Sábado 8 de noviembre de 2014
La Ley de Descanso Dominical, reclamo histórico de los empleados de comercio, está a un paso de transformarse en una norma vigente. El gobernador de la provincia Antonio Bonfatti adelantó que será promulgada por el Ejecutivo. Sin embargo, las clausulas incluidas en el Senado establece que son los Municipios los que finalmente deben decidir la implementación o no de la norma.
Mientras adentro de la Legislatura Provincial los diputados aprobaban sobre tablas el proyecto de ley, en las puertas de la misma, la empresa COTO movilizó a un grupo de personas que al momento de la aprobación lanzaron huevos al edificio y protagonizaron horas de tensión en la capital provincial. El vice gobernador, Jorge Henn, declaró que los que estaban allí no eran trabajadores, sino barrabravas de Nueva Chicago.
Las reacciones ante la reciente ley son heterogéneas e incluso disimiles al interior de los mismos espacios políticos. En este sentido la intendenta de Rosario, Mónica Fein, se mostró a favor pero manifestó algunas reservas. No obstante, en medios locales señaló que podría afectar a la economía turística de la ciudad e insistió con la necesidad de formular alternativas para compensar el cierre de algunos comercios lo domingos. Mientras que en la ciudad de Santa Fe, el intendente José Corral, adelantó que no se aplicará.
Donde más resistencia genera la ley es en las patronales. Gastón Masini, gerente de Relaciones Laborales de Coto, salió a decir que la nueva ley fue pensada para perjudicar al supermercadismo. En declaraciones publicadas por el diario La Capital, Masini dio a entender que las suspensiones y los despidos pueden afectar a más trabajadores luego de la votación. En este sentido planteó que con la implementación de la ley no pueden sostener a los franqueros, es decir aquellos empleados que trabajan domingos y feriados. Un claro chantaje de una empresa que factura más de un millón y medio de pesos por hora.
Mientras que los diferentes sectores políticos del oficialismo y la oposición no escatiman declaraciones a favor de esta importante conquista para los empleados comerciales y salieron a repudiar la intransigencia de COTO, la realidad cotidiana de los trabajadores del rubro comercial no es una agenda para ellos. Al igual que en Liliana, al igual que en el Puerto de Rosario, las patronales de comercio se manejan con absoluta impunidad a la hora de despedir y precarizar trabajadores. Este rubro económico presenta índices altísimos de trabajo en negro, de trabajo precario, de inestabilidad laboral y rige una verdadera dictadura patronal para aquellos que quieren organizarse por sus derechos. Los sucesivos gobierno, ya sean peronistas o socialistas, que hoy se rasgan las vestiduras por el conflicto con los 200 suspendidos, han amparado a estas empresas, que como Liliana, como Coto, mantienen ganancias millonarias a costa de la superexplotación de sus trabajadores.
