Nueva ley ómnibus. Energía: una reforma para profundizar el saqueo

El dictamen de mayoría de la autodenominada “Ley Bases”, incluye 61 artículos en su Título VI sobre Energía, con modificaciones a la legislación vigente. Se trata de uno de los apartados más extensos, que se complementa con la inclusión de Energía Argentina S.A. (ex - Enarsa) en el listado de empresas a privatizar, y con el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), cuya redacción favorece especialmente los proyectos que las petroleras tienen en carpeta. A su vez, al declarar la emergencia pública en materia energética, la ley delegaría facultades del Congreso en el Poder Ejecutivo. Por esa razón, artículos que fueron eliminados de la última versión, podrían ser impuestos por decreto más adelante.

Vía libre para desabastecer

La ley incluye una serie de modificaciones en las leyes 17.319 (de hidrocarburos), 24.076 (marco regulatorio del gas natural) y 26.741 (de expropiación parcial de YPF). En esas modificaciones se elimina el objetivo del “autoabastecimiento” (Art. 1º, ley 26.741) o lo que es lo mismo, de “satisfacer las necesidades de hidrocarburos del país con el producido de sus yacimientos” (Art. 3º, ley 17.319). En cambio, se declara explícitamente que uno de los objetivos de la política hidrocarburífera será el de "aumentar la renta".

En el mismo sentido, se liberan completamente exportaciones e importaciones, aunque en el caso del gas sostiene que habrá una reglamentación del Ejecutivo. El Estado sólo tendría una mínima oportunidad para “objetar” alguna exportación en particular. Por otra parte, impide al Estado intervenir en la fijación de los precios para cualquiera de los segmentos de la cadena. La libertad para comercializar no contemplará la conveniencia del mercado interno, como establece la legislación vigente.

De aplicarse estas reformas, se podría llegar al ridículo de que una empresa exporte un hidrocarburo o su derivado (posiblemente el hidrocarburo sin valor agregado) sin que esté garantizado el abastecimiento interno; y al mismo tiempo, otra empresa (o la misma), importe el mismo producto (o, posiblemente, un producto con algún grado de industrialización), cobrando precios internacionales en el mercado interno. Por ejemplo, una petrolera puede exportar gas en invierno y desabastecer el mercado interno, y al mismo tiempo Enarsa, o la empresa privada que la reemplace, deba importar más gas y cobrarlo al precio del Gas Natural Licuado, que puede ser hasta 10 veces más caro que el gas en boca de pozo producido en Argentina.

Si esto es irracional en cualquier momento, más aún lo es cuando el mundo atraviesa crisis, guerras y conflictos geopolíticos en los que la dimensión energética suele ser un componente fundamental, ya sea en sus causas como en sus consecuencias. Las oscilaciones en los precios internacionales, sin que existan siquiera medidas elementales para amortiguar sus impactos a escala local, pueden llevar no sólo a nuevos golpes inflacionarios, sino también al desabastecimiento, si es que las petroleras consideran conveniente exportar lo extraído del subsuelo. También puede ocurrir, como vimos en muchos países en el marco de la guerra en Ucrania, que directamente haya momentos en que no consigan buques de GNL para importar, y el gobierno no haya objetado exportaciones.

Gas Natural Licuado: el colmo de la entrega

El último dictamen se propone regir las exportaciones de Gas Natural Licuado (GNL) con un artículo específico (151, que modifica la ley 24.076). A su vez, esto se complementa con el contenido del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI).

El RIGI prevé beneficios especialmente acordes a una actividad como la licuefacción de gas. La construcción de una planta de licuefacción de gas encuadraría en lo que el RIGI denomina “proyectos de Exportación Estratégica”. Al ingresar en esa categoría, un eventual proyecto de GNL tendría garantizados todos los beneficios contemplados en el Régimen de Promoción del GNL que proponía el proyecto de ley con media sanción en Diputados presentado por el Frente de Todos en el año 2023, un proyecto más que generoso con las petroleras. Entre esos beneficios, está la exención total de derechos de exportación (retenciones 0%) a partir del segundo año desde la adhesión al RIGI: aún más generoso que el Régimen de Promoción de la gestión anterior, que establecía un piso mínimo de precios a partir del cuál, eventualmente, las exportaciones podrían pagar retenciones. En el mismo plazo, las empresas contarán con libre disponibilidad del 100% de las divisas obtenidas de esas exportaciones. Algo similar sucede con el pago de Ganancias e IVA.

