[Dossier]. ¿Es posible erradicar el trabajo infantil bajo este sistema?

Franco, con 7 años, se levanta a las 5 de la mañana para esperar, junto a sus hermanos y sus padres, el camión que los llevará a la zona de cosecha del citrus en Tucumán.

Guadalupe cuando sale de la escuela, se sube al tren Belgrano Norte en la estación Sourdeaux, con la esperanza de vender la mercadería que tiene en su mochila. Tiene 14 años.

Millones de historias como estas, ocurren todos los días en los campos agrícolas, en la industria de la construcción, las terminales de colectivos, trenes y cabeceras de los subtes y los mercados. Lugares donde millones de niños y adolescentes trabajan a diario.

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Según las últimas estadísticas de la ONU, 160 millones de niños alrededor del mundo trabajaron durante el 2020, 8.4 millones más que cuatro años atrás. Estas cifras empeoraron con la crisis del COVID-19 según advirtieron desde la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la 5ª Conferencia Internacional de Eliminación del Trabajo Infantil, que se realizó en mayo de este año en Sudáfrica.

En nuestro país, en las zonas rurales, los trabajos que realizan los niños, niñas y adolescentes son trabajos donde se someten a diferentes riesgos como: el uso de plaguicidas y agroquímicos, las jornadas laborales exhaustivas, las malas condiciones de trabajo; además de que sus trabajos no les garantizan un servicio médico al que puedan acudir en caso de algún accidente.

Como venimos denunciando desde La Izquierda Diario son 150 años de explotación laboral a las infancias en la provincia de Misiones. Este panorama, no es muy diferentes en las zonas urbanas, donde el trabajo infantil se encuentra diversificado entre el comercio informal, el trabajo doméstico, la industria de la construcción y otras formas de trabajo no formal.

Falsas Promesas

Los distintos gobiernos sostienen que con generar "políticas públicas" para su prevención y/o erradicación es posible darle la batalla a una problemática que deriva del propio sistema. Es por esto que se destinan millones a distintas campañas políticas que buscan este objetivo.

Por este motivo durante el año 2000 y con una composición interministerial, intersectorial y tripartita, se creó La Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI). La cual “prometia”: coordinar, evaluar y dar seguimiento a los esfuerzos en favor de la prevención y la erradicación real y efectiva del trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente.

Sin embargo, como vemos el número de niños y adolescentes que se ven obligados a realizar algún tipo de trabajo aumenta al calor de la crisis económica y social que atraviesa el país hoy.

“La erradicación del trabajo infantil es una prioridad en nuestro país y constituye una tarea que debemos llevar adelante en conjunto con todos los sectores. (...) Cuidar a nuestros niños es asegurar su derecho a una niñez plena, en la que puedan jugar, disfrutar, estudiar, aprender y no trabajar”.

Estos, entre otros párrafos de similar (hipócrita) tenor, forman parte del prólogo del llamado Plan Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente 2018-2022, inaugurado durante el macrismo y el tercer plan desde su creación que implementa la CONAETI. El documento enumera decenas de tratados, convenios, creaciones de comisiones dependientes del Ministerio de Trabajo, algunas de ellas extendidas nacionalmente. Ya estamos promediando 2022 y las condiciones de vulnerabilidad de la niñez no solo se han mantenido sino que han empeorado, al compás de las políticas de ajuste, el brutal endeudamiento con el FMI durante el gobierno de Macri y el acuerdo sellado con el organismo por Alberto Fernández.

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El 62.9% de las infancias y adolescencias del país se encuentran por debajo de la línea de pobreza y los niveles de pobreza aumentaron casi 10 puntos entre el tercer y cuarto semestre del 2020. Los últimos datos de la OIT (fines de mayo) muestran también cómo durante la pandemia se duplicó el trabajo infantil y la mitad de esos niños y niñas comenzaron a trabajar durante 2020. Esto deja en evidencia un engranaje que expulsa y arroja a niñes, adolescentes y a sus familias a desplegar diferentes estrategias de supervivencia para cubrir sus necesidades básicas.

Estas cifras muestran que todas las “declaraciones”, planes, comisiones y comités creados en nombre de la erradicación del trabajo infantil son papel mojado y no hay por parte de los gobiernos un plan para que esto deje de suceder.
Argentina es el país con mayor desempleo juvenil del Cono Sur, donde la desocupación para las mujeres ascendió un 24,9 % y en los hombres alcanzó el 17%.

Para aquellos que mantienen una fuente laboral, en las principales ciudades del país arrasa la precariedad extrema superando el 70 % de los jóvenes que trabajan, la cifra asciende por arriba del 74 % en las mujeres jóvenes trabajadoras. En los Partidos del Gran Buenos Aires el 79 % de los jóvenes padecen precariedad extrema. (datos Encuesta Permanente de Hogares 4to trimestre 2020).

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¿De qué manera se puede reducir esta problemática social que afecta a miles de niños y niñas en nuestro país?

La generación de empleos registrados para los adultos, es un primer paso. Las historias se repiten, son infancias y adolescencias que se ven “obligados” a salir a trabajar de alguna u otra manera porque en sus hogares los adultos responsables han perdido su fuente de ingreso, o se ven obligados a una carga horaria excesiva de changas, trabajo informal, etc.

Entonces ¿Por qué no podemos pensar que se reparta las horas de trabajo entre todas las manos disponibles? El Frente de Izquierda viene sosteniendo la importancia de la reducción de la jornada de trabajo a 6 horas, 5 días a la semana. Es un debate que se está dando a nivel internacional, sin que implique ninguna rebaja salarial sino al contrario, el salario tiene que cubrir el costo de la canasta básica familiar.

Porque es impensable enfrentar el trabajo infantil sin trabajo para todas las familias, que cubra todas las necesidades para desarrollar una vida plena. Frente a esto el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof esta semana participó de una jornada en el barrio La Cárcova del Partido de San Martín, donde sostuvo: “No lo vamos a solucionar solo fiscalizando y multando, sino erradicando la pobreza, la falta de inclusión social y los problemas de distribución del ingreso”.

El Gobernador en el barrio La Carcova, San Martín

¿Pero existe una “distribución justa” en el capitalismo?. Un sistema social que se basa en la explotación de la mayorías por parte de una minoría. El ejemplo más cercano es la pandemia, la cual no afectó a ricos y pobres por igual. En tan solo un año de pandemia, los ricos se hicieron más ricos, y los pobres más pobres. Varios economistas del mundo sostienen que desde mediados de los años noventa, la proporción de la riqueza que posee el 0,01% más rico del mundo ha pasado de alrededor del 7% al 11%. La crisis no ha invertido esta tendencia, sino que la amplió. Y en ese contexto es que hoy el gobierno tiene como prioridad el pago al FMI.

A pesar de esto, el potencial que tienen las nuevas generaciones sigue intacto. Los derechos laborales y sociales, son producto de la resistencia que la clase trabajadora ha ejercido a lo largo de la historia poniendo ciertos límites a la ambición del capital por devorar las vidas enteras de las familias obreras y de sus hijos.

Las infancias y adolescencias tienen el derecho a vivir una vida con plenos derechos. Deben estar garantizado su acceso a la educación, al arte y la cultura, a la formación en oficios en la escuela o al deporte bajo un sistema público y gratuito garantizado por el Estado, como becas integrales de estudio equivalentes a media canasta familiar para que nadie deje de estudiar. Como vemos, esto no es algo que nadie nos va a regalar, es una pelea que se encuentra más vigente que nunca. Una pelea para ir a fondo y terminar con este orden social que no tiene nada que ofrecer más que padecimientos para las familias trabajadoras.