Tras años de lucha por parte de familiares de víctimas, organizaciones civiles y de derechos humanos, así como múltiples denuncias hechas en medios nacionales e internacionales; Eruviel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México, solicitó la declaratoria de Alerta de Violencia de Género para 11 de los 125 municipios del Estado que gobierna. ¿Será ésta declaratoria garantía para la vida e integridad de las mexiquenses?
Marisol FN Agrupación de mujeres y disidencias Pan y Rosas
Miércoles 15 de julio de 2015
Después de años de silencio cómplice por parte de los gobiernos estatales, el pasado 8 de julio en la ciudad de Toluca, el gobernador Eruviel Ávila Villegas anunció la solicitud de la declaración de Alerta de Violencia de Género (AVG) para los municipios de Ecatepec -del cual fue el anterior presidente municipal-, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Toluca, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli y Chalco.
Con un cínico discurso sustentado en frívolos argumentos estadísticos, Ávila Villegas afirmó que el Estado de México “no es la entidad con el mayor índice de delitos contra las mujeres”, y que su gobierno está “en alerta permanente para proteger los derechos de las mujeres y asegurar que tengan una vida libre de violencia”. Estas declaraciones contrastan con las investigaciones realizadas por medios nacionales e internacionales entre los que destacan: el libro del periodista Humberto Padgett “Las muertas del Estado: Feminicidios durante la administración mexiquense de Enrique Peña Nieto”; el reportaje“The ‘invisible’ victims of Edomex, Mexico’ smost dangerous place to be female” en donde se evidencia la epidemia de feminicidios en la entidad, publicado por el periódico inglés The Guardian y firmado por la periodista Nina Lakhani desde Ecatepec; y el documental “Los feminicidios del Estado de México”, realizado por VICE News tras un año de investigación en la entidad.
Más de 80 años del PRI en el Estado de México
Desde su fundación y hasta la actualidad, el PRI y sus respectivos antecesores (el PNR y el PRM) ha gobernado en el Estado de México, la entidad más poblada del país con más de 15 millones de habitantes. Éste se ha desarrollado como un bastión político fundamental a nivel nacional, del cual han emergido diferentes figuras presidenciales, como el caso de Enrique Peña Nieto.
No es casualidad que éste sea también, uno de los lugares más atractivos para las empresas nacionales y extranjeras –mayoritariamente estadounidenses-, quienes obtienen ganancias millonarias a costa de las trabajadoras y trabajadores mexiquenses, en complicidad con las traidoras burocracias sindicales.
La solicitud de la AVG en el Estado de México, llega después años y años de pobreza y violencia machista resultado de más de 80 años de políticas pro-imperialistas llevadas a cabo por los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Dicha solicitud apenas alcanza a dar cuenta del nivel de descomposición social que impera en el estado, y cuyas expresiones más violentas se descargan contra las mujeres, niñas y familias indígenas, campesinas, migrantes y trabajadoras.
La Alerta de Violencia de Género a debate
En México la violencia contra las mujeres tiene su última y más brutal expresión en el feminicidio, entendido como el asesinato de mujeres por su condición de género. La “epidemia” de feminicidios que comenzó en Ciudad Juárez en los años 90’s, es hoy una dolorosa realidad que se vive en todo el territorio nacional. De acuerdo con un estudio realizado por la ONU, entre 1985 y 2013 han sido asesinadas al menos 44 mil 646 de mujeres y niñas en todo el país.
Ante este panorama diversas organizaciones civiles y feministas han propuesto la Alerta de Violencia de Género, como un “conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad”. La AVG está contemplada en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y otorga las facultades para la intervención activa del ejército, así como la declaración de toque de queda para la población.
Como antecedente en 2007 se implementó el programa “Todos somos Juárez” en el estado fronterizo de Chihuahua, cuya estrategia fue diseñada por Felipe Calderón Hinojosa y que tuvo como consecuencia el asesinato de más de 10 mil personas, así como el despunte del feminicidio y las redes de trata en el municipio. Tanto en Ciudad Juárez como en el Estado de México y el resto del país, la presencia del ejército y las fuerzas armadas en las calles ha traído consecuencias funestas contra la población pobre, campesina y trabajadora.
En este contexto es que se ha generalizado el brutal fenómeno del feminicidio y la violencia de contra las mujeres, y que se profundiza aún más dependiendo de la situación de clase de las mujeres. El gobierno del feminicida Eruviel Ávila tras haber afirmado que había cosas “más graves que atender”, busca ahora canalizar y maquillar por medios institucionales, la terrible situación de violencia que viven las mujeres mexiquenses y de la cuál su gobierno y partido son responsables.
Por una salida independiente para enfrentar la violencia contra las mujeres
Para frenar la violencia contra las mujeres, no podemos confiar en las mismas instituciones que durante años han maquillado cifras, por omisión o complicidad han dejado a los asesinos en libertad y han sido garantes de la legitimación de la misma violencia; al igual que la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, cuando hablamos de feminicidio y desaparición de mujeres categóricamente podemos decir también #FueElEstado.
Es por ello, que cualquier salida planteada por estas instituciones podridas, no podemos confiar, menos aún si, una de las posibles salidas, es fortalecer la militarización de esos municipios, que ya quedó demostrado que la ofensiva de militarización desde el gobierno de Calderón trajo terribles consecuencias para el pueblo pobre y trabajador: el asesinato de más de 150 mil personas, más de 40 mil desaparecidos, y cientos de miles de personas desplazadas por la violencia y pobreza.
Ante el crítico panorama para las mujeres, han sido las madres y familiares de las víctimas quienes se han puesto al frente de la búsqueda de verdad y justicia para sus hijas asesinadas. A esta lucha se han sumado diferentes organizaciones sociales, juveniles, feministas y artísticas, así como defensores de derechos humanos.
Por lo cual es muy importante que levantemos un gran movimiento democrático contra la violencia a las mujeres, que salgamos a las calles, como vimos la movilización que cimbró Argentina por #NiUnaMenos el pasado 3 de junio. Es indispensable que los sectores en lucha, como el magisterio, retomen la lucha contra la violencia contra las mujeres, al mismo tiempo que se conforman Comisiones Independientes integradas por familiares de las víctimas, activistas contra el feminicidio y defensores de los Derechos Humanos, para investigar y dar seguimiento a los casos por fuera del actuar negligente de las instituciones encargadas. Que la fuerza de las madres de Juárez que durante más de 20 años han gritado a una misma voz: “¡Ni una más!”, se fortalezca y sea un mismo grito en todo el país.
