Editorial. Entre el paro de profesores y el llamado “pacto fiscal” del Gobierno de Boric

Al parecer se sigue comprobando el hecho de que nos encontramos en una especie de coyuntura con luchas económicas de las y los trabajadores de carácter parcial, recientemente además del paro de las y los profesores que ya venía siendo anunciado hace unas semanas, se dio una movilización nacional de las trabajadoras de la fundación Integra, en donde los gobiernos de turno tienen directa relación con su gestión y las demandas de las trabajadoras vías ministerios, como el de desarrollo social, por ejemplo. Dicha movilización en Santiago reunió a cientos de trabajadoras alrededor de La Moneda.

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A este hecho se suman además las movilizaciones que ocurrieron desde los comités de vivienda, exigiendo una mejora en el acceso y la calidad de vivienda para ellos y sus familiares, fue una manifestación de carácter simultáneo que la mañana del pasado martes, dejó varios puntos de congestión en la capital. Otro de los objetivos de la movilización era precisamente denunciar el fracaso del Plan Habitacional impulsado por el gobierno de Boric, exigiendo un Plan Habitacional a la medida de las y los pobladores que componen dichos comités y no al de las grandes inmobiliarias que especulan con el llamado “sueño de la casa propia” de los sectores populares y la clase trabajadora.

Aún tímidamente también vienen levantando movilizaciones los estudiantes secundarios de liceos emblemáticos de la comuna de Santiago como el Liceo de Aplicación y el Barros Borgoño, quienes vienen teniendo oposición y criminalización no sólo desde los medios de comunicación tradicionales, sino que también desde el Partido Comunista que dirige la Municipalidad de dicha comuna con la figura de Irací Hassler, que durante su gestión se ha limitado a utilizar las fuerzas especiales de Carabineros y seguridad pública, para atacar a quienes viven del trabajo informal y estudiantes secundarios movilizados bajo la premisa de “atacar la delincuencia e incivilidades” utilizando la misma línea discursiva de la derecha en materia de seguridad.

Paro nacional de 48 horas del Colegio de Profesores.

La semana pasada ya se desarrolló la primera parte de la paralización anunciada por las dirigencias del Colegio de Profesores, con Carlos Díaz Marchant a la cabeza, donde fue una paralización masiva a nivel nacional pero no bastó para cerrar el conflicto con el gobierno, según el CDP son 8 puntos claves los que exigen en este momento de movilización, en los que se encuentran, el pago de la deuda histórica y el pago de las menciones de educadoras diferenciales y educadoras de párvulo. Es por estos dos últimos puntos, que los dirigentes del CDP el pasado Lunes 31 de Julio, hicieron entrega de una carta a Mario Marcel declarando:”que se involucre respecto de lo que son nuestras demandas, y particularmente en esta movilización que llevamos adelante hoy día como Colegio de Profesoras y Profesores de Chile”.

Todo esto último como un guiño al anuncio de Boric, respecto al Pacto Fiscal, que fue anunciado durante la jornada del pasado martes. Por ahora, aún está por verse el curso de la movilización de profesores a nivel nacional, lo que sí es un hecho es que las direcciones del CDP con Carlos Díaz a la cabeza, hasta hora han buscado lograr un paro de profesores lo más controlado posible y sin conflictos convocando solo a movilizaciones en general, sin deliberación ni protagonismo de las bases comunales de las y los profesores, donde sean las asambleas de base quienes decidan el curso de la movilización, los puntos intransables de esta misma, además de cómo y cuándo sentarse a negociar con el gobierno de Boric.

Uno de los últimos anuncios de las y los dirigentes, es que durante la jornada de la mañana del segundo día de este paro de 48 horas, es decir, el día jueves se convoca a realizar asambleas comunales, después de las diversas marchas convocadas para el día miércoles. En la zona central dicha marcha tendrá lugar en la ciudad de Valparaíso, lo que denota la preocupación de los dirigentes de sentarse a negociar en medio de la presentación del pacto fiscal y que en vez de buscar fortalecer la lucha, buscan cerrar el conflicto antes de que avance a una paralización indefinida que se les puede salir de las manos.

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Pacto fiscal: Un “no pacto” en el contenido inmediato, un pacto que sostiene la política económica neoliberal de los últimos 30 años.

La presentación del pacto fiscal, se divide en 6 puntos o proyectos, el primero, un proyecto de ley para combatir la elusión de impuestos. Es este punto el que ya causó crispaciones al interior de la oposición específicamente la UDI, donde por medio de Guillermo Ramírez quién hasta ahora era un nombre totalmente desconocido, Ramírez es “Jefe” de los diputados de la bancada de la UDI, quién ya declaró que “para subir los impuestos no va a contar con nosotros”, defendiendo ferreamente no sólo a los empresarios en general sino, que a ellos mismos, recordemos que el Pdte de la Udi, Macaya pagó una fianza de nada más y nada menos que 150 millones de pesos, por su padre acusado de abuso sexual infantil.

Sabido es que además, que a los empresarios no les gusta que le suban los impuestos, ocupan argumentos que pueden ser considerados fake news, como que el aumento de impuestos afecta la creación de empleos, para crear una política del terror en torno a que quienes tienen más, paguen más. Además tampoco les gusta cumplir lo ya estipulado por ley, en particular aquellos que tienen facilidades para mover sus capitales al extranjero o que tienen negocios multinacionales y que la tributación en Chile, les es completamente favorable.

