Reproducimos una entrevista a un profesor de base del Servicio Local Barrancas. En ella preguntamos el motivo de las movilizaciones contra el retorno a clases, la estrategia sanitaria del Ministerio de Educación y cómo esta problemática se relaciona con el inicio de la Convención Constitucional.
Martes 6 de julio de 2021
1. ¿Qué está sucediendo en el Servicio Local Barrancas?
Desde el paso a fase 2 de las comunas de Pudahuel, Lo Prado y Cerro Navia se puso en marcha el plan vuelta a clases impuesto por el gobierno. Cabe destacar que el cambio de fase no tiene relación con la mejora en las cifras de contagios en nuestras comunas, sino como una medida paliativa a los más de 90 días en cuarentena total. A pesar de este precedente, el Servicio Local Barrancas comenzó las presiones para el retorno presencial en concordancia con la tozudez y la irresponsabilidad del ministro Figueroa.
2. ¿Cuál es la postura de los profesores y apoderados?
Se han expresado varias señales de coordinación entre profesores, asistentes de la educación, educadoras de párvulos y apoderados en torno a esta problemática. Todos tenemos la certeza que la educación a distancia ha mermado los procesos de enseñanza-aprendizaje, relevando, a su vez, el rol docente y lo importante que es la educación y los profesores en el desarrollo de miles de jóvenes y de la sociedad en general. Sin embargo, a pesar de ser unos de los primeros Servicios, el abandono a las comunidades educativas sigue presente. El desfinanciamiento desde el proceso de municipalización ha erosionado la educación, la infraestructura y los recursos educativos. En Barrancas hay una pérdida de casi $5.000.000.000, hasta el día de hoy no está claro el destino de esos recursos, y en pandemia no se hizo ninguna mejora a los establecimiento para garantizar un retorno realmente seguro.
3. ¿Cómo se podría vencer la estrategia sanitaria del gobierno e imponer una donde decidan las comunidades?
Las medidas del ministro Figueroa y el gobierno solo presionan a las comunidades educativas a volver. No existen inyecciones presupuestarias ni un mejoramiento de las medidas sanitarias que nos garanticen que trabajadores de la educación y estudiantes no nos contagiemos. Con la llegada de la variante Delta, que a nivel internacional se ha visto un incremento en los contagios de menores de edad, no se ha acelerado a la vacunación entre estudiantes, lo que nos expone a nosotros y nuestras familia, además de exponer a los alumnos a enfermarse de Covid.
Quienes tienen el roce y la expertos somos los trabajadores de la educación, quienes saben de las necesidades son las comunidades, son los estudiantes, profesores y apoderados. Es por esto que urge que el Colegio de Profesores se ponga en contacto con organizaciones de apoderados y tome medidas urgente, convoque a encuentros por escuelas, zonales y regionales que creen un plan educativo y sanitario para el retorno, quitándole el acelerador del gobierno y que garantice la seguridad de todos. Hasta ahora, el Magisterio se ha remitido a enunciaciones públicas y apoyar la acusación constitucional del ministro Figueroa, medidas totalmente insuficientes y estériles sabiendo como terminan las interpelaciones parlamentaria desde la Rebelión de octubre hasta ahora, instancia que solo ha blindado al gobierno de Sebastián Piñera.
4. ¿Cómo este problema se relaciona con la Convención?
Las atribuciones que tiene la Convención son acotadas producto de los acuerdos entre los partidos de los 30 años. Con la exigencia que hacen los familiares y organizaciones que apoyamos la libertad de las y los presos políticos, tienen la posibilidad de dar un paso más allá y ser una instancia soberana y deliberante en todas las materias nacionales. Es decir la Convención debe declararse soberana para votar demandas mínimamente democráticas como la amnistía sin restricciones a los luchadores de la Rebelión, es momento que este organismo tome en sus manos el rumbo de la pandemia ya que el gobierno solo se ha limitado a proteger las ganancias de los grandes empresarios. Los partidos del orden más los poderes constituidos (ilegítimos para la mayoría de la población) quieren limitar la Convención. Los Servicios Locales de Educación son un mal ejemplo de "desmunicipalización" pues aumenta la burocracia estatal. La educación y el sistema público debería ser fortalecida con mayor financiamiento pero con la dirección y control de parte de las comunidades locales y los mismos trabajadores de la educación.
