Lo hace mediante una resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad, dirigida políticamente por Gabriela Michetti, publicada en el Boletín Oficial.
Celeste Vazquez @celvazquez1
Jueves 27 de septiembre de 2018 12:30
La resolución 268/2018 emitida por la Agencia Nacional de Discapacidad, publicada en el Boletín Oficial con fecha 25 de septiembre de 2018, establece la suspensión de las pensiones no contributivas por invalidez que presenten algún tipo de “incompatibilidad”.
La decisión gubernamental establece la “suspensión y caducidad de pensiones no contributivas por invalidez”. A su vez, establece un plazo de “10 hábiles administrativos para que el administrado pueda ejercer su legítimo derecho de defensa y ofrecer la prueba de la que intentare valerse, como así también tomar vista de las actuaciones”.
En el afán de ajustar a cómo de lugar, el Gobierno nacional vuelve a golpear a uno de los sectores más débiles y vulnerables: las personas con discapacidad. Para este nuevo ataque se basa en un decreto menemista, el 432/97 (oh, casualidad) que establece como requisito para cobrar una pensión de este tipo que la persona pueda acreditar un 76 % por ciento de discapacidad que le prohíba trabajar.
Una pensión de este tipo es de $5.800 aproximadamente y alcanza a cubrir, por ejemplo, apenas un tercio del tratamiento de salud para un niño o niña con discapacidad que puede superar los $25.000, ya que incluye varias terapias.
Según esta resolución, por ejemplo, ¿qué pasaría con un niño con discapacidad, cuya pensión cobran su padres, en su gran mayoría las madres quienes son las que están a su cargo y que en muchos casos tienen que resignar su inserción en el mercado laboral por las tareas del cuidado que los niños?. O, ¿qué pasaría con las personas con Sindrome de Down? Quedarían sin prestación.
Hay que agregar además, que atadas a estas pensiones funciona la cobertura de salud que el Estado le brinda a las personas con discapacidad que no tienen obra social y ni prepagas, que es el programa Incluir Salud. Es de esperar, que la suspensión de dichas pensiones traerá aparejada la eliminación de esa cobertura, que además viene funcionado muy mal por la demora con que paga el Estado las prestaciones.
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La iniciativa del macrismo da por tierra con los derechos establecidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) que indica, entre otras cosas, que "los Estados Partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas".
El presupuesto del ajuste y sus consecuencias
Este nuevo ataque del Gobierno nacional tiene un claro objetivo. Jerarquizar el pago de la deuda por sobre los intereses de la mayoría de la población y en esta caso de los sectores más vulnerables.
Las prioridades del oficialismo quedan claras si miramos el proyecto del Presupuesto 2019, que el Gobierno pretende que se apruebe con la colaboración de un sector del peronismo, y que establece un ajuste de $ 358.039 millones. De ese ajuste, casi $ 200.000 millones están destinados al pago de los intereses de la deuda, mientras hay recortes para las partidas de educación, ciencia, técnica y salud, con las consecuencias que estamos viendo.
Queda claro que el feroz ajuste pautado en el Presupuesto es a costa de la educación, la salud y de empeorar las condiciones de vida de la mayoría del pueblo y los trabajadores.
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