JUBILACIONES DE PRIVILEGIO. Entre el show de Cambiemos y el relato del Gobierno: la pelea por el Poder Judicial

La antesala a la bochornosa actuación de los diputados en el Congreso con la oposición de Juntos por el Cambio al proyecto que modifica el régimen jubilatorio especial de jueces, fue poner el grito en el cielo y agitar la jubilación en masa de los magistrados. Sin embargo, en el transcurso de la sesión de Diputados, que resultó en la media sanción, quedaron claras dos cosas: hay una disputa entre oficialismo y la oposición macrista con grandes cuotas de show, y detrás hay una gran negociación de poder político para hacerse del Poder Judicial.

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Juntos por el Cambio retomó su rol de defensor de los pobres e indefensos jueces, al querer negociar una cláusula que fue rechazada, por la cual mantendrían los beneficios jubilatorios actuales aún sin el trámite iniciado, y así evitar un supuesto éxodo masivo y la anomia en el Poder Judicial. Habiendo fallado la negociación con el bloque oficialista, aparece la segunda maniobra de defensa. El anuncio de que interpondrían un recurso judicial cuestionando el quórum, a raíz de la aparición de Scioli. Todas iniciativas y maniobras para negociar condiciones que defiendan los privilegios de la casta judicial.

Frente a la jugada política de conseguir quórum con la presencia de Scioli, Juntos por el Cambio anunció que haría la impugnación judicial. Es decir, pedir al Poder Judicial, la misma casta que es el sujeto del debate, que determine la legitimidad de la sesión, donde se debaten cambios en sus privilegiadas jubilaciones. Un mecanismo excelente para garantizar no se cuestionen siquiera un centímetro sus privilegios.

Este show ayudó a darle más entidad a la cortina de humo del gobierno, que busca utilizar la iniciativa para disfrazarse de Robin Hood (con una mentada “solidaridad” que no se le pide a los grandes empresarios) mientras en realidad pasa el ajuste a los jubilados y recibe la auditoría del FMI la próxima semana. El símbolo de estar poniendo en debate lo que ganan los jueces, con sumas irrisorias para cualquier trabajador y jubilado, cuando la mayoría del pueblo trabajador sigue ahogado en la recesión, sirve para alimentar un nuevo relato de gobierno.

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La izquierda, que tomó gran repercusión en el debate y los medios a través de las palabras de los diputados del FIT Nicolás Del Caño y Romina Del Plá, dejó en claro que no es un proyecto que cuestione los enormes privilegios que tienen los jueces, y ni se propone debatir las rentas vitalicias de ex presidentes, vicepresidentes, jueces de la Corte Suprema y la curia eclesiástica también sostenida por fondos estatales.

Sin embargo, detrás del humo y los shows del Congreso, hay una batalla de baja intensidad -aún- con diversos frentes abiertos entre el gobierno y la oposición macrista respecto el Poder Judicial, desde la asunción de Alberto y Cristina Fernández.

Abierta la posibilidad de designar jueces federales -con el fallecimiento de Bonadío-, la propuesta de Daniel Rafecas como Procuración General de la Nación pendiente de tratamiento en el Senado, la intervención del Poder Judicial de Jujuy, el proyecto para modificar las prisiones preventivas en casos de corrupción, la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia como parte de una supuesta reforma judicial que tendería a separar a los servicios de inteligencia del armado de causas judiciales, pero que aún no ve la luz. Ahora Ocaña y Tonelli afirmaron que el proyecto aprobado este jueves deroga un artículo que permitía que los jueces jubilados sean llamados a cumplir subrogancias y habilita al Gobierno a nombrar conjueces.

A esos frentes el Gobierno sumó este proyecto; tener la iniciativa y poner en cuestión el régimen de jubilaciones es una nueva carta de negociación y de reubicación política para un Gobierno que tiene un incierto rumbo por delante, atado a la negociación de la deuda externa.

En el fondo no se trata sólo de algunas causas de corrupción, sino el rol fundamental que está teniendo el Poder Judicial en sostener o voltear candidatos, partidos políticos e incluso gobiernos, como se vio recientemente en Brasil, pero siempre a medida de los requerimientos del imperialismo yanqui y los grandes empresarios. Una pulseada que continuará seguramente, pero donde ni el Gobierno ni Juntos por el Cambio buscan terminar con una casta judicial ajena de lo que viven los trabajadores y mayorías populares, sino tenerla de su lado.