¡ALTO A LA REPRESIÓN POLICIAL! ¡ABAJO LA INSTRUMENTALIZACIÓN OFICIALISTA Y GOLPISTA! Entre la brutal represión policial y la disputa por las dirigencias: lo que expresa el conflicto cocalero

El conflicto de los cocaleros de los Yungas de La Paz no es nuevo, antes con el Gobierno de Evo Morales y hoy con el de Luis Arce, la continuidad está en los intentos gubernamentales de imponer a este sector una dirigencia afín al MAS lo que significa descabezar cualquier dirigencia opositora. Los intereses están en disputar el control de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) cuya sede, el mercado legal de venta de coca, está en la zona de Villa Fátima de La Paz.

No olvidemos cómo el 2018 y 2019, con Evo Morales a la cabeza, se llevaron adelante fuertes operativos policiales, encarcelando al entonces dirigente opositor, Franklin Gutiérrez para imponer una dirigencia masista y tomando por la fuerza la sede de la (ADEPCOCA). Esto permitió no solo acumular la bronca de los cocaleros contra el Gobierno sino que fueron rápidamente cooptados por el golpismo y siendo entonces parte del “rostro popular” del que los pititas barnizaron de “popular y democrático” su movimiento. Como quedo claro, este no fue otra cosa que la base social del golpe que, además de las torturas, persecución y detenciones, dejó a casi 40 familias en luto tras las masacres de noviembre de 2019.

Lejos de haberse cerrado el conflicto, éste ha vuelto a reavivarse. Hoy se disputan el control del mercado cocalero 2 sectores. Uno es el sector mayoritario, opositor al Gobierno, a la cabeza de Armin Lluta, como se ha evidenciado en la capacidad de movilización y resistencia las últimas semanas. El otro, es el sector oficialista, a la cabeza de Arnold Alanez que según el gobierno habría ganado las elecciones, pese a que pareciera que el único respaldo con el que cuenta es el de las fuerzas policiales.

Hace casi dos semanas, el lunes 20 de septiembre en la madrugada, se produjo la toma violenta de la sede de ADEPCOCA por parte de dirigentes afines al Gobierno junto a efectivos policiales, desalojando brutalmente a quienes se encontraban al interior de la sede. Esta arremetida buscaba imponer a Arnold Alanez como nuevo dirigente de Adepcoca.

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A partir de ese momento y hasta el jueves 30 de septiembre en la noche, cuando el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, se habría desmarcado de Alanez, estableciendo una tregua tácita, lo que se vivió fueron días de una brutal represión policial afectando a vecinos y vecinas de la zona que sufrieron las gasificaciones. Un domicilio se incendió por un artefacto que fue lanzado por la policía según testimonio de los propietarios de la vivienda. También la gasificación afecto al hospital San Francisco de Asís donde además fueron evacuados varios de los heridos afectados por este conflicto.

La represión policial también afectó fuertemente a niños, niñas así como a personas mayores lo que motivó que vecinos y vecinas de zonas aledañas hicieran barricadas para que la policía no tenga acceso a sus zonas. Así los vecinos y vecinas, enfurecidos y con gran indignación, exigieron que la policía se retire.

En este video se recogen testimonios de vecinos que repudian la violencia policial en el marco del conflicto de Adepcoca.
Fuente: Recopilación de testimonios e imágenes difundidas en redes sociales (Wara Noticias, Radio Noticias Los Yungas, otros).

Por su parte, los productores y productoras de coca señalaban que seguirán en pie de lucha hasta que se les devuelva la sede de Adepcoca enfatizando que les pertenece. Se trata de la gran mayoría de productores de las zonas tradicionales, como Coroico, Coripata, la Asunta, etc., que exigen el respeto a sus instancias orgánicas y rechazan la instrumentalización impulsada desde el Gobierno, de imponer a dirigentes afines a su gestión, en este caso Alanez, al frente de las organizaciones sindicales. Esto motivó a que se forme un comité de autodefensa de productores de coca. Este comité de autodefensa fue constituido por 6 dirigentes, elegidos en una masiva asamblea realizada en Coripata el miércoles 22 de septiembre.

En este escenario, el Gobierno a la cabeza de David Choquehuanca que se encontraba como presidente en ejercicio, Luis Arce estaba en la ONU, convocó a un “diálogo para la pacificación”, en instalaciones de la vicepresidencia el sábado 25 de septiembre, pero fue un rotundo fracaso. El comité de autodefensa, a la cabeza de Wilder Vargas, luego de más de 5 horas de “diálogo”, denunció que ninguna de sus demandas fueron atendidas. En primer lugar exigían la recuperación del mercado de Adepcoca y la renuncia de los ministros de Gobierno y de de Desarrollo Rural.

Así, la política de instrumentalización, cooptación y de dividir a las organizaciones sociales y sindicales del MAS está haciendo que el sector cocalero se radicalice y alimentando más odio y resentimiento contra el Gobierno. Para colmo, luego de la brutalidad policial y de la abierta injerencia estatal, el ministro de Gobierno, Del Castillo, tiene el descaro de declarar que se trata de un conflicto privado, que la policía solo resguarda el mercado de coca y que no apoyan a ninguna facción. En sus palabras: “Este Gobierno no está apoyando a ninguna persona de Adepcoca, lo que está realizando es el resguardo de las inmediaciones del municipio de La Paz; estamos evitando un enfrentamiento que pueda derivar en hechos luctuosos dentro de nuestro municipio, (…) evitando que dos bandos se enfrenten, estamos cuidando la vida y la seguridad de todos y cada uno de los bolivianos en todo el territorio nacional”.

