Por decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina cumplirán tareas de seguridad pública en México.
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Lunes 11 de mayo de 2020 13:56
En el decreto, que puede leerse en el Diario Oficial de la Federación, el Gobierno de López Obrador habilita en medio de la pandemia que “la Fuerza Armada permanente va a participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de ésta última, durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial”
Este decreto que tendrá efecto hasta el 27 de marzo de 2024, faculta a las fuerzas armadas, Ejército, Marina y Guardia Nacional para tareas de seguridad pública.
Ya van más de 10 años en la que distintos gobiernos impusieron la militarización de México. ¿Qué efectos ha tenido para la población del país? Los resultados son catastróficos: más de 160 mil muertos, 25 mil desaparecidos, un millón de desplazados, fosas clandestinas y centros de exterminio, aumento de las cifras de feminicidios (11 por día), ejecución paramilitar de luchadores sociales (en 2011 los dirigentes de Ostula que participaron del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, MPJD).
El caso más emblemático de la situación en México fue el de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa por el Ejército: el Batallón 27.
La Gobierno de López Obrador, al que muchos consideraron como un cambio, lejos de romper con la política de militarización del país da continuidad con esta estrategia que ha permitido un avance de la injerencia diplomática, política y militar de México por parte de Estados Unidos.
La militarización de la frontera sur, exigida por EE. UU. a México, en contra de los hermanos migrantes de América Central convirtió el Suchiate en zona de violación a derechos humanos. La Guardia Nacional se convirtió por eso en los hechos en la Border Patrol de Donald Trump.
Desde La Izquierda Diario de México rechazamos la militarización del país y hacemos un llamado a las organizaciones sociales, sindicales, a organizaciones de derechos humanos a construir un movimiento amplio, democrático, combativo y contra este decreto.
