El 5 de Agosto la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Nivel Media Superior (COMIPEMS) dio a conocer los resultados de asignación al bachillerato. La UNAM a través de un comunicado asumió que se cometió un "error" en la evaluación que afectó a más de 11 aspirantes.
Agrupación Juvenil Anticapitalista @AgJuvAnticapMx
Martes 8 de agosto de 2017
El examen para cursar el bachillerato en la UNAM contó con la participación de más de 179 mil 851 aspirantes. Al publicar los resultados sólo fueron aceptados 33 mil 218. En redes sociales la gente se empezó a denunciar irregularidades en la revisión de los exámenes.
Acudieron a las oficinas de la COMIPEMS para pedir una revisión del examen, ahí se percataron que muchos se encontraban en la misma situación, sus hijos o hijas habían tenido un puntaje de 20 a 40 aciertos y habían presentado el examen en el Colegio Anáhuac.
La UNAM a través de su página oficial asumió que cometió un error que consistió, en un desfase entre las plantillas de preguntas y la hoja de respuestas. Este “pequeño error” afectó a 11 mil 51 aspirantes que hasta el momento no tienen ninguna opción educativa. Los alumnos que alcancen el puntaje requerido serán asignados a las instituciones correspondientes.
Nuestra educación es un derecho, no un privilegio
La interrogante que se abre es ¿por qué nuestro derecho a la educación depende de “aprobar” un examen? Examinemos el examen y sus objetivos.
Un examen como el que presentan cientos de miles de jóvenes, es un mecanismo estandarizado que en ningún momento puede medir los procesos de conocimiento. La prueba socioeconómica crea un filtro para saber qué estudiantes pueden costear los gastos educativos. La preparación del mismo es un gran negocio, las instituciones cobran de 6 mil a 12 mil pesos.
La prueba en sí tiene desventajas económicas, sociales, culturales e intelectuales para la juventud que cursó su educación en escuelas públicas y de los sectores más marginados y pobres del país. No es la misma preparación educativa entre niños que viven en Chimalhuacán (de los municipios más pobres del Estado de México) y lo que estudiaron en las escuelas más exclusivas del país.
Cada año las universidades sufren recortes al presupuesto educativo, en la mejor situación se mantiene el mismo del año pasado. El proyecto original del Colegio de Ciencias y Humanidades tenía previsto construir 10 planteles, pero el gobierno nunca generó el dinero necesario. La demanda para cursar el bachillerato cada año aumenta, el problema radica en que no hay nuevos espacios educativos para dar cobertura.
La responsabilidad del Estado de garantizar educación se traslada a la responsabilidad individual de los aspirantes, si no “apruebas” es debido a tu mala preparación, la idea que ayudan a instalar es que se debe a que "no son buenos estudiantes, no tienes conocimientos", etc. Así la educación deja de ser un derecho, para convertirse en un privilegio. El examen no es más que un mecanismo injusto que busca desviar la responsabilidad del Estado a los estudiantes.
Desde la Agrupación Juvenil Anticapitalista exigimos una transparencia en la revisión de resultados. El mecanismo del examen, aplicación, revisión y publicación de resultados no es un proceso transparente a la sociedad y a la comunidad universitaria.
La lucha por un educación verdaderamente pública y gratuita, es eliminar el mecanismo del examen que excluye a cientos de miles de jóvenes de ejercer su derecho a la educación. Se necesita un aumento mínimo del 10% del PIB para cubrir la necesidades de la educación a nivel nacional. Este aumento se debe imponer al gobierno a través de la movilización en la calle, donde confluyamos estudiantes y aspirantes excluidos, donde peleemos por el no pago a la deuda externa y el aumento progresivo a los impuestos de los grandes empresarios.
