A raíz de las denuncias que comprometen al actual presidente Martin Vizcarra con sobornos por 2.3 millones de soles cuando era gobernador regional de Moquegua, diversos congresistas volvieron a presentar hace poco una propuesta de vacancia presidencial la cual se discutirá en el próximo pleno parlamentario. ¿Es en realidad esta medida una salida de fondo a la crisis política actual?
Miércoles 21 de octubre de 2020
Foto: Agencia Andina
Las denuncias de los aspirantes a colaboradores eficaces que comprometen al presidente Martin Vizcarra con la recepción de sobornos por más de 2.3 millones de soles para la construcción del hospital de la región Moquegua, han vuelto a poner en la agenda parlamentaria y en el debate nacional la discusión sobre cómo encarar la corrupción de los altos funcionarios públicos. En ese entender, un sector de Parlamentarios vinculados a UPP y Podemos Perú han presentado el pasado martes 20 de octubre, una propuesta de vacancia presidencial, la cual termino siendo suscrita por 27 Parlamentarios de diversas tiendas políticas.
Los que están a favor y los que están en contra
Dentro de las fuerzas políticas que firmaron esta propuesta tenemos a los congresistas de UPP, de Podemos Perú, el independiente César Gonzales Tuanama quien proviene de Somos Perú, dos integrantes de Acción Popular, además de los parlamentarios del Frente Amplio Lenin Checo, Lenin Bazán, Yván Quispe, Absalón Montoya y José Ancalle. Enrique Fernández Chacón, también del Frente Amplio, no habría participado de la reunión de su bancada donde se votó este tema, mientras que las Parlamentarias Roció Silva Santisteban y Mirtha Vázquez votaron en contra de la vacancia presidencial e hicieron público un pronunciamiento donde sostienen que una vacancia presidencial, en las actuales circunstancias, no es conveniente para el país, ya que “pone en peligro las elecciones del 2021 y la renovación política”, la cual, para ellas sería la salida de fondo a la actual crisis.
Otras fuerzas políticas que tienen presencia en el Parlamento se han pronunciado en contra de esta nueva propuesta de vacancia presidencial, tal es el caso de Acción Popular, cuyo portavoz parlamentario Ricardo Burga, habría mencionado que “su partido no votaría a favor de ninguna vacancia presidencial”. Los otros sectores políticos se mantienen a la expectativa de cómo va evolucionando este nuevo destape periodístico y las investigaciones de la fiscalía anticorrupción sobre este caso que, como ya mencionamos, compromete seriamente al presidente Martin Vizcarra con el cobro ilegal de sobornos a cambio de la aprobación de contratos millonarios para la construcción del hospital de la región Moquegua y la obra Lomas de Ilo. Como ya es de conocimiento público, todo esto habría ocurrido cuando Vizcarra se desempeñaba como gobernador regional de Moquegua entre los años 2011-2015.
No es la primera vez que Vizcarra enfrenta una vacancia
Como se recuerda, hace casi un mes atrás, el presidente Vizcarra enfrento un pedido de vacancia presidencial tramitado por un sector de parlamentarios donde figuraban el presidente del Congreso y el presidente de la Comisión de fiscalización de este poder del estado. Todo esto ocurrió a raíz de que se hicieron públicos los audios que mostraban la interferencia del mandatario en las investigaciones por el caso de la irregular contratación de Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura. En los audios se evidenciaba, a través de los diálogos de las ex funcionarias de extrema confianza de Vizcarra, como el presidente pretendía desviar las investigaciones de la fiscalía sobre el tema de las visitas de Richard Cisneros a Palacio de Gobierno donde, al parecer, se terminó definiendo la situación laboral y las jugosas remuneraciones de Cisneros, quien sería un personaje muy cercano al mandatario a quien habría apoyado en la campaña presidencial del 2016.
En esa oportunidad, Vizcarra pudo capear la vacancia presidencial apelando a la victimización y acusando a un sector del Congreso - cuyo historial político es muy cuestionable - de querer darle golpe de estado. Además de ello, en ese momento el presidente aun contaba con el apoyo de los grandes medios de comunicación televisivos, radiales y escritos, lo cual le permitió descalificar con relativa facilidad a sus rivales políticos y deslegitimar ante el pueblo la iniciativa de vacancia.
