El titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, viene afrontando una serie de escándalos políticos, uno de ellos proviene del sector científico que lo acusa de plagio de dos libros.
Miércoles 16 de marzo de 2022
Gertz Manero fue acusado por el sector científico y académico de plagio, ya que 250 investigadores presentaron contra él una denuncia, pero, la respuesta de la Junta de Honor del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) fue desecharla alegando que “en virtud de que, ninguno de los quejosos es autor o demuestra contar con derechos de propiedad de las obras presuntamente plagiadas (...) por lo que no hay interés directo de la verificación o rectificación de las obras señaladas”.
Uno de esos libros es una biografía sobre Guillermo Prieto, que publico a su nombre con material plagiado de otros autores, pero como estos ya están muertos, las autoridades del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) consideraron que no había problema, ya que en esencia eso es lo que están diciendo cuando afirman que la opinión de los académicos denunciantes no vale porque ninguno es autor directo. Lo cual es simplemente ridículo, primero porque es ilegal y porque, en muchos otros casos, ellos mismos han aplicado todo el peso de la ley contra quienes cometen el robo de propiedad intelectual, tan duramente protegida por el propio Conacyt, por ejemplo, la expulsión de la licenciatura y/o posgrado al estudiante que plague su tesis, como dictan los reglamentos de las universidades y del propio Conaacyt.
La Dirección de Conacyt y el fiscal general de la república
Este asunto no es nuevo, ya que la directora de la institución, Elena Álvarez-Buylla ha aplicado un favoritismo sistemático para que el fiscal Gertz Manero pueda tener estímulos a modo, y es que desde 2010 el funcionario solicitó ser parte del SNI, pero su solicitud fue rechazada, ya que ni su producción científica era suficiente ni aportó investigaciones en “la generación y transmisión de nuevos conocimientos”, como se establecía en los reglamentos. A partir de eso Conacyt creó una comisión especial ad hoc para analizar su caso, basado en una interpretación jurídica ex profeso que argumenta el criterio pro persona, con el cual le dieron el grado más alto que se otorga a los investigadores, el SNI III, pero por las protestas que esta arbitrariedad suscitó, no llegó a cobrar en un momento los estímulos.
Hay que apuntar que el fiscal tiene un sueldo de aproximadamente de 159 mil 536 pesos mensuales, definitivamente no le hace falta el estímulo en la era de la austeridad, pero eso no parece importarle a él ni a la dirección del Conacyt, quien ahora le permitirá al funcionario embolsarse dinero que se supone debe ir destinado al desarrollo científico y tecnológico. Como tampoco les importa que miles de profesores de todo el país, quienes sí hacen actividades de investigación y docencia se encuentren en condiciones de precarización de laboral (bajo la figura de asignatura, eventual, temporal etc.) con sueldos nada dignos.
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Funcionarios de la 4T y el uso discrecional del poder
A partir de una filtración de audios que involucran a Gertz Manero y al fiscal de Control de Competencia, Juan Ramos, con el cual se comprobó que el fiscal tuvo acceso anticipado a un proyecto de Corte relacionado con la muerte de su hermano, caso en el que la hija de su viuda, Alejandra Cuevas Morán, se encuentra encarcelada desde hace más de un año, acusada del homicidio de Federico Gertz, el proyecto contemplaba la absolución para la señora Cuevas.
Este caso nos muestra qué, más allá de la posible responsabilidad (o no) de Alejandra Cuevas, lo que se vuelve más claro es el uso discrecional del poder, en donde las instituciones favorecen a personajes como el fiscal, quien, a pesar de su historial de impunidad, no parece temer realmente que desde la presidencia se le remueva. Tampoco parece temer a una baja de salario como sanción ni a cualquier tipo de castigo por la forma en que utiliza su puesto para sacar ventaja del uso de la justicia y los recursos públicos.
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Lo que es necesario
Resulta necesario exigir el desmantelamiento de las estructuras corruptas y de privilegios, heredadas los gobiernos del PRI y del PAN, pero sostenidas desde sus inicios por la 4T, que dan poder a personajes como este, empezando por exigir que todo funcionario gane lo mismo que una maestra o que una médica como las que han estado en la primera línea de la pandemia, ya que, para empezar estos cargos y “facilidades”, solo abonan a que los servidores públicos ganen onerosos sueldos que los ubican más cerca de las condiciones de vida del empresariado y aleja de las necesidades que enfrentan la mayoría de los trabajadores y a sus intereses.
Pero al mismo tiempo se requiere organizar un fuerte movimiento universitario que luche por la basificación y sindicalización de todos los profesores y trabajadores del gremio, junto con la democratización de las universidades y por la democrática distribución del presupuesto para que no sea concentrado y ejercido de forma discrecional por las élites académicas. De esta forma, se podría combatir la precarización laboral y se pondría a la investigación al servicio de las mayorías, trabajando en proyectos que no vayan dirigidos beneficiar a empresarios y funcionarios sino a al pueblo trabajador.
