Catalunya. Entra en vigor el decreto por el confinamiento de Lleida

Ante la negativa de la justicia de permitir el confinamiento domiciliario en Lleida y el Segrià, Torra ha aprobado un decreto ley que modifica la ley catalana de Salud Pública de 2009.

Según el decreto, durante 15 días prorrogables se limitará la actividad, el desplazamiento y la prestación de servicios, y necesitará un informe de la Agencia Catalana de Salud.

Esta medida llega después de que la Generalitat había anunciado en la tarde del domingo el confinamiento total de Lleida , además de otros siete municipios de la comarca del Segrià.

Esta medida debía entrar en vigor a las 00.00 del lunes por un periodo de quince días en los que quedaría prohibida la entrada y salida de estos municipios y solo se podría desplazar dentro de la zona confinada por motivos laborales, para abastecerse se de alimentación o para cuidado de personas dependientes, prohibiéndose nuevamente las reuniones de más de 10 personas. Las medidas de confinamiento total se habían adoptado tras constatarse en las últimas 24 horas, 190 nuevos casos de contagios por Covidien-19.

Sin embargo, la juez del juzgado de instrucción 1, tumbó esta orden para considerar estas medidas "desproporcionadas" y que corresponden a "una competencia estatal y se ejerce, además, con la garantía de la intervención del Congreso".

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Lleida es uno de los 120 brotes activos. La gran mayoría de estos brotes están relacionados con puestos de trabajo con condiciones precarias; en el caso concreto de Lleida, a la actividad hortofrutícola, afectando trabajadores migrantes.

El origen de este rebrote se encuentra dentro de empresas agricultoras, entre los jornaleros o temporeros, mayoría personas inmigrantes que trabajan en condiciones de extrema precariedad y sin ningún tipo de higiene ni protección adecuada. Incluso muchos no tienen ningún lugar donde dormir. Pero esta situación no es nueva, y ahora sale a la luz pública porque "si ellos se contagian nos podemos contagiar todos".

La "gestión" de la Generalitat y de los grandes empresarios del agrobusiness sobre la clase trabajadora de este sector es siempre la misma: pagar una miseria bajo condiciones de extrema explotación. Para ello, utilizan todo el peso del racismo institucional, leyes de extranjería mediante, jugando con el chantaje patronal con los "sin papeles" que trabajan sin contrato y sin derechos básicos.