Discuten distintas razones contra la reforma educacional. Están movidas por fuertes intereses capitalistas creados desde la dictadura y vigentes hasta hoy. Propietarios de verdaderas empresas de la educación hacen millonarias ganancias. La propiedad sí importa.
Nicolás Miranda Comité de Redacción
Sábado 25 de junio de 2016
De vieja data
El 2011, cuando estalló masivamente la lucha contra la educación de mercado, se conoció que las ganancias del negocio de la educación superior fueron de más de 5.000 millones de dólares el año 2009. En ese entonces otros negocios eran de resultados aún menores, por ejemplo, las ganancias del sector de las farmacias era de 1.700 millones; de la industria del salmón de 2.000 millones.
La creación de un mercado de la educación, impulsó la competencia entre las distintas empresas educacionales por acaparar las ganancias. Por eso se unen como un frente empresarial con intereses específicos, y hablan en ese lenguaje: todo financiamiento a las Universidades estatales se califica de “competencia desleal”. Para disfrazarlo, hablan de su “rol público”. Lo que quieren callar, disfrazar, disimular, sacar de la discusión, es el problema de la propiedad.
El mercado de la educación, junto con las ganancias que genera y luchan por apropiarse, acentuó su carácter reproductivo de la estructura social capitalista en su patrón de acumulación (neoliberal) que nos rige hasta el presente: la desigualdad de clases se refleja fielmente en el terreno de la educación. Lejos está entonces de ser un medio para ascender socialmente, como proclaman nuestros intelectuales neoliberales, de la derecha o la centroizquierda, y que se mantiene como ilusión social.
No solo los clientes (estudiantes) pagan el costo de este “bien de consumo” como decía Piñera, sino que además el Estado transfiere millonarias sumas a los empresarios de la educación, por medio de distintos mecanismos: el sistema de financiamiento compartido con Lagos desde 1993, los créditos con aval del Estado (CAE) con Bitar desde 2006, los múltiples subsidios (como el SEP), las becas, etc.
Así, no sólo se destruyó la educación estatal. Sino que también un resultado general, es la emergencia de intereses capitalistas en el terreno de la educación, que conforman una fuerza social específica. Y los intereses de la clase capitalista en general, como la del negocio de la educación en particular, son antagónicos a las de la clase trabajadora y todas las capas sociales oprimidas, y se oponen a las necesidades sociales, en la búsqueda de su sed insaciable de ganancias.
Veamos estos intereses en movimiento.
Transferencias estatales a la educación superior
Las empresas de la educación superior, Universidades privadas, Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP), reciben millonarias transferencias del Estado.
Estos son los intereses reales que promueven la conformación del frente anti-estudiantil: estas empresas de educación, sus Rectores, los medios de comunicación empresariales.
Según un reciente informe de Ciper del total de aportes estatales a la educación superior, más de un billón y medio de pesos ($1.543.751.523.000) que se materializa principalmente mediante becas y créditos a los estudiantes (financiamiento a la demanda), y financiamiento directo a las instituciones (aporte basal), los privados reciben casi un 40%: en 2015 el 24,7% de los fondos fue para las universidades privadas no CRUCH, el 10,8% para los IP y el 4,3% para los CFT. Y si se considera solo una de las vías de transferencias, la de becas y créditos los privados CRUCH y no CRUCH reciben más: 76,18% del total, frente al 23,69% de las universidades estatales.
El proyecto de ley establecería que de no aceptar la nueva regulación, no recibirán ningún recurso estatal, incluyendo el Crédito con Aval del estado (CAE). Por eso el negocio es aceptar las regulaciones. Es lo que llamamos desde estas páginas, el “negocio de la gratuidad”. Que permitirá mantener el mercado de la educación. Pasarán a ser las “escuelas particular subvencionadas” de la Educación Superior.
Financiamiento a la demanda
El financiamiento vía financiamiento a la demanda (becas y créditos incluyendo el CAE) a las universidades privadas no CRUCH es el 94,8%. Mientras que transferencias directas, basales (por desempeño e innovación), fue de 5,2%.
