Diego Valenzuela hizo una prueba piloto (ilegal) en un Instituto privado de la zona, la cual generó todo tipo de rechazos. Finalmente planteó en sus redes sociales que la educación debe ser un servicio público esencial, un anhelo de los ajustadores.
Viernes 25 de septiembre de 2020
El mediático intendente cambiemita (¿ Y posible figura en el distrito bonaerense de cara a las elecciones 2021?) tuvo una semana de recorrida por varios medios de difusión donde aprovechó a seguir construyendo su figura de “opositor dialoguista” a nivel provincial, en una suerte de copia bonaerense de su “colega” de CABA, Rodríguez Larreta. En esa gira presentó un “plan” para volver a clases, a partir de una carta que según él mismo un estudiante de 6to año de un colegio le había escrito en una supuesta representación de todos los estudiantes del distrito.
El “ejemplo de dirigente opositor”, a decir de Alberto Fernández, no toma nota de que no solo estamos en pleno pico de contagios y muertes de la pandemia (incluso con récords diarios), sino que en particular Tres de Febrero tiene una de las tasas de letalidad por covid-19 más altas de la provincia, rondando el 2,79% (las más altas se encuentran en Vicente López y San Martín). Supera a la media provincial de 2,19%.
Cabría preguntarse si a Valenzuela le importa la vida. Sabemos que los millonarios de su clase (en 2019 el patrimonio del intendente ascendía a más de 10 millones de pesos) no tienen inconvenientes si se contagian, ya que pueden costear el tratamiento fácilmente.
La respuesta del Comité Mixto Distrital y las irregularidades planteadas
El Comité Mixto Distrital de Salud y Seguridad en el empleo público de Tres de Febrero, integrado por funcionarios públicos del gobierno provincial, jefaturas distritales y dirigentes sindicales respondió negativamente al pedido del intendente, consagrando que, en resumen, no están dadas las condiciones sanitarias para dicho pedido. Y, como quien se olvida de un comentario sin importancia, dicho comité denuncia que no se sabe que hizo el intendente con los fondos educativos girados por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir ese comentario al pasar? ¿Están denunciando que hay desvíos de fondos públicos? ¿No merece el pedido de una auditoría pública con control de familias y docentes que son los que vienen sosteniendo la conectividad virtual?
En otro apartado, el Comité Mixto sostiene que la prueba piloto de Valenzuela y el Instituto Privado Católico Niño Jesús, perteneciente a la diócesis de San Martín, es ilegal porque viola el decreto del ASPO dispuesto por el ejecutivo nacional y al que suscribe el provincial. Incluso, por redes sociales, se conocieron testimonios de familias que denunciaron que la cita a los jóvenes se hizo de manera clandestina y engañosa. Los estudiantes no sabían a qué iban y tenían que cambiarse dentro de la institución de manera que nadie vea que se iba a realizar la promocionada “prueba piloto”.
Con estos 2 elementos cabe preguntarse: ¿Se pedirán serias explicaciones al intendente Valenzuela o quedará en puro papeleo? ¿Las conducciones sindicales, no deberían convocar a asambleas abiertas conjuntas para exponer no solo, lo que hace Valenzuela, sino las acusaciones calumniosas contra la docencia del “alfil” del partido de Graciela Caamaño, Martín Jofré?
Acta de la Comisión Mixta
Embrollos, fatos y paquetes. A puro nervio de fanfarrón, Valenzuela, mostró la hilacha
Luego de las “recomendaciones” del Comité, el intendente no desistió y dijo lo que en verdad es un anhelo de todos los gobiernos ajustadores y que impulsan reformas anti educativas: quiere hacer de la educación un servicio público esencial. Esto es ni más ni menos adoptar el modelo educativo chileno en donde hay que pagar para recibir un servicio, y si querés uno mejor, tenés que abonar más. Es decir, quiere que paguemos la educación como lo hacemos con el servicio de luz, gas, agua e Internet.
Es importante escuchar a los jóvenes y promover una reflexión sobre este tema. Como ha planteado @FundacionAlem, la educación debería ser actividad esencial, hay que aprovechar lo que resta de 2020 y priorizar grupos. Se necesitan consensos básicos entre oficialismo y oposición. pic.twitter.com/xTKdyOzP0d
— Diego Valenzuela (@dievalen) September 24, 2020
Esto a su vez, es un ataque profundo a los derechos de los trabajadores de pelear por una educación pública de calidad, que en épocas de aislamiento significa garantizar conectividad para todos y todas. Es decir, computadora para cada estudiante y docente, capacitación en servicio y wifi gratis. Como así también garantizar una vivienda digna para ellos, con un salario de emergencia para los que no tienen trabajo de 30 mil pesos, y para los que lo tienen, un salario igual a la canasta familiar. Alimentación saludable para los y las niñes, como indica el fallo judicial favorable presentado por familias, el CEPRODH y el diputado del Frente de Izquierda Claudio Dellecarbonara.
En épocas de educación presencial, educación de calidad significa escuelas con agua potable, con insumos para limpieza, alimentación saludable, infraestructura sana y acorde a los cambios climáticos, etc.
Una salida realista para un problema histórico sin solución
El o la lectora puede pensar que esto “estaría muy bien que todes tengan sus elementos de trabajo y estudio, pero no hay plata”. Sin embargo, hay que decir que plata hay. Por eso, Nicolás del Caño y Romina del Pla, diputados nacionales del Frente de Izquierda-Unidad, presentaron a principios de año un proyecto de ley que cobra impuestos a las grandes fortunas. Proyecto contrapuesto al de aporte extraordinario por única vez del banquero y diputado Carlos Heller (que, oh casualidad, exceptúa a los bancos que durante el macrismo y lo que va del gobierno de Alberto Fernández aumentaron un 400% sus ganancias).
Lo que se necesita es juntar la fuerza para imponer una decisión política favorable al conjunto de la comunidad educativa y los sectores empobrecidos. Es por eso que desde La Marrón lanzamos una campaña solidaria con los que hoy pelean por tierra y vivienda como en Guernica. Porque si ganan ellos, que son las familias que van a nuestras escuelas, vamos a estar en mejores condiciones para enfrentar a los que quieren seguir atacando a la escuela pública. La verdadera grieta es entre los ajustadores y los que peleamos contra ellos, hoy bancando a los sin tierra. Sumate.