En el caso de las mínimas atribuciones que el Estado se reservaba con el Régimen de Promoción mencionado, el proyecto actual las elimina. Por ejemplo, desaparece la posibilidad de requerir que un 10% del GNL producido se destine al mercado interno en los meses de invierno, es decir, aquellos en los que en la actualidad existe déficit de gas natural en el país. El proyecto establece autorizaciones de exportación de GNL por 30 años, que implicarán “el derecho a exportar todos los volúmenes autorizados en ese carácter en forma continuada y sin interrupciones ni restricciones, reducciones o redireccionamientos por causa alguna durante cada día del período de vigencia de la autorización de exportación respectiva, así como el derecho de acceder sin restricciones ni interrupciones de ninguna naturaleza al suministro de gas natural o a la capacidad de transporte, procesamiento o almacenamiento de cualquier especie de los que sean titulares o que hubiesen contratado a tal fin”. Es el colmo de la entrega y de la renuncia a la más mínima soberanía.

Tecpetrol, la petrolera del grupo Techint que se quedó con el control de medio gobierno, está interesada en construir una planta de GNL. Quizás, con su ¿competidora? YPF.

Privatizaciones

Dentro de las empresas que pretende privatizar, la última versión del proyecto incluye a Energía Argentina S.A. (más conocida como Enarsa). La empresa ocupa un lugar central en la política energética, especialmente por su papel en el comercio exterior de gas, la planificación de obras, entre otras actividades. Es un gran botín, especialmente para grandes jugadores del sector.

Si el gobierno renunció, por lo pronto, a vender las acciones de YPF S.A. en manos del estado, eso no significa que no lo vaya a intentar más adelante, más aún, contando con las facultades que pretende se le deleguen. Mientras tanto, la gestión libertariana puso como presidente y CEO de YPF a Horacio Marín, un hombre de su competidora, Tecpetrol. La empresa comenzó a desprenderse de áreas de hidrocarburos convencionales en Chubut, Santa Cruz, Neuquén, Mendoza, Río Negro y Tierra del Fuego. Desde el control de YPF, Rocca puede promover asociaciones favorables a su petrolera, como se mencionó en el caso del GNL.

Tarifazos para el pueblo, continuidad de los subsidios para las petroleras

El DNU 70/23, facultó a la Secretaría de Energía a redeterminar la estructura de subsidios vigentes. Al mismo tiempo que reconoció aumentos en los precios de la generación, el procesamiento, el transporte y la distribución de energía, retiró subsidios a la mayoría de la población. Las tarifas de la luz y el gas, los precios de la nafta, el precio del GLP (que impacta en lo que pagan los sectores de menos ingresos cuando compran una garrafa), constituyen un componente central del ajuste, y un motor de la pobreza y la inflación. Durante el primer trimestre de 2024, los subsidios a la energía se redujeron un 67,4% en términos reales. Las facturas de gas de los usuarios N 2 de bajos ingresos y N 3 de ingresos medios aumentaron, en promedio, 475% y 456% entre diciembre de 2023 y abril de 2024 (Instituto Interdisciplinario de Economía Política). En el caso de las facturas de luz, entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, el incremento promedio fue de 70% para los usuarios de bajos ingresos y 67% para los de ingresos medios. Sin embargo, en el AMBA, el incremento fue de 185% para los usuarios de bajos ingresos y 177% para los medios, con casos que alcanzan un 300% de aumento. En todos los casos, se trata de incrementos que están por encima de la ya elevada inflación, y que representan una porción cada vez mayor del salario medio.

Lo llamativo, en este caso, es que mientras eliminó subsidios destinados a contener las tarifas que pagan los usuarios, reconoció como “derechos adquiridos” los subsidios a la oferta, como aquellos contemplados en el marco del Plan Gas.
Gracias al Plan mencionado, las empresas privadas recibieron y recibirán miles de millones de pesos. Dentro de las beneficiarias, se encuentran empresas extranjeras, como Wintershall, Shell, Total Energies, o Equinor, y hasta la Corporación Financiera Internacional (IFC, por su sigla en inglés), organismo internacional perteneciente al Grupo Banco Mundial. Entre los jugadores locales más beneficiados por el subsidio durante los últimos años, están Tecpetrol, de Paolo Roca, aportante de la campaña de Javier Milei, que hoy controla a través de hombres de su confianza el directorio de YPF; y CGC, la petrolera de Eurnekian, quien fuera padrino del actual presidente.

Extranjeros que sí

Al derogar el Art. 51 de la Ley 17.319, el proyecto de ley ómnibus habilita otorgar concesiones a personas jurídicas extranjeras. Es decir, empresas de otros países que no tengan ni una sucursal en Argentina. Al igual que lo demostró el mega DNU habilitando una mayor extranjerización de la tierra, la xenofobia es para los pobres. Los grandes empresarios que nos vengan a saquear son "extranjeros de bien".