Lo nuevo ahora es que un sector importante de esos grandes medios de comunicación, que hace poco lo apoyaban con todo, se han convertido en los principales intermediarios de las denuncias contra el mandatario, lo cual complica la situación política del presidente quien, como se sabe, no tiene un partido político en el que sostenerse, por eso, gran parte de su estabilidad en el gobierno se la debe, precisamente, a estos medios de comunicación y a sus propietarios, así como, a los grandes empresarios nacionales y extranjeros para los cuales ha gobernado dócilmente todo este tiempo y también a las fuerzas represivas quienes – no por casualidad – tienen en este nuevo gabinete a un ex general como Premier.
¿Es la vacancia una salida de fondo para combatir la corrupción institucionalizada?
Más allá de cómo evolucione entonces esta nueva propuesta de vacancia presidencial, lo cierto es que la situación política del presidente Vizcarra se complica cada día que pasa y, al parecer, quien hasta hace poco era considerado como el adalid de la lucha contra la corrupción, hoy empieza a ser percibido como una pieza prescindible por esa misma burguesía que hasta hace poco lo tenía como su “niño mimado”. Las denuncias contra Vizcarra van desnudando así a quien pretendió ser un Bonaparte peruano del siglo XXI, y van poniendo en evidencia el profundo grado de descomposición del régimen político, el mismo que tiene que ver con la estrecha relación entre los intereses empresariales y la corrupción de funcionarios públicos de alto nivel, lo cual es una expresión concreta de cómo funciona el estado en el capitalismo.
En ese entender, la propuesta de vacancia presidencial, si bien sacaría de su cargo a Martin Vizcarra y podría permitir que este sea investigado y probablemente encarcelado por los delitos de corrupción, no deja de ser una propuesta limitada que en perspectiva estratégica oxigena el régimen de 1993, potencia a las instituciones vigentes y desmoviliza al pueblo creando la ilusión que los cambios de fondo pueden darse desde los poderes establecidos, ósea, desde el Parlamento o el poder judicial. Además, esta iniciativa no toma en consideración que, quien reemplace a Vizcarra en sus funciones continuara con las políticas pro empresariales del actual mandatario. Por ello, esta medida, así como las otras que se proponen, como: que el presidente se quede hasta que cumpla su mandato para que luego sea investigado y sancionado y que todas nuestras esperanzas de justicia se centren en el poder judicial o el Ministerio Publico, son reaccionarias porque están al servicio de la desmovilización obrera y popular.
Vizcarra tiene que irse, por corrupto y por gobernar para los empresarios a costa de poner sobre las espaldas del pueblo trabajador las consecuencias de la crisis económica. Sin embargo, no es suficiente que se vaya y que nos deje intacto el legado de saqueo nacional y explotación laboral que la Constitución de 1993 legaliza y que las medidas de ajuste aprobadas últimamente por el presidente profundizan notablemente de la mano de las actuales instituciones.
Tenemos que echarlo, qué duda cabe, pero también debemos tirar abajo toda esa estructura económica y política que favorece a los grandes empresarios nacionales y extranjeros. Eso solo lo haremos con la lucha organizada de los trabajadores y el pueblo. Un paso en ese sentido tiene que ver con imponer, desde la movilización obrera y popular, una Asamblea Constituyente Libre y Soberana que nos permita acabar con el régimen de 1993 y crear las condiciones para avanzar hacia un gobierno de los trabajadores y el pueblo explotado y oprimido. Para conquistar esa Asamblea Constituyente Libre y soberana, no podemos esperar ganar primero las elecciones del 2021, como plantea la izquierda reformista en sus diversas variantes. Esa lucha debemos hacerla hoy y sin esperar nada de los congresistas o de los jueces y fiscales, ya que todos ellos, como lo demuestran los hechos, están comprometidos con la corrupción capitalista.