La propuesta contempla crear un consejo asesor que esté compuesto por expertos, que ayude a la institucionalidad financiera a fiscalizar de mejor manera la elusión y evasión de impuestos para poder recaudar más recursos por esa vía. A este proyecto se le sumaría uno relativo a crear la figura del denunciante anónimo, de tal manera de eximir de sanciones penales a aquel que denuncie o auto denuncie los delitos tributarios.
Los siguientes proyectos o propuestas, se refieren a mejorar y lograr más eficiencia en torno al gasto público, que es parte de la propuesta misma debido a que se desea recaudar 8.000 millones de dólares con este pacto.

El caso de las fundaciones ha sido utilizado por la derecha y los empresarios para condenar el derroche con los recursos públicos, que están trasladando también a la discusión del llamado Pacto Fiscal. Una crítica bastante hipócrita y de autolavado de cara, considerando las carencias materiales reales en salud, educación, vivienda y distintos servicios públicos que requieren de nuevos recursos pero que son precisamente estos partidos del régimen político y los empresarios quienes los niegan, para seguir usándolos en sus especulaciones bursátiles de dudosa rentabilidad para el país y también en la acumulación de sus ganancias, en negocios que establecen con el Estado por medio de la política de concesiones. El gobierno de Boric, se hizo eco de este chantaje de la derecha, haciendo parte este tema o discusión del nuevo pacto fiscal.

También se ve, una tímida alza al impuesto a la renta y aumento del IVA a bienes importados, sería lo que el gobierno pediría a cambio de conceder nuevas transferencias a los empresarios y recortar el gasto público amenazando con nuevas olas de ajuste y precarización de los servicios públicos y de sus trabajadores.

Además, uno de los puntos claves qué queda completamente desdibujado de la propuesta de este pacto fiscal es que no incluye el ámbito educativo, siendo totalmente una farsa el chantaje qué Boric planteó en la cuenta pública de este año, donde dijo textualmente qué tanto la deuda histórica como la condonación del #CAE se encontraban subordinadas a la aprobación de la fallida reforma tributaria y hoy lo deja completamente fuera de su propuesta de pacto fiscal.

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Mientras la UDI se niega a estas propuestas de contenido, Renovación Nacional también se encuentra en ese carro, incluso algunas de sus figuras, han declarado que no es necesario un pacto fiscal, sino que se puede llegar aun acuerdo transversal, en torno a aumentar la PGU (Pensión Garantizada Universal) a $250.000- como prometió Boric, en cadena nacional- pero sin la necesidad de grandes reformas o cambios fiscales. El piso político de este pacto, parece ser endeble, a pesar de las reuniones anteriores entre Marcel y partidos ligados a la ex- Concertación, el gobierno, asociaciones de PYMES y sectores de la burocracia sindical como la CUT, pese a que la propuesta, es precisamente, aún más moderada que la “original” reforma tributaria, donde incluso se renunció a la recaudación de 12 mil millones de dólares, reduciéndolo a 8 mil millones de dólares. Con esta propuesta Renovación Nacional, dialoga con los sentidos comunes que a pesar de todo aún se mantienen desde la rebelión: nada ha cambiado al contrario las condiciones de vida se han recrudecido, sueldos que no alcanzan y una de las mayores herencias del neoliberalismo que continúan indignando a la población como lo son las pensiones de hambre.

Pese a esto, en lo que sí hubo acuerdo, fue la aceptación transversal de los fundamentos de la política fiscal neoliberal, llevada adelante por el régimen de los últimos 30 años. Esto en los aspectos políticos e ideológicos, ya es una victoria para la derecha y el régimen político de conjunto, sin oposición, ni tampoco reparos del Frente Amplio y el Partido Comunista, todo lo contrario son los impulsores, en conjunto con sus burocracias sindicales en el proceso de discusión y de presión por abajo ahora en su implementación concreta.

Como es el caso de las dirigencias del CDP, en donde quieren utilizar a los profesores de base como un sector de maniobra para negociar con el Congreso y el gobierno las implicancias de este Pacto Fiscal, cediendo así al chantaje de Boric, de que sin cambios tributarios no se paga la deuda histórica.

En medio de la crisis educativa y la arremetida de la derecha contra la movilización docente hipócritamente enarbolando la frase “los niños primero”, cuando Piñera fue quién favoreció el mercado y desigualdad en educación, potenciando a los privados, reduciendo presupuesto para Junaeb y aprobando la ley que dejó Bachelet, de traspaso a los SLEP que han precarizado aún más la labor docente y abierto paso a los despidos. Además de haberse implementado en su gobierno la nefasta ley de Aula Segura. Es necesario impulsar las asambleas de base por comunales, pero también levantar un frente educativo y de sectores movilizados, la derecha lo que quiere hacer es separar a profesores de apoderados, haciendo una enorme campaña contra los profesores partiendo por el mismo Piñera. No podemos caer en esa trampa. Quién mejor que profesores, trabajadores, estudiantes y apoderados para saber lo que pasa en la educación y las aulas, la derecha y los políticos del régimen no tienen idea, solo se llenan la boca de discursos qué sólo buscan cultivar sentidos comunes en contra de la educación pública.

Es necesario que este frente educativo convoque a asambleas de base, encuentros y congresos educativos, para discutir las necesidades de la población, plantear salidas a la crisis educativa y como enfrentar las medidas del gobierno. Es fundamental que parta ya convocando en común con Integra, y también con los pobladores qué vienen movilizándose y poniendo en agenda la situación de la vivienda.

Todo esto implica ir más allá de las demandas gremiales de los profesores. Las actuales direcciones del CDP solo quieren circunscribir el debate y las demandas a eso, para incidir en la negociación entre el gobierno y la derecha.