tiene jefe, tiene conducción y se llama Alberto Fernández”, del lado del gobernador. La estrecha relación entre Fernández y Manzur alentó las versiones de que el tucumano podría ser el eventual Jefe de Gabinete o que nuevamente sea ministro de Salud, como ocurrió durante el kirchnerismo.
Pero más allá de las especulaciones sobre el destino de Manzur o de cómo evolucionará el “pacto social” de Fernández, lo cierto es que en Tucumán el peronismo viene gobernando desde hace 20 años y ahora comienza a perfilarse su nuevo rol al calor de la crisis y el ajuste.
Un pacto con quienes despiden
Luego de la campaña provincial, donde una parte importante de las patronales se alineó tras las reelección de Manzur, comenzaron dos conflictos testigos por despidos masivos.
Uno de ellos fue en la línea de supermercados de Emilio Luque, que afecta a 1200 trabajadores. Allí el empresario -que venía de adquirir el Concepción, el ingenio más grande de la provincia, gracias a un crédito del Gobierno- venía adeudando sueldos y la obra social, luego avanzó a cerrar las sucursales apostando a la venta de su cadena. Los delegados del gremio del Comercio, SEOC, luego de llamar a esperar y confiar en las negociaciones, con el objetivo de no abrir un conflicto, se borraron. Para completar, el secretario general del gremio llamó a aceptar despidos y condiciones laborales más precarias. Fue el propio Luque quien cenó con Alberto Fernández y Manzur, en junio mientras confirmaba los despidos de Manzur.
Otro tanto ocurrió en el ingenio Santa Bárbara, esta vez afectando a 450 familias. Luego de prometer una intervención para asegurar la fuente laboral, el Gobierno de Manzur fue borrándose sin dar soluciones de fondo, ofreciendo solamente un subsidio paupérrimo para las familias trabajadoras. Aquí también el sindicalismo oficialista jugó contra los trabajadores. La FOTIA dejó pasar este gran ataque, aislándolo de los reclamos de otros ingenios por deudas salariales y por garantizar la zafra, como en el ingenio San Juan.
Hoy Fernández y Manzur estuvieron en un acto en la Banda del Río Salí, a metros de la distribuidora de Luque en Los Vasquez, donde los trabajadores reclaman contra los despidos. A metros también del ingenio San Juan, donde los obreros pelean para que la fábrica muela y no cierre. En resumen: cerca de quienes dejan pasar los despidos, lejos de de los trabajadores que pelean por sus puestos de trabajo.
En Tucumán, el “pacto social” incluye a los empresarios como Rocchia Ferro, quién aseguró que la crisis es peor que la del 2001 y que el Gobierno de Macri deja una “carga pesadísima”. Incluye también a los empresarios que ahora despiden, como Luque. A los gobiernos y burocracias sindicales que hacen la vista gorda. Es decir, un pacto contra los trabajadores.
Sin derechos para la juventud y las mujeres
En este duro panorama para los trabajadores, las patronales festejan a diario con la precarización sostenida por el peronismo. Por ejemplo, en los call centers las patronales se creen omnipotentes y buscan avanzar más sobre las condiciones de trabajo. En Teleperformance quisieron quitar los escasos siete minutos para ir al baño.
Con una tasa de trabajo informal que afecta a 3 de cada 4 jóvenes, la crisis golpea con más fuerza en los jóvenes. La fila de 20 cuadras durantes dos días para presentar un currículum en un nuevo supermercado estaban abarrotadas de jóvenes que hace meses que no consiguen un trabajo. Postales de la desocupación que llega al 10,6 %, superando el promedio nacional.
Te puede interesar: Manzur gasta más del doble en publicidad de lo que destina a comedores escolares
Te puede interesar: Manzur gasta más del doble en publicidad de lo que destina a comedores escolares
Manzur es ampliamente conocido por su postura antiderechos, amplificada por los debates sobre el derecho al aborto legal y en el caso de Lucía. Los funcionarios de Manzur actuaron de manera directamente en la obstaculización de la interrupción legal del embarazo a una niña de 11 años, víctima de abuso. Dando vía libre a la presión de los “celestes”, Lucía fue obligada a parir. Una tortura que fue repudiada a nivel internacional.
Como enemigo de los derechos de las mujeres, Manzur sostiene una estrecha relación con la cúpula de la Iglesia Católica, aumentando cada vez más los vínculos con los evangélicos. Como resultado, la educación religiosa es una imposición en las escuelas públicas. Leyes elementales como la educación sexual integral (ESI), la ley de salud sexual reproductiva y el cupo laboral trans duermen en los cajones de la Legislatura por presión del oscurantismo.
Fernández y su “pacto social” busca que los trabajadores se resignen a ser quienes paguen nuevamente los platos rotos durante los próximos “años difíciles”. El primer paso lo dio en Tucumán, de la mano de su gobernador favorito: alguien que votó las leyes del macrismo, deja pasar los despidos y es un enemigo de las mujeres y la juventud.
No existe pacto ni consenso posible que pueda ser favorable a los trabajadores de la mano de los empresarios y los socios políticos de esta crisis. A la desocupación, el hambre y la miseria solo puede contraponerse la movilización y la lucha de trabajadores ocupados y desocupados, para imponer medidas de emergencia que afecten las ganancias de los especuladores y los grandes empresarios, como el aumento inmediato de salarios y jubilaciones, la anulación de los tarifazos y la pelea por defender los puestos de trabajo ocupando toda fábrica o empresa que cierre. Perspectiva que sólo levanta el Frente de Izquierda.