El gobierno anunció tres prioridades: previsiones, asegurar proceso constituyente y recuperar el órden público de la mano de represión, a la que quiere sumar el despliegue militar para infraestructura crítica.
Sábado 1ro de febrero de 2020
El día de ayer, el consejo de gabinete anunció el establecimiento de tres prioridades del gobierno, entre los que se encuentran la cuestionada reforma previsional, la recuperación del orden público y asegurar el “buen desarrollo” del proceso constitucional con el plebiscito del 26 de abril.
El ministro Ward también habló del proyecto de ingreso mínimo y del proyecto que permite a las Fuerzas Armadas proteger la infraestructura crítica sin la necesidad de un estado de excepción, que sigue siendo parte de la política represiva del gobierno que cuenta con el rechazo mayoritario de la ciudadanía que, así como sucedió durante el estado de excepción, salió a la calle exigiendo que los militares se devolvieran a sus cuarteles.
También el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, anunció como prioridad potenciar la inversión con una agenda “pro competencia” que según el gobierno “La competencia es el mejor antídoto contra los abusos. La mejor forma de combatir los abusos es tener mercados competitivos, con bajos requisitos de entrada, donde existan muchos emprendedores (…) el consumidor recibe la mejor combinación de calidad y precio y aquel que abusa es penalizado por el mercado, por los consumidores y cuando no, por nosotros”
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Declaración que parece una burla, puesto que ya son años de abusos a la gente frente a sus necesidades (entre estas, la salud), así como también la impunidad a los empresarios coludidos y accedido a perdonazos.
Además, el proceso constituyente, en el cual se votará la fórmula de órgano constituyente (Convención Mixta o Convención Constitucional) se alza en un contexto en donde el gobierno ha mantenido la política represiva, que tan solo esta semana costó la vida de dos jóvenes, Ariel Moreno y Jorge Mora, las cuales son una muestra concreta de la hipocresía del Pacto por la Paz firmado por la derecha, partidos de la ex Concertación y sectores del Frente Amplio, que sólo buscó favorecer al gobierno y su base empresarial.
