Las nuevas irregularidades habrían saltado como otra arista del bullado caso conocido como "Milicogate", asociado a la ley reservada del cobre.
E.E. Vergara Valparaíso, Chile
Martes 10 de julio de 2018
Un nuevo caso de irregularidades financieras salta a la luz pública. Y si ya las instituciones represivas del Estado como Carabineros o las Fuerzas Armadas (FF.AA), parecían haber quedado hundidas en el cuestionamiento por casos de corrupción, tal parece que no les pareció suficiente.
Ni más ni menos que un escandaloso caso de duplicación de facturas estimadas en 200 millones de dólares, es el que salpica hoy a las FF.AA, esto producto de las distintas aristas que se han abierto al interior de la institución, donde pagos y transacciones irregulares provenientes de la Ley Reservada del Cobre se han hecho presentes, haciéndose conocido el caso como el famoso “Milicogate”.
Según señala el reportaje realizado por Radio Bío Bío, las facturas estarían asociadas a la venta de armas y sistemas de guerras y operaciones realizadas a través de las Fábricas y Maestranzas del Ejército (FAMAE).
Por su parte, el Comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, intentó bajarle la magnitud al asunto, manifestando que “lo único oficial es la pérdida de 6 mil millones de pesos producto de una investigación sumaria del propio ejército”.
En tanto, el Ministro de Defensa, Alberto Espina, señaló que habrá “tolerancia cero” a esta clase de situaciones dentro del ejército, y llamó a “no sacar conclusiones anticipadas”.
Cuando una institución podrida puede ser aún más decadente
Aunque el gobierno insista en su tesis de “las manzanas podridas”, como si los casos de corrupción fueran un hecho aislado al conjunto de las instituciones represivas del Estado, lo cierto es que la realidad muestra todo lo contrario. Tanto FF.AA, como Carabineros, e incluso la Policía de Investigaciones (PDI) vienen siendo profundamente cuestionadas por la sociedad, lo que pareciera acrecentarse cada vez más, en vez de descender. Y es que toda la herencia de la dictadura administrada por más de 20 años por la Concertación, y ahora con un gobierno de derecha nuevamente a la cabeza, no es de extrañar que instituciones parasitarias, a la par de una casta política repulsiva, se vengan abajo por las ambiciones de poder y ganancias suculentas que forjaron a través de años y años de fraude.
No son un par de manzanas podridas que dañan a una institución honorable, son la más clara expresión de un sector que privilegiado con sus propias cajas de pensiones, beneficios y regalías, se encargan de defender los intereses de una clase empresarial, cuya riqueza se basa en la explotación y opresión hacia miles de trabajadores, mujeres, estudiantes, mapuche, LGTBI, y diversos sectores de nuestra sociedad. Una institución hecha para reprimir o contener la acción de quienes se rebelan en contra de un sistema que los condena a la miseria, y que hoy muestra como nunca que el decadente estado de las fuerzas represivas, no es ni más ni menos que el indisociable vínculo entre los intereses de los magnates y la vida de privilegios y beneficios de las fuerzas de “orden” y “seguridad”.