Esto se replica en todo el sistema, incluyendo las Universidades estatales y las privadas del CRUCH: el 71,7% es financiamiento a la demanda y solo el 28,3% es basal.
El financiamiento a la demanda, se da principalmente por dos mecanismos: el CAE y las becas y créditos.
El CAE es el principal vehículo de transferencias del Estado a las empresas de educación superior: obtuvieron $273 mil millones, el 65,6% del total de fondos repartidos por este crédito a la educación superior. Además, mantienen al otro sector empresarial que se sumó a este negocio: los bancos: por concepto de “recargas” que los bancos cobran al Estado por ser clientes de riesgo (morosidad, impago), se hicieron de $610 mil millones en 2016, el 35% del presupuesto total destinado a la educación superior. Desde el 2006 en que se inició este mecanismo, el Estad transfirió $2,7 billones para comprar activos financieros (CAE) a los bancos.
El otro mecanismo son las becas. Durante el 2015, el Estado destinó $230,9 mil millones. De las becas que se destinan a las Universidades privadas, Juan Gómez Millas y Nuevo Milenio, la mayor parte fue para estas empresas de la educación: $161 mil millones, y $4,6 mil millones a las universidades del Cruch (que también incluyen instituciones privadas, como las Universidades católicas). Si se suman los CFT e IP, el 95% del total fueron a los privados.
En las becas de arancel, es igual: los privados recibieron el 40% del total. asignado. Y en las becas de mantención de la Junaeb, lo mismo: los privados se quedaron con el 62% del total.
En la educación media y básica no es distinto.
Transferencias estatales a la educación media y la básica
Solo en la Región Metropolitana, las transferencias estatales a estas empresas de la educación media y básica llegaron a los 604 mil millones de pesos, por medio de distintos mecanismos, como las subvenciones, una de ellas, la Subvención Escolar Preferencial (SEP).
Tal es el negocio, que se producen, como en cualquier empresa, ventas y fusiones, dando lugar a verdaderos grupos empresariales. En la Región Metropolitana, otra investigación de Ciper, da cuenta de la formación de siete grupos de megasostenedores, que recibieron el 2013, 62 mil millones de pesos del Estado.
Para retirar sus ganancias, utilizan distintos mecanismos, como el pago de servicios (asesorías, mediante las consultoras ATE Asistencia Técnica Educativa, muchas de ellas, de los mismos propietarios de los colegios que las contratan), o los arriendos a sociedades de su misma propiedad. Además, gozan, como las instituciones de educación superior, de exenciones tributarias. Y tienen derecho a “donaciones”, otra fuente de ingresos.
Según el Mineduc, el lucro en el sistema particular subvencionado, sería de más de 300 millones de dólares. Además, recibirían 600 millones de dólares por el “financiamiento compartido”, el copago de los apoderados.
Entre las grandes empresas de la educación media y básica, de la RM se cuentan: la Sociedad de Instrucción Primaria (SIP) de la familia Matte, la Fundación Belén Educa, la Sociedad de Escuelas Católicas Santo Tomás de Aquino, la Fundación Juan Piamarta, el grupo de sostenedores de la familia Hasbún-Ramírez, el grupo Cifuentes-Narváez, el grupo Alicante-Alcántara, el grupo Romo, el grupo Oliva, el grupo Boston College, la Fundación Piamarta, el grupo Cemsu-Edutep.
Con la reforma de Bachelet, se elimina el copago, y se prohibiría, muy gradualmente el arriendo (debiendo ser propietarios de sus terrenos e inmuebles). Pero, se mantiene el financiamiento a la demanda, y vía subsidios, es que se compensan estas pérdidas de ingresos.
Iglesia Católica S.A.
La Iglesia Católica es un verdadero conglomerado educacional. Sus Universidades son parte del CRUCH, y estos días vienen articulando una fuerte ofensiva contra la reforma educacional, buscando articular un frente anti-estudiantil. Ignacio Sánchez, rector de la PUC, es uno de sus voceros más presentes.
Además, de las Universidades Católicas del CRUCH, están las de sus sectas internas: el Opus Dei tienen la Universidad de Los Andes, los jesuitas la Universidad Alberto Hurtado, los salecianos la Cardenal Silva Henríquez, los Legionarios de Cristo la Finis Terrae.