Pero fue tal la brutal represión policial que la defensora del pueblo, Nadia Cruz, tuvo que pronunciarse en una reciente de prensa, el jueves 30 de septiembre por la noche, y denunciar el accionar policial por el uso indiscriminado de gases lacrimógenos. Señaló que este conflicto estaría dejando un saldo de 25 personas heridas (32 heridos informaba el Diario El Deber) y la detención de 9 mujeres y 60 varones de los cuales 10 aún continúan en celdas policiales, en calidad de aprehendidos.

En este escenario la vigilia de las y los productores de coca continúa en los alrededores de las instalaciones del mercado de coca y el comité de autodefensa de Adepcoca, convocó a una asamblea general este lunes 4 de octubre para evaluar la convocatoria a nuevas elecciones.

El MAS allana el camino para el reagrupamiento golpista

La derecha golpista está encontrando en este escenario el mejor momento para rearticularse. Es la responsabilidad del MAS, con sus sistemática política de cooptación de las organizaciones sindicales y sociales, de dividirlas buscando controlarlas a partir de imponer dirigencias afines lo que, una vez más, está allanando el camino al reagrupamiento de la derecha. Esto lo vemos no solo a partir del conflicto cocalero sino también con la marcha indígena cuyas demandas legítimas respecto del respeto a su territorio está permitiendo que el clerical empresario y actual gobernador de Santa Cruz, tome la dirección política de esta marcha hablando a nombre de la “defensa del territorio” al servicio de la agroindustria y tratando a los indígenas como a sus pongos. Camacho sin “necesidad” de disimular hace gala de un abierto racismo y paternalismo, al más viejo estilo de la oligarquía colonialista.

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Así mismo, los derechistas comités cívicos, instituciones que aglutinan intereses clericales, a las plataformas ciudadanas, intereses empresariales, etc., se están reagrupando. Este viernes, 1 de octubre, el movimiento cívico a la cabeza del presidente del comité pro cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, se reunieron en Potosí. En este encuentro se declararon en “emergencia” y en “pie de lucha” y convocaron a una cumbre nacional “por la unidad y defensa de la libertad y la democracia en contra de la dictadura masista” este lunes 4 de octubre. No solo esto sino que también llamaron a una “gran marcha” para el 10 de octubre, día de la “Democracia” y se suman al paro nacional movilizado, convocado por el sector gremial, el 11 de octubre.

En la misma línea, los golpistas de la CONADE (Comité Nacional de Defensa de la Democracia), a la cabeza de la religiosa Amparo Carvajal, que no tardó en trasladarse a la marcha indígena adjudicándose la representación de la misma, también convoca para la cumbre derechista de este 4 de octubre que se llevará a cabo en Santa Cruz.

Detrás del slógan de defensa de la “democracia” todo este escenario está posibilitando que los sectores golpistas empiecen a construir un “pliego único de demandas”, aprovechando para intentar construir un bloque político que se opone a las leyes de investigación de ganancias ilícitas, de derechos reales, de ascensos policiales y otras. Quiénes de manera abierta representan los intereses empresariales y agroindustriales hoy hablan de “derechos humanos” y se arrogan las banderas de la defensa del territorio de y de los recursos naturales. Esto, una vez más, es responsabilidad del MAS.

Por una camino independiente: ¡autoorganización, desde abajo, con independencia política urgente!

Los productores de la hoja de coca se encuentran ante un gran desafío: si permiten que la derecha golpista logre convertirse en la dirección política de su movimiento, perderán el respaldo de gran parte de la población que rechaza la instrumentalización del MAS sobre la sede de Adepcoca pero que no está dispuesta a aceptar que estas legítimas demandas sean aprovechadas por los golpistas de noviembre de 2019.

La delimitación clara con la CONADE y diversos representantes de la derecha se hace fundamental para derrotar la manipulación del MAS de las organizaciones sociales que se realiza con ayuda policial.

Creemos que es urgente empezar a transitar un camino independiente no solo del oficialismo sino de la oposición golpista. Impulsar la autoorganizacion, desde abajo, y alentando impulsando la unidad con las y los vecinos de Villa Fátima y Villa el Carmen, y convocando a los trabajadores y trabajadoras asalariados es fundamental para evitar que las demandas y la lucha de las y los cocaleros sea instrumentalizada.

La recuperación de la demanda de libre producción, comercialización e industrialización de la coca es fundamental para terminar con el carácter corporativo de la demanda, y transformar la lucha actual en una genuina lucha antimperialista que ponga fin a la Ley 1008 y a todos los dictados internacionales sobre el país en materia de cultivos.

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Dicho en otras palabras, es necesario desempolvar la vieja demanda de los sectores radicalizados del movimiento cocalero de los años 90, que como ya señalamos no es otra cosa que la libre producción, comercialización e industrialización de la hoja de coca. Esta demanda choca directamente con la injerencia imperialista pero también va dirigida contra el Gobierno de Arce que junto a la oposición golpista comparten un marco común que es el de respetar los dictados internacionales descargando todo el peso de la lucha contra el narcotráfico en las espaldas de campesinos, campesinas y productores de coca, producción de la que depende su economía familiar.

Es urgente el pronunciamiento de organizaciones sindicales, campesinas y obreras, exigiendo el fin de la represión policial sobre las y los campesinos de los yungas paceños y abriendo la discusión sobre la urgente necesidad de imponer mediante la movilización de todo el pueblo trabajador el libre cultivo y comercialización de la coca para acabar con el negocio de los de arriba, de los que se enriquecen dividiendo las luchas y demandas de los de abajo.