La lucha por obtener una cuota de justicia en los crímenes de lesa humanidad, no cesa. El 4 de febrero del año 1982, la dictadura de Galtieri secuestraba a Ana María Martínez, una joven obrera metalúrgica y militante del PST, en la localidad de Villa de Mayo. La Comisión de Familiares y amigos de Ana María, luego de luchar durante 36 años, estuvo presente este jueves en el Tribunal Oral Federal N° 1 de San Martín. Carmen Metrovic y Carlos Titín Moreira, quienes son parte de la Comisión, dialogaron con La Izquierda Diario. En la provincia de Mendoza la lucha contra los genocidas y apropiadores de bebes, tampoco cesa. Este viernes comenzó el juicio por la apropiación de Claudia Domínguez Castro, nieta de la fundadora de Madres en Mendoza, María Domínguez, quien recuperó su identidad en 2015. Las jornadas de diciembre tuvieron como protagonista a miles de jóvenes, mujeres trabajadoras y trabajadores, que en forma solidaria se movilizaron para exigir que no se apruebe la ley de Reforma Previsional. El Gobierno de Cambiemos envió fuerzas represivas para desmovilizar a esa enorme fuerza que salió a las calles. Luego detuvieron a decenas de manifestantes, y otros fueron internados por las balas de goma y los gases. Ahora el Poder Judicial demuestra una vez más que esta junto al gobierno para criminalizar la protesta. Daniel Ruiz se encuentra detenido en el Penal de Marcos Paz por haber participado de las protestas del 18 de diciembre. Desde su lugar de detención envió una carta pública para denunciar su situación.
En Jujuy Milagro Sala, dirigente de la Tupac Amaru, cumplió este viernes 1.000 días privada de su libertad, condenada en una causa y procesada en otras. Se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria en su casa de El Carmen, Jujuy. Ayer se conoció también un informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, divulgado por la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos).
Allí se incluyen distintos informes sobre la causa, el estado de la detenida así como los reclamos llevados adelanto por la APDH, la CIDH y diversos organismos de derechos humanos.
Myriam Bregman, legisladora del PTS-FIT, sobre esta detención ayer dijo "es una causa armada e ilegal donde la principal acusación era manifestarse contra las políticas de hambre del gobierno fue el punto cúlmine de una enorme cantidad de ataques a las libertades democráticas en la provincia de Jujuy y en gran parte del país".
También en Jujuy. Un juez avanza nuevamente en el juicio contra estudiantes que se movilizaron en reclamo a que no cierren institutos educativos. El proceso está hecho a la medida del gobernador Morales, que insiste en criminalizar la protesta social. En Mendoza, el pasado 25 de septiembre la referente del FIT Noelia Barbeito y Raúl Levrino, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Capital, debatieron en un programa televisivo sobre la legitimidad de las movilizaciones. Allí tuvieron un fuerte cruce, allí Levrino aseguró que "las mujeres hablan mucho", descalificando las opiniones de Barbeito. Tras el debate, Noelia Barbeito fue notificado de una gran cantidad de multas por movilizarse junto a su partido el PTS-FIT. La libertad de expresión y de movilización, te la debo. El senador Carlos Menem continúa gozando de impunidad. Fue absuelto en la causa por el contrabando de armas a Perú y Croacia que se realizó bajo su gobierno. Sigue abierto el proceso penal por la voladura de la fábrica Militar de Río Tercero. Con la intención de ocultar la falta de armas, el 3 de noviembre de 1995 provocan la explosión de la fábrica militar, donde murieron siete personas e hirió a trescientas. Patricia Bullrich sigue en pie de guerra contra las organizaciones sociales. Esta vez declaró que “muchos movimientos sociales permiten el narcotráfico como un mal menor”. La versión de la ministra de Seguridad es que “la relación entre los punteros políticos de las villas y el narco es muy estrecha, muchas veces es el mismo”, sostuvo. En un mismo acto calificó de punteros a los dirigentes sociales y ocultó que quienes tienen poder territorial son los uniformados. Ese poder les permite organizar el pequeño y gran delito.
Si la ministra quisiera combatir el narcotráfico tendría que derrumbar los mecanismos financieros que permiten el blanqueo de capitales de los empresarios y políticos asociados con los señores del narco, expropiando y nacionalizando todas sus propiedades y sus cuentas bancarias. No es la única medida que podría tomar para acorralar este negocio criminal. Esta semana la ministra de Seguridad pasó por la Bicameral de Seguridad del Congreso Nacional. Allí no rindió cuenta de los crímenes que protagonizan los uniformados que conduce, y en cambio habló de una “ideología de estigmatización automática hacia las fuerzas” y se jactó de que su gestión “redignificó” a los uniformados. Por la masacre de Once condenaron a Julio De Vido a 5 años y 8 meses de prisión. Al ministro de planificación durante la era k se lo juzgó por “delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y estrago culposo seguido de muerte”. En el crimen social de Once 51 personas perdieron la vida. En la Ciudad de Buenos Aires una vendedora ambulante, María Barrechea, murió luego de ser atropellada por un colectivo mientras cruzaba corriendo. La perseguía la Policía, la que les suele robar la mercadería que tienen para vender. La responsabilidad máxima es del Jefe del Gobierno de la Ciudad Horacio Rodriguez Larreta, que les impide a este sector precarizado poder sobrevivir con la venta ambulante. En La Pampa un joven de 21 años fue detenido por la Policía Federal (PFA) por "amenazar" vía Facebook al presidente Mauricio Macri y a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. La celeridad con la que actuó en este caso el Gobierno nacional contrasta con la actitud oficial con respecto a las miles de amenazas dirigidas a los diputados del PTS/FIT Nicolás del Caño y Myriam Bregman. Un caso de gatillo fácil en Salta, con resultados pocos habituales. El cabo de la Policía de Salta, Juan Carlos Cardozo, recibió una condena a cadena perpetua. Fue luego de una lucha incansable de familiares, amigas y amigos de Nahuel, y de organismos de derechos humanos de la provincia. Otro caso de gatillo fácil que termino en cadena perpetua. Un sargento de la Policía de la Provincia de Buenos Aires mató a dos pibes inocentes en 2014.
El bonaerense Ricardo Rodríguez mató a Augusto Abal (15 años) y a Lucas González (20) mientras perseguía en un auto particular a supuestos “delincuentes” en Pablo Nogués. Un operativo irregular, y un juicio donde la Policía plantó pruebas. Finalmente el sargento fue condenado a cadena perpetua.
