Recientemente, la Secretaría de Gobernación informó los resultados de su Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dando a conocer que tan solo en los tres últimos años, más de un centenar de personas vinculadas con la defensa de derechos humanos han sido asesinadas.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Martes 13 de julio de 2021
Entre los casos se encuentran 43 periodistas asesinados, una constante desde gobiernos panistas y priístas que parece tener continuidad bajo el gobierno de AMLO. Así mismo, 68 personas defensoras y defensores han perdido la vida, varios vinculados con procesos en defensa del territorio, los bienes comunes o la búsqueda de personas desparecidas.
Hasta el momento, mil 478 personas gozan de la protección del Mecanismo para Personas Defensoras, que consiste principalmente en el rastreo de su geo localización en tiempo real y su monitoreo por parte de las instituciones policíacas correspondientes, así como un teléfono para emergencias. Sin embargo, a pesar de que la violencia y las violaciones a derechos humanos son pan de cada día, solo seis estados del país cuentan con organismos locales para la protección de las y los defensores (Puebla, Veracruz, Guerrero, Ciudad de México, Guanajuato y Colima), dejando fuera a varios de los estados que encabezan la lista de violencia en el país.
A pesar de los avances en materia de protección a los defensores y defensoras, la realidad es que activistas ambientalistas, periodistas y defensores de derechos humanos siguen siendo hostigados y asesinados en México, como demuestra el asesinato de Samir Flores y de Tomas Rojo o David Díaz Valdés.
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Frente a esta cruenta realidad es urgente la desmilitarización del país y la disolución de la Guardia Nacional, pues está comprobado que la presencia de los cuerpos armados del Estado y el incremento de sus funciones en el último periodo, va de la mano del aumento de la violencia en el país que como expresión tiene el escandaloso número de periodistas y defensores asesinados. Además, urge el juicio y castigo a los policía y funcionarios implicados.
