Será el primer fin de semana de septiembre. Para enfrentar la represión y el ataque a las libertades democráticas del gobierno de Morales y Haquim. Y para rodear de solidaridad a los que luchan.
Myriam Bregman @myriambregman
Domingo 21 de agosto de 2016 16:59
Desde la asunción de la coalición UCR y el Frente Renovador, Jujuy ha vivido una sucesión inédita de ataques y de persecución a las organizaciones sociales y políticas. Todo esto enmarcado por la ampliación del Tribunal Superior de Justicia, donde fueron nombrados como jueces activos militantes del radicalismo que hicieron su propia y escandalosa reforma para poder asumir.
El fin de semana del 3 de septiembre vamos a estar en Jujuy para realizar un encuentro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH).
Queremos que sea una contundente respuesta a los intentos del gobierno nacional de Cambiemos por avanzar en la reconciliación con las Fuerzas Armadas que todavía tienen en sus filas a miles que actuaron durante la dictadura; a la justicia que se muestra solícita a otorgar cada vez más frecuentemente el beneficio de las domiciliarias a los genocidas como sucede con Etchecolaz y Cabanillas. Un reclamo de sectores reaccionarios que se está profundizando, al tiempo que el ministro de Justicia se reúne con frecuencia con familiares de represores y lo dejan trascender como símbolo político.
Del mismo modo, se ensayan intentos de imponer más flexibilización laboral, recortando derechos a los trabajadores, además del ajuste que se descarga día a día.
Jujuy es la provincia de Blaquier, el genocida impune dueño del Ingenio Ledesma. Pero también es la provincia de los combativos trabajadores del azúcar, la caña y el acero.
Así como hemos viajado a Tierra del Fuego para acompañar a los que resisten las políticas de ajuste y son perseguidos, hemos definido a Jujuy como el laboratorio de la represión y la criminalización de la protesta.
Queremos decir que es donde el régimen político ensaya sus políticas represivas y, si logra imponerlas, eso se trasladará al resto del país contra los demás sectores que resisten la entrega a las patronales y al imperialismo.
Para Morales es una cuestión de clase
Con un Poder Judicial a su medida se inició una caza de brujas contra cualquier reclamo de los trabajadores y sectores populares.
En enero, Milagro Sala, dirigente de la Tupac Amaru y diputada del Parlasur fue detenida ilegalmente por encabezar un acampe de protesta contra el gobernador Morales. La gravedad del caso está dada porque una vez detenida, y aprovechando el desprestigio que tiene en sectores de la población, la utilizaron para aleccionar al conjunto de los militantes y luchadores, sentando un precedente contra el derecho a la protesta.
Luego fueron agregando una causa tras otra con más repercusión mediática que judicial.
Este clima de temor fue el que permitió que en el Estado provincial haya cerca de 2.000 despidos y que las patronales avancen no sólo despidiendo sino intentando imponer mayor flexibilización laboral. Algunos ejemplos son los despidos persecutorios en Agricultura Familiar; la cesantía de 700 contratados en Educación por estar afiliados a ATE; despidos y suspensiones en Aceros Zapla, incluyendo el pedido de juicio oral contra trabajadores y delegados gremiales por la huelga de 2014; se planea el cierre de Minas Pirquitas; detuvieron durante diez días a tres miembros de la Directiva del SEOM por un reclamo sindical; votaron una Ley de Readecuación Productiva para el Ingenio La Esperanza que implica reducir más de la mitad de los puestos de trabajo vía un plan menemista de jubilaciones anticipadas, cooperativas y trabajo precarizado en el Estado.
Para disciplinar a los azucareros de La Esperanza suspendieron a 17 trabajadores, como sanción por haber realizado una medida de protesta, por 15 y 29 días sin goce de haberes, y abrieron causa penal a nueve de ellos, incluido mi compañero del PTS Silvio “Chopper” Egüez, miembro de la Directiva del Sindicato, violando los derechos sindicales. Sin embargo se logró que se levante la sanción hace pocos días luego de que las compañeras abogadas del CeProDH presentaran un amparo.
Esto coronado por la durísima represión a los trabajadores del Ingenio Ledesma el pasado 14 de julio.
Además, Morales y su gobierno han impuesto el nuevo Código Contravencional, aprobado en el gobierno de Fellner, que criminaliza la juventud, la pobreza y la protesta, y otorga superpoderes a la Policía para irrumpir en dependencias estatales e impedir la realización de asambleas de trabajadores y la militariza el Ingenio La Esperanza.
Por todo esto, sobran motivos para que en Jujuy nos reunamos cientos de compañeros y compañeros para demostrar que somos muchos los que nos plantamos contra la criminalización de la protesta, contra la represión a los que luchan, contra la flexibilización laboral y los despidos, y que exigimos cárcel a Blaquier y a todos los genocidas.
Myriam Bregman
Abogada en causas de lesa humanidad. Fundadora e integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH). Diputada nacional (MC) y dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS). Intervino en numerosos juicios contra los genocidas de la última dictadura militar, como el de Etchecolatz, Von Wernich y la megacausa ESMA. Fue abogada de Jorge Julio López y una de las impulsoras de la lucha ante su desaparición. Impulsó, junto a trabajadores de Pepsico y Kraft-Mondelez, la denuncia por el espionaje ilegal de la Gendarmería, conocido como "Proyecto X".
