Pan Y Rosas. Escalada macrista contra derechos de las mujeres

Avanzan contra el aborto no punible

En diciembre pasado la Sala III en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires emitió una sentencia que restablece el veto de Mauricio Macri a la reglamentación del aborto no punible y, en consecuencia, entraría en vigencia un protocolo reaccionario (resolución 1252/12) para su atención en los hospitales de la ciudad.

n la Legislatura hemos promovido una declaración que repudia y rechaza este fallo de los jueces Hugo Ricardo Zuleta y Esteban Centanaro. Lo que está en juego es un derecho básico elemental que afecta a miles de mujeres. El fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia nos da la razón y así lo tuvo que reconocer el juez Gallardo en julio de 2013 cuando Mauricio Macri, siendo Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, vetó la ley que establecía el protocolo de atención de los abortos no punibles, en octubre de 2012.

Ahora vuelven a la carga. Macri es presidente de la Nación y su ministro de Salud es Jorge Lemus, el mismo que impulsó la resolución 1252/13 cuando era secretario de esa cartera en la Ciudad y que hoy quieren restablecer con este nuevo fallo. En pleno intento de Macri de congraciarse con Bergoglio, el fallo está a tono con la moral arcaica de la cúpula de la Iglesia que obliga a una mujer a transitar un embarazo, contra su decisión y aun a riesgo de perder su vida o tener consecuencias que afecten a su salud.

El protocolo de Lemus, un agravio para las mujeres

Con la ley 4708 que hoy vuelve a vetarse se establecía que los hospitales públicos y privados debían practicar la interrupción legal del embarazo en los casos en que éste afectara la salud de la mujer o fuera consecuencia de una violación, sin más requisitos que la voluntad de la mujer y en un plazo de cinco días. El fallo de la Corte recomendaba aceptar como válido el consentimiento de la mujer a partir de los 14 años y que no se interpusieran “obstáculos médicos, burocráticos o judiciales para acceder a la prestación”.

¿Qué dice el fallo de Zuleta y Centenaro? Restablece el protocolo de Lemus según el cual se exige que el director del hospital interviniente confirme el diagnóstico y la procedencia de la interrupción de la gestación, una exigencia adicional que se transforma en un obstáculo para acceder a la prestación, contrariamente a lo que dispone el fallo de la Corte.

El protocolo pide también que se presente una declaración jurada o denuncia policial para los casos de violación y que la práctica se realice dentro de un límite gestacional de doce semanas. Además, ordena la intervención de un equipo interdisciplinario como recaudo previo a la práctica médica –con el solo objetivo de “convencer” a la mujer de que deponga su decisión-. Asimismo, el protocolo no fija plazo para que los médicos se declaren objetores de conciencia pudiendo hacerlo en el mismo momento en que deben atender un pedido de aborto, exponiendo a la mujer a un recorrido por diferentes profesionales hasta dar con uno que sí acepte hacer cumplir su derecho.

Como decimos en la declaración que presentamos en la Legislatura “la sentencia emitida recientemente por la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo constituye un agravio a los derechos fundamentales adquiridos por las mujeres, ya que el protocolo restablecido estipula una serie de requisitos arbitrarios para el acceso a un aborto no punible de las mujeres en general y de ciertos grupos en particular –adolescentes, mujeres con discapacidad, víctimas de violación– en el sistema de salud público de la Ciudad de Buenos Aires”.

Una cita de honor el 8 de marzo

El Frente de Izquierda ha sido la única fuerza política que, en las elecciones pasadas, ha defendido el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Más de 300 mujeres mueren cada año por las consecuencias de los abortos clandestinos, practicados en condiciones precarias e inseguras. No sólo se trata de un ataque al derecho a decidir libremente de todas las mujeres sino que particularmente se ensaña con las que menos tienen. Lo que está a la orden del día es la hipocresía: en nombre del “derecho a la vida” las que mueren por abortos clandestinos son en su mayoría mujeres del pueblo pobre, impedidas de acceder a clínicas privadas para la interrupción voluntaria del embarazo.

Todos los gobiernos han evitado promover este derecho. El kirchnerismo no fue una excepción, cajoneando una y otra vez en el Congreso el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Hoy, frente al avance del macrismo no solo vamos a seguir luchando por el derecho al aborto libre y gratuito sino que estaremos en primera fila para defender lo que nos quieren arrebatar. El cierre del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, la clausura del programa para víctimas de delitos sexuales, la asignación del presupuesto más bajo en años a la Secretaría de la Mujer, hablan de cuál es la política de Macri hacia los derechos de las mujeres.

El reciente fallo de la justicia porteña se enmarca en una realidad donde, en todo el país, la atención del aborto no punible atraviesa muchísimos obstáculos: cuando no es la Curia o la Justicia son los gobernadores los que ponen trabas para reglamentarlo. Y si no, son los mismos grupos antiderechos –autodenominados PROvida- los que se manifiestan frente a los hospitales para impedirlo.

Como dicen mis compañeras de Pan y Rosas/Frente de Izquierda, “¡Ni un paso atrás en los derechos que nos corresponden!” La combatividad y creatividad del movimiento de mujeres es enorme, protagonista incansable de luchas que han hecho historia. El próximo 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, también los hombres que peleamos por una sociedad sin explotación ni opresión, tenemos una cita de honor: ahí, estaremos, movilizados, para defender la atención del aborto no punible y para conquistar el derecho al aborto.