El decreto 886/2021 reduce gradualmente las indemnizaciones pero además termina con la prohibición de despidos y suspensiones. Justo en el medio de una nueva ola de Covid. El argumento es que crece el empleo, pero lo cierto es que lo que aumenta es el monotributismo.
Viernes 24 de diciembre de 2021 11:42
El Gobierno nacional publicó, en la noche del jueves 23 de diciembre, un decreto que anuncia la reducción gradual de la doble indemnización por despidos en todo el territorio nacional.
Según la norma, "el trabajador afectado tendrá derecho a percibir, además de la indemnización correspondiente, un incremento equivalente al 75% del monto de la misma, desde el primero de enero y hasta el 28 de febrero". Luego continúa la reducción, que pasará a ser del 50 por ciento hasta el 30 de abril del 2022 y alcanzará el 25% al llegar el primero de mayo y hasta el 30 de junio del año próximo. En ese momento termina la norma.
Pero al mismo tiempo el decreto deja afuera la otra norma dictada a través del Decreto 413/21 que refería a la emergencia ocupacional y ordenaba “la prohibición de efectuar despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor y la prohibición de efectuar suspensiones por disminución de trabajo".
O sea, elimina la “prohibición de despidos” y reduce gradualmente la “doble indemnización”. Como decíamos cuando se anticipó la medida, si bien durante la pandemia se perdieron cientos de miles de trabajo – que se hicieron millones entre tercerizados, monotributistas e informales – la disposición eran un obstáculo elemental para millones de trabajadores y trabajadoras efectivos.
Ahora ya no lo tendrán. Ni hablar de los millones de informales y precarios que no tienen ni siquiera este beneficio.
¿Y cuál es el fundamento oficial? Que "entre enero y septiembre de este año se incorporaron 129.000 trabajadores al empleo formal". Sin embargo, reconoce que "el porcentaje de trabajadoras con empleo registrado se encuentra un cinco por ciento (5 %) por debajo del nivel visto en 2015".
Pero lo cierto es que durante los últimos meses, si bien hubo un rebote de la economía, lo que más crecieron fueron los puestos bajo el régimen de monotributo. Una forma de fraude laboral, en la que enfermeras, estatales, repartidores y todo tipo de empleos bajan otro escalón en la precariedad. Ni hablar de los “monotributistas sociales”, que reciben algunos de los planes sociales con contraprestación.
Hace algunas semanas, el periodista Ismael Bermúdez reflejó con datos del propio Gobierno en qué consiste la recuperación del empleo.
Esos datos son contundentes, aunque cualquier lector o lectora que esté buscando laburo lo sabe bien.
En medio de un nuevo brote de la pandemia con las nuevas variantes, donde los principales lugares de contagio seguirán siendo el transporte y los lugares de trabajo, esta medida es un guiño a los empresarios para despedir o, con esa excusa, imponer peores condiciones laborales. Una de las estrategias de las patronales es atacar a los sectores que todavía tienen derechos, para utilizar otras formas de contratación que abaratan el despido o hacen a los trabajadores directamente descartables.
¿Se podía elegir un “peor momento” para esta medida? Quizás el “momento” está dado por la necesidad de dar señales al Fondo Monetario en medio de las negociaciones por la deuda.
¿Y qué dijo la CGT cuando se enteró? Se limitó a unas declaraciones tibias. Andrés Rodríguez (UPCN) le pidió al Gobierno “que prorrogue un tiempo más la prohibición de despidos y la doble indemnización”. Faltaba que le mande una cartita a Papá Noel.