Las regalías provinciales podrían ser más bajas

Las regalías para las nuevas concesiones, que en la actualidad son de 12%, podrían ser de 15% y un adicional (X). Esa incógnita adicional (X) depende de lo que cada empresa oferte a la hora de presentarse a una licitación para obtener la concesión de un área. ¿Eso significa que las regalías serán mayores al 15%? No. Porque el proyecto explicita que la (X) puede ser negativa. Por ejemplo: 15% + (-7%) = 8%.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Argentina tiene el régimen fiscal que menor proporción de la renta hidrocarburífera captura, en toda América Latina y el Caribe. De aprobarse esta reforma, la captura de la renta por parte del Estado podría ser aún menor.

Almacenamiento subterráneo de gas: más riesgos para el ambiente

El proyecto del ejecutivo regula el almacenamiento subterráneo de gas. Se trata de una técnica nueva, que se autoriza sin presentar evidencia de que no va a contaminar o desatar problemas ambientales. La incorporación de esta técnica viola, desde ya, el principio precautorio de la legislación ambiental.
Entre los riesgos de inyectar gas (en pozos depletados de gas y petróleo, acuíferos o cavernas de sal), están las fugas de gases y explosiones, contaminación de acuíferos y del aire, y la posible inducción de sismos. En EEUU hubo graves accidentes. En 2015 una fuga en el campo de almacenamiento de gas del Cañón Aliso alcanzó las 50 toneladas de metano por hora, tardó 4 meses en cerrarse y afectó la salud de cientos de personas que debieron evacuarse. Según la NASA, una de las mayores fugas de la historia de EEUU. Hay quienes sostienen que las empresas van a hacer todo bien, y que realizarán los estudios correspondientes. Basta preguntar a la población de Sauzal Bonito cuántos sismos provocó Tecpetrol con el fracking en Fortín de Piedra.

Viva el monopolio: más privilegios para transportistas y distribuidoras de gas

Según la legislación vigente, las habilitaciones para el transporte y la distribución de gas tienen un plazo de 35 años. En la actualidad, se podían renovar por 10 más. La nueva ley ómnibus duplica la prórroga: al finalizar, se pueden renovar por 20 años. Hay que tener en cuenta que las habilitaciones vencen en pocos años, por lo que las empresas ya estaban en plan de pedir prórrogas. Esto es un gran regalo para las distribuidoras, como Metrogas, Eco Gas, Camuzzi y Naturgy, o las transportistas como TGS, TGN. Se trata de empresas que, gracias a la política de Milei, incrementaron el valor de sus acciones en dólares en un 190% en pocos meses.
La ley que se reforma (24.076) es la que implementó la nefasta privatización de Gas del Estado. De todas las modificaciones posibles, solo eligieron las que profundizan la herencia menemista. Con esta reforma, una sola empresa (reconvertida) va a tener garantizados 55 años de monopolio de la distribución del gas en determinada región. ¿No era que defendían la libre competencia?

Facultades en materia ambiental: un mono con motosierra

La nueva ley facultaría al Poder Ejecutivo Nacional, con el acuerdo de las Provincias, a elaborar una legislación ambiental armonizada en materia hidrocarburífera.
Quienes voten la ley bases, votarán darle facultades en materia ambiental a un negacionista del cambio climático. Un defensor abierto de la contaminación del ambiente, que alguna vez llegó a plantear que “cuando los recursos como el agua sean escasos, se van a poder privatizar y administrar mejor”. La industria petrolera es altamente contaminante. La técnica del fracking es más agresiva que el convencional: contamina hasta 130 millones de litros por pozo, contamina el suelo, provoca sismos inducidos, incrementa la emisión de gases de efecto invernadero, provoca miles de derrames, incidentes, explosiones, etc. Este gobierno va a hacer todo lo posible para que las empresas hagan lo que quieran sin la más mínima consideración del ambiente.

Frenar esta avanzada colonial

El grueso de los artículos incluídos en los capítulos sobre Energía, implican un conjunto de beneficios para empresas del sector, y perjuicios para el pueblo trabajador. Algunos de los artículos contenidos en versiones anteriores, fueron extraídos del proyecto. Es el caso de la autorización para eliminar los fondos fiduciarios del sector energético, como el de Zona Fría. Sin embargo, al incluir la delegación de facultades en materia energética, no puede descartarse que lo que hoy excluyen del proyecto de ley, mañana lo pretendan implementar por decreto.
De aprobarse el conjunto de esta reforma en el sector energético, se profundizará el saqueo, la entrega y la dependencia, se dificultará aún más el acceso a la energía como derecho para la población, aumentará la denominada “pobreza energética”, y se blindará aún más el carácter fósil de la matriz energética del país.
Hay que derrotar la ley ómnibus en las calles.

Foto de portada: Ignacio Ortiz para Télam