Autoridades de ambos países afirman que este nuevo acuerdo entre los gobiernos, será en beneficio de sus respectivos pueblos ¿podemos confiar en sus promesas y discursos?
Jueves 16 de diciembre de 2021
Con bombo y platillo la cancillería mexicana encabezada por Marcelo Ebrard y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, anunciaron una nueva etapa en las relaciones entre ambos países con el comienzo de la alianza “Encuentro Bicentenario”. Ebrard calificó de “asistencialista” la política de seguridad de los gobiernos previos y declaró como “histórico” el nuevo acuerdo.
El antecedente de nuevo acuerdo fue la “Iniciativa Mérida”, promovida por los ex-presidentes Felipe Calderón y Georges W. Bush en 2008, supuestamente encargada de disminuir la violencia desatada por los grupos del crimen organizado, y que en los hechos significó un salto en la subordinación política, diplomática y militar de México hacia Estados Unidos.
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Según los integrantes de los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de Joe Biden, el nuevo acuerdo tiene como objetivo la prevención y reducción del consumo de drogas, más oportunidades para jóvenes y el desarrollo de las comunidades. La cancillería mexicana incluso habló de un nuevo enfoque integral para combatir las causas de la violencia basado en: la protección de las comunidades, prevención de crímenes transfronterizos, perseguir a las redes criminales, la cooperación entre las fuerzas armadas y un Comité Binacional de Cooperación.
Según las autoridades: “Con este marco de cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, nos comprometemos a otorgar el máximo respeto por los derechos humanos, sin tolerancia a la corrupción”.
Sin embargo, en la reunión para discutir los avances en materia de seguridad no participaron, ni organizaciones de derechos humanos ni personal médico y de salud, sino representantes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) –por parte de México- e integrantes del Buró Federal de Investigación (FBI), la agencia antidrogas (DEA) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) –por parte de Estados Unidos-.
Todas estas instituciones tienen numerosas quejas y denuncias por el uso de la fuerza en contra de movimientos sociales, así como de su sistemática violación a los derechos humanos de comunidades latinas, afrodescendientes, pueblos originarios y principalmente, hacia migrantes en su paso por México hacia Estados Unidos.
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Los gobiernos tanto de Biden como de Obrador afirman que con el “Encuentro Bicentenario” buscarán atender el problema del tráfico de armas y la adicción a las drogas “desde un enfoque de salud pública”. Empero, en las reuniones de trabajo las instituciones y funcionarios involucrados son mayoritariamente de las fuerzas armadas y de seguridad en ambos países, lo cual es una muestra de que la prioridad sigue siendo mantener políticas de seguridad basadas en la coerción, la militarización y enfoques punitivos sobre el tema de las drogas y la violencia.
No hay en los lineamientos del acuerdo hasta ahora anunciados, propuestas para la legalización de las drogas, para así terminar realmente con el negocio ilícito de los carteles. Tampoco se habla de un aumento sustancial a los presupuestos destinados a la salud pública y contratación de personal médico, de fortalecer la prevención de las adicciones y abuso de sustancias. Mucho menos se habla de la investigación y juicio para los integrantes de gobiernos, fuerzas armadas y agentes de migración asociados con traficantes de drogas, personas y redes de explotación sexual y laboral.
Así, por más discursos y promesas de cambio por parte de los gobierno de Biden y Obrador, sus acciones nos muestran que no podemos confiar en aquellos que son responsables de la violencia por medio de la militarización y del impulso de políticas que precarizan y empobrecen a las familias trabajadoras en ambos lados del Río Bravo.
Solamente con la más amplia unidad de la clase obrera multiétnica en México y en Estados Unidos, en alianza con los pueblos oprimidos y movimientos sociales podemos lograr una transformación social que realmente sea en beneficio de las mayorías trabajadoras en nuestros pueblos.
