La polémica sobre la venta de armas del Estado español a la dictadura saudí para masacrar al pueblo yemení. El corporativismo reaccionario de las burocracias sindicales. El falso dilema entre “paz o pan” de la izquierda reformista. Una política de independencia de clase y un plan de emergencia para Navantia.
Diego Lotito @diegolotito
Viernes 14 de septiembre de 2018
Foto: EFE
En los últimos días la crisis entre el gobierno español del PSOE y la reaccionaria monarquía saudí ha ocupado las portadas de todos los periódicos. El detonante fue el anuncio del Ministerio de Defensa del PSOE de que estaba evaluando suspender la venta de 400 bombas de precisión a Arabia Saudí, ante lo cual la monarquía saudí amenazó con paralizar, como represalia, el contrato de cinco corbetas que se iban a fabricar en el Astillero Navantia en la Bahía de Cádiz. La crisis estaba servida para el gobierno de Pedro Sánchez, a poco de cumplir sus primeros 100 días en La Moncloa.
En el ínterin, los sindicatos mayoritarios en Navantia (CCOO y UGT) se manifestaron reclamando que se garanticen los contratos y la carga de trabajo, sin cuestionar el hecho de que ese equipamiento, junto con las 400 bombas, será probablemente utilizado para continuar con la masacre sobre el pueblo de Yemen. Y tanto la presidenta de Andalucía, Susana Diaz, como el alcalde de Cádiz, José María González, “Kichi”, han respaldado esa postura. Kichi llegó a afirmar que entre la “paz” y el “pan”, había que elegir el “pan”.
Finalmente, el gobierno del PSOE ha asegurado que la construcción de las corbetas no corre peligro y que seguirá vendiendo armas a los saudíes, continuando con las políticas del gobierno del PP, bendecida por las buenas relaciones entre la monarquía española y la saudí. Arabia Saudí es el quinto mayor cliente armamentístico del Estado español. Sólo en los últimos tres años se vendieron armas por un valor de 728,5 millones de euros, entre las que se encuentran las 400 bombas, por valor de 9,2 millones de euros. El contrato de su venta fue firmado en 2015 por el entonces gobierno de Mariano Rajoy.
Este jueves el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, defendió la venta de las bombas y la justificó diciendo que eran “de precisión”, por lo que en su uso no habría “daños colaterales”. El colmo del cinismo guerrerista.
En Yemen se está desarrollando una masacre desde hace tres años por parte de la coalición militar liderada por Arabia Saudí, con el bombardeo sistemático de la población civil. A principios de agosto, el bombardeo saudí a un autobús ocupado por niños dejó el saldo de más de 40 menores muertos. Desde que comenzó la guerra han muerto más de 2.400 niños, mientras más de 3.600 han resultado heridos, con permanentes ataques contra escuelas y hospitales. Se calculan en más de 15.000 las víctimas civiles. Una verdadera masacre.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU denuncia crímenes de guerra, torturas, violaciones y bombardeos en zonas residenciales. 20 millones de personas en Yemen tienen serias dificultades para acceder a alimentos y agua, algo que el bloqueo de la coalición encabezada por Arabia Saudí refuerza cada día. Y lo seguirá haciendo con las corbetas fabricadas en Cádiz y las bombas “de precisión” que el Estado español venderá a la monarquía saudí, gendarme del imperialismo norteamericano y europeo en Medio Oriente, financiadora del terrorismo yihadista y uno de los regímenes más reaccionarios del planeta.
El corporativismo reaccionario de la burocracia de CCOO y UGT
El pasado viernes, el Comité de Empresa de Navantia-San Fernando, controlado por CCOO y UGT, llamó a la movilización a una parte la plantilla a “luchar con uñas y dientes” por que se cumpla el contrato de construcción del astillero estatal con Arabia Saudí para la construcción de cinco corbetas.
