Cuando el país supera las 53,000 muertes por la nueva pandemia del coronavirus, los senadores deciden avanzar con la privatización el agua y el saneamiento básico..
Jueves 25 de junio de 2020 22:37
El Senado de Brasil aprobó este miércoles un proyecto oficialista que abre el camino para privatizar las empresas estatales de agua y saneamiento. El presidente Jair Bolsonaro había pedido al Congreso prioridad para la iniciativa, a pesar de la pandemia del coronavirus.
El relator de la propuesta, el senador Tasso Jereissati (del Partido Socialista de Brasil), pidió urgencia para tratar el proyecto. La ley aprobada prohíbe la contratación directa de empresas de saneamiento público, y ahora estas áreas tendrán que pasar por procesos de licitación en los que las empresas públicas tendrán que competir con las privadas.
Mientras los números de las muertes por la nueva pandemia de coronavirus no paran de crecer, 65 senadores votaron a favor de esta propuesta. En lugar de tratar de orientar la ayuda a los trabajadores y los sectores más pobres, prefirieron atacar a la población con una propuesta que avanza para privatizar el agua y el saneamiento básico, eliminando las obligaciones del Estado de proporcionar estos servicios esenciales.
En la votación del Senado, hubo miembros de partidos del llamado "Frente Amplio", que se declara ser oposición a Bolsonaro, que votaron a favor de la propuesta de privatización. Entre ellos, Cid Gomes, de PDT, hermano del excandidato presidencial Ciro Gomes, mostrando cómo el discurso en defensa de las empresas estatales no es más que su demagogia.
El agua y saneamiento es el último sector importante de infraestructura en Brasil que no había sido privatizado. Bolsonaro, que impulsó una agenda radical de reformas privatizadoras, celebró su aprobación.
El nuevo marco legal permite el siguiente mecanismo: los estados y municipios no pueden contratar directamente a empresas públicas que siempre han prestado servicios en el área de saneamiento, distribución de agua, etc. Ahora tendrán que pasar por un proceso de licitación, compitiendo con los intereses de los grandes monopolios que están observando este valioso recurso que es el agua mineral.
El proyecto votado favorece a los grandes monopolios como Nestlé, Coca-Cola y otros que solo están mirando el agua y las ganancias que esto puede generar. Después de todo, en un proceso de licitación, pueden poner fin al derecho a explorar grandes reservas de agua limpia, mucho más limpias que en los países de origen de estas empresas, donde ese recurso ya está contaminado.
El nuevo marco legal también prevé que el acceso universal al saneamiento y al agua ocurrirá hasta 2033. Además de entregar a los empresarios privados el negocio, proponen un plazo de 11 años para universalizar el saneamiento. Según el Sistema Nacional de Información sobre Saneamiento (Sinis por su sigla en portugués) de 2018, solo el 53,2% tiene acceso a servicios de saneamiento. Esto significa que casi la mitad de los brasileños, en medio de una pandemia, tienen problemas de acceso al agua. ¿Cómo lavarse las manos así? Los que se lavan las manos por la gente son los senadores, quienes junto con la privatización del agua, prevén una "universalización" que no existe,
En el contexto de una pandemia, el Estado debería realizar inversiones masivas en servicios esenciales que garanticen viviendas con saneamiento y acceso al agua para la población. Con una economía en la que los capitalistas son responsables de la mayoría de los servicios, encontramos hospitales con falta de camas y materiales, profesionales de la urbanización (como barrenderos y trabajadores de Cedae) con salarios rezagados y profesionales de la salud sin recibir los recursos básicos en medio de pandemia. Mientras tanto, los senadores continúan con sus altos salarios, sin contar otros beneficios dados por Bolsonaro al Congreso, a cambio de gobernabilidad.
En lugar de un marco legal para el saneamiento, ahora se necesitaba un saneamiento universal, financiado mediante la reducción del gasto en salarios de los políticos y gravando la gran fortuna de los capitalistas que los financian, gravando al menos del 1% de la población brasileña que solo retiene riqueza producida por la mitad de la población brasileña y expropiada por los ricos.
