Nuevo asalto de la ofensiva “españolista”. A la prohibición de la entrada con banderas estelades a la final de la Copa del Rey, se le suma ahora la investigación, por parte del Supremo, de Francesc Homs por el 9N.
Arsen Sabaté Barcelona | @ArsenSabate
Jueves 19 de mayo de 2016
Foto: EFE
El F.C. Barcelona y Sevilla C.F. disputarán este domingo uno de los partidos más importantes del fútbol español, la final de la Copa del Rey. Miles de aficionados se desplazarán, en este caso a Madrid, para animar a sus equipos.
Como siempre en el fútbol, días antes del encuentro, los medios de comunicación empiezan a calentar motores con infinitas previas y análisis de los equipos. Sin embargo, el pasado miércoles todos los medios se hacían eco de otra noticia: la prohibición del acceso al estadio Vicente Calderón con banderas estelades.
Efectivamente, para evitar que se repita la imagen del año pasado - en la que miles de aficionados del Barça y del Athletic de Bilbao llenaron las gradas de esteladas e ikurriñas y brindaron una monumental pitada al himno español en presencia del Rey Felipe VI - el Gobierno, ahora en funciones, ha decidido implementar este brutal ataque a la libertad de expresión.
La decisión de la Delegada del gobierno español en la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, da órdenes expresas al dispositivo policial de 2.500 agentes de la Policía Nacional destinado al evento, para registrar en la entrada del estadio a todos los aficionados del Barça y del Sevilla y confiscar cualquier cuatribarrada que porte estrella. Una estampa que no puede más que recordarnos a la Dictadura franquista y su guerra contra la senyera o la ikurriña.
Un atentado más contra las libertades democráticas más básicas, que va en el mismo sentido que toda la ofensiva represiva que viene impulsando el Gobierno en estos últimos años y que tiene su máxima representante en la entrada en vigor de la Ley Mordaza en junio de 2015. En este caso además, enmarcada en la ofensiva contra el derecho a decidir que el mismo PP, con el apoyo del PSOE y Cs, viene desarrollando desde la remergencia de la cuestión catalana en septiembre de 2012.
El Gobierno pretende amparar su decisión en el artículo 28 del Real Decreto 203/2010 de prevención de la violencia, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Un artículo que expone que “para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales, los organizadores dispondrán del personal y los medios adecuados para impedir a los asistentes la introducción o tenencia en el recinto de pancartas, símbolos o emblemas que impliquen una incitación a la violencia, al racismo o la xenofobia”. Es decir, considerando que la estelada incita a la violencia.
Dejando el balón a un lado, la ofensiva españolista contra Catalunya no ha tenido este episodio solamente. El otro ha venido, como muchos de ellos, de la mano de la alta judicatura del Régimen del 78. Se trata de la imputación de Francesc Homs, ex-conseller de Presidencia con Artur Mas, por parte del Tribunal Supremo.
El que repetirá el cabeza de lista por DiL en las próximas elecciones del 26J es investigado por delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos en relación a la consulta del 9N de 2014, en la que participaron más de dos millones de personas. Una acusación que se suma a las causas abiertas contra el ex-President Artur Mas, y sus dos conselleras Joana Ortega e Irene Rigau.
La Fiscalía sustenta la acusación en que el ex-consejero mandó una carta a la empresa de telecomunicaciones T-Systems, para que siguieran adelante con la puesta a punto de los ordenadores que se utilizarían en los colegios electorales tras la suspensión del Tribunal Constitucional. En una declaración judicial voluntaria el pasado 7 de marzo, el propio Homs aseguró que “la Fiscalía tiene intenciones políticas y que está al servicio del Gobierno español”.
Se trata de los dos últimos episodios de la lucha sin cuartel que viene llevando adelante el PP, el PSOE y Cs, junto a las principales instituciones del Régimen del 78, contra las libertades y símbolos que representan las aspiraciones y reivindicaciones democráticas de cientos de miles de catalanes. Una ofensiva que, con altibajos, se mantiene constante desde 2012 y que dejan al desnudo la imposibilidad de que el derecho a decidir pueda conseguirse por una vía diferente que la ruptura con este régimen podrido y sus principales agentes.