De este modo, la burocracia sometió a la plantilla de Navantia a un chantaje inaceptable: decidir entre oponerse a las bombas asesinas o “defender los puestos de trabajo”, conduciéndola a una manifestación reaccionaria. Porque no toda movilización obrera es progresiva. Las burocracias sindicales son expertas en luchar por intereses corporativos, separando a la clase obrera. La mayoría de las veces estas manifestaciones de lucha, aunque parciales, son por objetivos progresivos. Pero otras no lo son, especialmente cuando la clase trabajadora se subordina a los intereses de los capitalistas (la defensa de la “industria nacional” junto a los patrones) o a los discursos reaccionarios (por ejemplo, contra los inmigrantes).
Este es el caso de la manifestación de una parte de la plantilla de Navantia organizada por CCOO y UGT para exigir que se cumplan los contratos con Arabia Saudí. Una manifestación de contenido reaccionario, en la que ni siquiera se han pronunciado simbólicamente en contra de la venta de bombas a una dictadura asesina que va a utilizarlas contra la población de Yemen. Esta posición sólo puede ir en contra de los intereses de la clase obrera de conjunto y la solidaridad internacionalista con los pueblos oprimidos.
Afortunadamente, esta posición ha sido contestada desde distintos sectores organizados del movimiento obrero. En un comunicado de las Secciones Sindicales de Autonomía Obrera y CGT del Hospital “Puerta del Mar” se rechazan las manifestaciones “por su gravísimo contenido insolidario y belicista, ya que lo único que, en última instancia, se persigue con ellas es imponer al gobierno central un cambio de postura en su decisión de anular la venta a Arabia Saudí de un pedido de 400 bombas de precisión laser por el temor a que ello pudiese implicar la anulación por ese país del contrato firmado en julio para la construcción de cinco corbetas.”
Trabajadores de Navantia Ferrol/Cádiz, agrupados en Ganemos CCOO -corriente interna de CCOO-, también se han pronunciado en un comunicado, a favor de defender los empleos del astillero, “pero no a costa de armar a dictaduras asesinas”.
Los trabajadores y trabajadoras del sector naval deben luchar firmemente en defensa de sus puestos de trabajo, contra la precariedad y condiciones dignas de trabajo, pero con una posición de independencia de clase y no a remolque de la política imperialista del gobierno del PSOE y sus socios de la reaccionaria monarquía saudí que está perpetrando un genocidio contra el pueblo yemení.
Para ello deben superar a las burocracias sindicales como los dirigentes de los dirigentes de CCOO y UGT en San Fernando, que hoy se ponen la camiseta de la “defensa del empleo”, pero el pasado 13 de junio se unieron a la patronal contra la gran huelga del metal en la Bahía de Cádiz.
La escandalosa posición del alcalde “anticapitalista” de Cádiz
Pero no ha sido solo la conservadora burocracia sindical de CCOO y UGT la que ha salido a defender los contratos de Navantia con la dictadura saudí. En un programa de La Sexta, el alcalde “anticapitalista” de Cádiz, José María González Santos, ‘Kichi’, dio una muestra de pragmatismo extremo, defendiendo el contrato del astillero estatal con Arabia Saudí, con afirmaciones increíbles para alguien de izquierda, diciendo que los barcos “si no los hacemos nosotros, los harán otros” y que “entre defender el pan o la paz”, había que defender el “pan”.
El Diario.es lo cita completo: "El contrato (de Navantia con Arabia Saudí) me parece necesario. Significa trabajo y nosotros somos constructores de barcos, lo hemos hecho desde la época de los fenicios. En Arabia Saudí los derechos humanos no son respetados y estoy en contra de eso, pero mientras, ¿qué comemos? Hoy en día soy alcalde de esta ciudad y la responsabilidad es mirar por el interés de sus vecinos y la construcción de los barcos no va a acabar con la guerra en Yemen. Si no los hacemos nosotros, los harán otros. Quién me iba a decir que iba a defender un contrato de Navantia con Arabia Saudí, pero hay que ver la situación real de las familias de Cádiz".
Que el PSOE defienda la política de venta de armas a Arabia Saudí haciendo caso omiso de los más elementales principios de defensa de los derechos humanos no puede sorprender a nadie, pero que el alcalde de Podemos y dirigente de la corriente Anticapitalistas defienda esta posición es espantoso.
