Ayotzinapa. Entre reclamos de justicia, AMLO crea Comisión de la Verdad por Ayotzinapa

Tras más de 50 meses de impunidad, familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos por el Estado en 2014, se reunieron este lunes con Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional para la firma del decreto que ordena la creación de una Comisión de la Verdad para el caso.

En adelante, informó Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, este organismo será el encargado de llevar a cabo las investigaciones en torno al caso que marcó la administración de Enrique Peña Nieto y que se presenta como uno de los temas que más expectativa genera del gobierno de López Obrador. Según explicó Cordero, los trabajos de esta Comisión se llevarán a cabo bajo la supervisión directa del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.

El decreto será publicado el 4 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación. La comisión debe ser conformada en los siguientes 30 días hábiles.

Según declaró Alejandro Encinas, la firma de este decreto constituye el primer paso en el proceso de "pacificación y reconciliación del país".

Encinas explicó que esta Comisión estará integrada por los padres de los normalistas, por representantes de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Hacienda, así como de expertos profesionales y técnicos. La Comisión retomará las investigaciones y recomendaciones sobre el caso emitidas por el GIEI y la oficina del Alto Comisionado de la ONU.

La "investigación" de la Procuraduría General de la República también será retomada, con la finalidad de dar seguimiento a líneas de investigación desestimadas por este organismo cuyo papel no fue sino el de obstaculizar en todo momento el trabajo de los expertos independientes para respaldar la "verdad histórica" con la que el gobierno federal buscó lavarse las manos.

El contenido de este decreto contempla, entre otras medidas, procedimientos de transparencia de recursos, así como para buscar la colaboración con organismos internacionales de derechos humanos. Instruye a todos los organismos y dependencias de la administración pública federal para facilitar pruebas, bajo la premisa de que no podrá reservarse información que pueda estar relacionada con delitos como crímenes de lesa humanidad o que obstruya su investigación.

Entre lo más destacado se encuentra que este decreto contempla la orden de dar libre acceso a instalaciones físicas relacionas con el caso.

María Zeferino, madre de uno de los 43, tomó la palabra para exigir que la firma del decreto Presidencial no sea una formalidad.

No son sólo los 43, son miles más

En representación de las madres y padres de los jóvenes normalistas desaparecidos, Zeferino denunció los nulos avances en la investigación durante la administración de Enrique Peña Nieto. Declarando que "ya no confían en nadie", denunció la represión que han sufrido, así como la hipocresía de autoridades que por un lado aparecían con un discurso de justicia y respeto a las víctimas y, por otro, se negaban a reunirse con los padres. "Ya no queremos que se burlen de nosotros", advirtió.

La burla más reciente a las víctimas es, sin duda, la recomendación recientemente presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que no dudó en respaldar en sus dichos la repudiada "verdad histórica".

La firma de este decreto constituye la inclusión en la agenda del nuevo gobierno federal de una de las demandas populares más sentidas de los últimos tiempos. La creación de nuevos organismos interlocutores entre las víctimas y el gobierno cumple su función de relegitimar al poder federal, en una suerte de "borrón y cuenta nueva" que busca tomar distancia del gobierno anterior y, al mismo tiempo, conserva intacto - e inclusive fortalece- al aparato estatal, otrora señalado como responsable de los crímenes de Ayotzinapa.

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