Viernes 10 de noviembre de 2017
En la mañana del jueves Carme Forcadell, miembro del partido independentista Esquerra Republicana de Cataluña, se presentó junto a otros cinco miembros del Parlamento de Cataluña, ante el Tribunal Supremo español. Estaban citados a declarar bajo los cargos de "rebelión y sedición" a raíz de la Declaración de Independencia Unilateral resuelta por el Parlament el 27 de octubre.
Los parlamentarios declararon frente al juez Pablo Llanera que acatan el artículo 155 de la Constitución española que habilita la intervención del estado central sobre las autonomías en casos de excepción. También negaron la Declaración de Independencia diciendo que solo fue un acto "simbólico" y "político" y sin efectos jurídicos.
Había expectativas de que esto dejara en libertad a los diputados catalanes en tanto "volvían a la legalidad", pero la fiscalía consideró "insuficientes" sus testimonios y pidió la prisión incondicional para Forcadell y otros 3 diputados y prisión eludible bajo fianza para otro. Finalmente, el juez dictó prisión bajo fianza de 150.000 euros para Forcadell que fue llevada a la Cárcel de Alcalá Meco en Madrid donde permanecerá hasta que pague la fianza.
Para otros cuatro diputados dictó la libertad bajo fianza de 25.000 euros con plazo de pago de una semana. Tanto Forcadell como estos 4 diputados deberán, además de la fianza, entregar sus pasaportes, tendrán prohibido abandonar el territorio y deberán presentarse semanalmente ante el Tribunal. El quinto diputado obtuvo la libertad sin fianza.
La medida judicial, que luego de la aceptación de la intervención y negación de la Independencia se parece bastante a un acto de humillación, ratifica la línea represiva del régimen español y del gobierno derechista de Mariano Rajoy sobre Cataluña. Recordemos que desde el 2 de noviembre permanecen encarcelados el vicepresidente catalán y todos sus ministros, y ya el 16 de octubre habían sido apresados los dirigentes independentistas Jordi Sánchez (ANC) y Jordi Cuixart (Òmnium Cultural).
Las declaraciones de los diputados significan un cambio en la estrategia de defensa que venían sosteniendo el vicepresidente y los ministros que no declararon reconocer la aplicación del 155. Lo de este jueves se trató de un intento de evitar la prisión a cambio de aceptar la intervención del estado central y negar en los hechos la Declaración de la Independencia. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, había declarado esta semana que las medidas cautelares que la Fiscalía podría pedir contra los investigados por el Supremo, dependerían de su declaración que tendría lugar el jueves.
La declaración de la presidenta del Parlamento se dio un día después de la importante jornada de huelga que vivió Cataluña el miércoles, en la que se pidió el fin de la intervención, la libertad de los presos políticos y la defensa de la República. Los Comités de Defensa de la República (CDR) fueron los que motorizaron la jornada de huelga, garantizando el bloqueo varias decenas de las principales arterias de Cataluña.
En este contexto la afirmación de Forcadell va en contra de las aspiraciones de miles de catalanes que se vienen expresando en las calles en defensa de una república independiente, mientras que expresa una total concesión al gobierno de Rajoy, la corona y el reaccionario Régimen del ’78, al avalar la aplicación del artículo 155. Demuestra así la absoluta impotencia de las fuerzas políticas que venían llevando adelante el proceso independentista.