También son un sector empresarial en la educación media. Es la principal sostenedora privada de colegios subvencionados con 685 colegios administrados por 370 sostenedores jurídicamente independientes. En un solo mes, marzo del 2014, recibieron 36 mil 981 millones de pesos, mediante estos mecanismos: la subvención normal, el bono de reconocimiento profesional (a los profesores); la subvención escolar preferencial; bonificación por buena gestión y el pago de un bono escolar (que aporta el Ministerio de Desarrollo a los profesores por los hijos que tienen). Se estima que el total que recibe por año es de 200 millones de dólares. Además, estaba lo que recibían por copago. Que ahora compensarán, y además les permitirá estabilizar ingresos, con el aumento de los subsidios.
Los partidos del régimen y el negocio de la educación
A través de uno de los brazos políticos históricos de la Iglesia, refuerzan su negocio. La DC es dueña de la Universidad Miguel de Cervantes. Y entre los DC ligados al negocio de la educación están: Gutenberg Martínez, el esposo de la ex senadora y ex ministra Soledad Alvear, socio de la Universidad Miguel de Cervantes, junto a otros como Walter Oliva, ex vicepresidente de la falange, quien también tiene negocios en la educación media y básica. José Pablo Arellano, ex ministro de Educación en el gobierno de Eduardo Frei RuizTagle, es vicepresidente del directorio de la Fundación Belén Educa. La también ex ministra de Educación Mariana Aylwin, dueña y directora Ejecutiva de una Agencia de Asistencia Técnica Educativa (ATE) llamada Centro de Capacitación Aprender Limitada. Un dirigente de la Corporación Nacional de Colegios Particulares Subvencionados (Conacep), Hernán Herrera, es militante histórico de la falange.
En la UDI, también tiene sus Universidades, como la Universidad del Desarrollo, controlada entre otros por Joaquín Lavín y Carlos Alberto Délano del grupo Penta. Y tienen tentáculos en otras, como la Universidad San Sebastián.
Entre RN, por ejemplo, se encuentra el ex Ministro de Justicia de Piñera, Teodoro Ribera, dueño de la Universidad Autónoma.
Demandas y movimiento estudiantil
La gratuidad, el cogobierno, el fin de las transferencias a los privados, la estatización, son demandas que apuntan contra los intereses capitalistas creados en el mercado de la educación. Por eso, la enorme tensión de la lucha que está en juego. Por eso el Gobierno de la Nueva Mayoría usurpó las demandas para canalizarlas y lo que impulsa es en realidad un “negocio de la gratuidad”. Por eso, no se trata meramente, en su contenido, de unas clases medias satisfechas movilizadas.
Son los desafíos de fondo que se le plantean al movimiento estudiantil, que viene siendo protagonista en esta batalla, pero que la excede, y la empuja a cuestionarse su rol.
Un rol que ha variado históricamente, que podemos sintetizar rápidamente con dos ejemplos. En los ’70, partiendo de la lucha por la Reforma Universitaria a fines de los ’60, se configuró en la lucha por una sociedad no capitalista (con distintas variantes en este amplio terreno), en este camino se partió en dos, con un sector pasando a la reacción, pero con otro aliándose con la clase trabajadora, ingresando a la militancia revolucionaria.
En los ’80, su perfil fue antidictatorial, con una acción defensiva al interior de sus Universidades ante la ocupación militar que hizo la dictadura de ellas, y que en la lucha por la democracia, fortaleció las variantes de los partidos democráticos de la burguesía, que consolidaron con esa legitimidad las herencias de la dictadura.
Hoy, parece prevalecer un perfil antineoliberal, contra los aspectos más irritantes de esta herencia de la dictadura. Pero que contiene una impugnación al negocio capitalista de la educación, por eso esta lucha es por sobre todo una cuestión de fuerza, planteando qué nuevo movimiento estudiantil debe construirse.
Para la Agrupación Combativa y Revolucionaria (ACR), un nuevo movimiento estudiantil combativo, anticapitalista, antiburocrático y probrero, para las batallas presentes, y las por venir.
