Salud. Enfermeras del Garrahan se plantan y consiguen licencias por grupo de riesgo para Covid-19

Luego de más de 10 días de peleas, reuniones, notas y reclamos las autoridades del departamento de medicina laboral, la gerencia de recursos humanos y el Consejo de Administración del hospital notificaron a la compañera Graciela Rojas que le reconocerán la licencia extraordinaria a ella y a seis compañeras más que estan en su misma situación.

Graciela trabaja en la neonatología del Hospital Garrahan y en el Sanatorio Otamendi de CABA, y es una de las trabajadoras afectadas. Estando licenciada en el Sanatorio Otamendi, la dirección del Garrahan le negó la licencia extraordinaria justificándole solamente una licencia común, desconociendo el certificado de su médica tratante y las medidas tomadas respecto del licenciamiento del personal de salud que constituye grupo de riesgo y personas vulnerables para Covid 19, según consta en la ley 27541, ampliada por decreto presidencial 260/2020, resolución 207/2020 del Ministerio de Trabajo, empleo y seguridad social.

Este es un triunfo más contra la naturalización de que las vidas de las trabajadoras y trabajadores de salud sean un insumo hospitalario descartable más.

Como muchas otras mujeres trabajadoras y jefas de hogar Graciela es afectada por el pluriempleo, única forma de llegar a fin de mes. Como venimos expresando desde La Izquierda Diario la dedicación exclusiva es una forma de salvar vidas en salud, así como la lucha por un salario acorde a la canasta familiar que permita vivir sin el desgaste prematuro de nuestros cuerpos.

El 8 de junio se publicaron los datos del Boletín Oficial que indican que los trabajadores de salud representan el 14,9% de los casos confirmados de coronavirus del país. Pero lo que presentan como una fría cifra para nosotros son compañeros con nombre y apellido, con sus familias y amigos. Lloramos con bronca la muerte por COVID - 19 de María Ester Ledesma del hospital Gandulfo a quien le negaron 6 veces la licencia por grupo de riesgo, contagiando a su hermano y a su madre, que también murió a causa de la enfermedad. El estado y el gobierno de Kicillof son responsables de estas muertes evitables.

Según el último relevamiento del Observatorio de Salud de La Izquierda Diario del 5 de junio fallecieron diez trabajadores, de los cuales cuatro eran mayores de 60 años y los otros seis tenía enfermedades pre existentes, por lo cual todos formaban parte de un grupo de riesgo. Es decir, no tendrían que haber estado trabajando. El estado y el comité de crisis nacional son responsables de esta situación de riesgo para las trabajadoras y trabajadores del país.

Es tal el lamentable récord de infectados entre las trabajadoras y trabajadores de salud, es tal la prevalencia de muertes entre quienes pertenecen a los grupos considerados de riesgo frente a la pandemia del COVID- 19 que el Congreso Nacional tuvo que promulgar la ley que establece el Programa de Protección al Personal de la Salud ante la pandemia de coronavirus, publicada en el Boletín Oficial como Ley 27548, conocida como “Ley Silvio” por Silvio Cufré, el primer trabajador de la salud víctima del coronavirus en provincia de Buenos Aires, que también pertenecía a un grupo de riesgo y tampoco había sido licenciado como correspondía.

En el Garrahan tampoco son sólo casos. Son nuestras compañeras, con las que día a día sostenemos el gigante pediátrico a las que el Consejo de Administración les viene negando la licencia extraordinaria por tener patologías incluidas dentro del grupo de riesgo, como la diabetes tipo 2. Trabajadoras del hospital elaboramos un pedido de informe que presentó Alejandrina Barry, legisladora del PTS en el Frente de Izquierda en la legislatura porteña para que la dirección del Garrahan de respuestas ante este nivel de desidia.

Te puede interesar: Ponen en peligro a trabajadoras del hospital Garrahan por no aceptarles las licencias medicas

Es fundamental que sigamos luchando por equipos de protección personal, porque se cubra la necesidad de personal y se dé respuesta a los reclamos por las estructuras obsoletas. Por hacer reclamos tan básicos el Centro Médico Talar despidió a Ruth Leites y Alejandra Sotelo en forma ilegítima e ilegal, demostrándose una vez más que el DNU del gobierno contra los despidos no es más que un papel mojado. Todo esto mientras el Ministerio de Salud desoyó las denuncias, hay 30 trabajadores infectados por COVID-19 y una de ellas, elegida como delegada por sus compañeros pelea por su vida.

Hoy hubo una movilización en la puerta del centro médico. Jóvenes de la red de precarizadxs unieron sus demandas contra la precarización laboral a la exigencia de la reincorporación de las despedidas y que se entreguen los equipos de protección personal para las trabajadoras de salud. Uno de ellos expresó algo fundamental y es que en ese centro se atienden las familias trabajadoras y populares de la zona. La unidad con nuestros pacientes es fundamental.

Las comisiones de higiene y seguridad que se pusieron en pie como en la neonatología o camilleros del Garrahan, la del hospital Rivadavia, los cuerpos de delegados como el del Hospital San Martín de La Plata pueden estar al servicio de luchar la salud en forma integral. Por un plan de viviendas que resuelva el hacinamiento de los barrios vulnerables. Por la centralización del sistema de salud bajo la égida estatal para poder atender a nuestros pacientes en función de sus necesidades clínicas y no por su poder adquisitivo. El gobierno debería imponer a grupos como BASA, al que pertenece el Centro el Talar y que tiene ganancias millonarias que ponga sus 18 clínicas y sanatorios a disposición de enfrentar la pandemia.

Desde la Agrupación Marrón Clasista en salud venimos apoyando e impulsando en común junto a Nicolás del Caño, diputado del PTS en el Frente de Izquierda que plantea que es necesario afectar las grandes fortunas para hacer un plan realmente de emergencia a la altura de la crisis. Para pelear por un salario de emergencia y que las vidas de millones de familias sean los costos de la crisis social, económica y sanitaria es necesario dejar de pelear separados. Impulsando asambleas interhospitalarias junto a nuestros pacientes, la juventud que no se resigna y otros trabajadores que están enfrentando los despidos y el ajuste. Asambleas donde podamos votar un paro y plan de lucha por el conjunto de nuestras reivindicaciones. UPCN y SUTECBA tienen que dejar de respaldar el discurso de los gobiernos responsables de la crisis. La CICOP, y la FESPROSA a nivel nacional tienen que ponerse al frente de esta tarea. ATE debe romper la pasividad y ponerse a la altura de la situación que estamos viviendo los trabajadores. Es una tarea de primer orden levantar estas exigencias desde cada hospital, sala o centro de atención.