Toda la tradición histórica de la izquierda socialista y anticapitalista ha sido la de luchar contra la opresión de un pueblo sobre otro, un principio que Kichi abandona sin siquiera ruborizarse en función de no chocar con la opinión pública y no perder votos, justificándose con que su obligación es preservar los puestos de trabajo.
La posición de Kichi no solo es opuesta por el vértice a toda la tradición de los socialistas internacionalistas que llamaban a los trabajadores a boicotear la industria de guerra, sino que ni siquiera se acerca a una posición democrática elemental de defensa de los derechos humanos, que debería ser rotunda ante la masacre que la monarquía saudí está cometiendo en Yemen. Su motor: el pragmatismo electoralista de un alcalde que no ha hecho más que gestionar los negocios capitalistas con discurso “de izquierdas”. Y a veces, ni eso.
Kichi no está solo en su deriva. Tiene el apoyo de la plana mayor de Podemos. Para Echenique es “un dilema imposible entre fabricar armas o comer”, mientras que Iglesias entiende que “Kichi ponga por delante los contratos de sus trabajadores”. Aunque no tiene el apoyo de su propia corriente, Anticapitalistas, al menos en teoría. En un comunicado sostienen que su orientación “es clara”, en “defensa de la paz, los Derechos Humanos y el empleo” y contra “la industria militar y a la guerra”. Pero insólitamente, en su comunicado Anticapitalistas ni siquiera menciona a su propio militante y alcalde, cuando deberían condenar abiertamente su posición. Al menos si quieren hacer honor de su nombre y no esconder su impostura.
Una posición de independencia de clase
El paro y la precariedad del empleo en Cádiz son dramáticos y de ello son responsables los sucesivos gobiernos del PP y el PSOE. Pero esa realidad no justifica subordinarse a una política que fomenta el guerrerismo y las masacres de otros pueblos.
Los astilleros Navantia son estatales, por lo que la decisión de no vender equipamiento militar a Arabia Saudí y garantizar al mismo tiempo los puestos de trabajo es una decisión política que habría que imponer al gobierno del PSOE mediante la lucha de clases. Esto es lo que deberían exigir el alcalde de Cádiz y Podemos, en vez de sumarse a las voces que presionan al gobierno para mantener los contratos con los saudíes. Claro que esta política va en contra de la alianza de Unidos Podemos con el PSOE en el Parlamento para garantizar la “gobernabilidad progresista” de Pedro Sánchez, o en el propio ayuntamiento gaditano, donde los concejales socialistas son parte del sostén del mismo Kichi.
El dilema no es “paz o pan”, sino corporativismo reaccionario o independencia de clase. La única posición digna en este debate es condenar la venta de armas a la reaccionaria monarquía saudí y luchar por imponer un plan de reconversión industrial a largo plazo, para que la capacidad de trabajo de los astilleros se ponga en función de las necesidades de la sociedad: recuperando la construcción naval civil (por ejemplo, modernizando las flotas mercantes), impulsando la construcción de una flota pública de buques (tanto comerciales como para salvamento marítimo, que entre otras cosas ayudaría a mitigar la tragedia que sufren decenas de miles de refugiados que mueren en las aguas del Mediterráneo escapando de guerras como la de Yemen) e incluso ampliando su capacidad industrial para la construcción de grandes motores, equipos de bombeo para la industria petrolera o maquinarias para ferrocarriles.
De este modo se podrían garantizar más y mejores puestos de trabajo, terminar con la precariedad, pasar a plantilla fija a todos los trabajadores y, no menos importante, mostrar un inmenso ejemplo de solidaridad de clase e internacionalismo proletario. Porque como escribió Federico Engels, “un pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser libre”.
Diego Lotito
Nació en la provincia del Neuquén, Argentina, en 1978. Es periodista y editor de la sección política en Izquierda Diario. Coautor de Cien años de historia obrera en Argentina (1870-1969). Actualmente reside en Madrid y milita en la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) del Estado Español.