Alcaldes relatan la difícil situación para el agro y el consumo en las localidades, sumando hasta la fecha 79 comunas de cuatro regiones que mantienen decreto de escasez hídrica.
Viernes 18 de diciembre de 2020
Hace días atrás pudimos ver cómo los derechos del uso del agua cotizaban en la bolsa de Wall Street, lo que permitirá que los inversionistas puedan especular sobre la abundancia o escasez del agua en un futuro cercano.
En un total de 79 comunas, donde residen 573 mil personas, se ha decretado “zona de escasez hídrica”, según la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas (MOP).
Las regiones que tienen una mayor cantidad de comunas con estos decretos vigentes son Valparaíso, con 37 áreas de escasez, la Metropolitana con 24 y la región de Coquimbo, donde existen 15 zonas secas. Varias zonas con ese decreto, además, están en “emergencia agrícola” por déficit hídrico, las que ascienden a 138 comunas en Chile.
Esta situación lejos de ser sorprendente es una consecuencia más de la desidia empresarial que durante años ha hecho un uso abusivo y lucrativo con los recursos naturales esenciales del país. En esta misma línea es que podemos tomar como referente el ya conocido “Código de aguas”-herencia de la dictadura-, que en su libro primero o de las aguas y del derecho de aprovechamiento, se expresan como disposiciones generales que:
Artículo 5:
“Las aguas son bienes nacionales de uso público y se otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas, en conformidad a las disposiciones del presente código.”
Artículo 6:
“El derecho de aprovechamiento sobre las aguas es de dominio de su titular, quien podrá usar, gozar y disponer de él en conformidad a la ley.”
Estos y muchos otros artículos más les permiten a los empresarios hacer y deshacer con este recurso natural, mientras que no considera al agua como un derecho humano o de la naturaleza, sino más bien como un bien nacional con un dominio de titularidad, donde encontramos a empresas hidroeléctricas como Endesa, AES Gener y Colbún, Codelco y Escondida, además de empresas del rubro forestal como CMPC, según la información entregada por la repartición estatal dependiente del Ministerio de Obras Públicas (MOP).
Según la SNA los principales propietarios de los derechos de aguas son alrededor de 350.000 regantes, de los cuales "dos tercios son pequeños agricultores y cerca de 30% medianos propietarios", es decir, la aplastante mayoría son grandes empresas y grupos económicos.
Empresas que solo se han encargado de hacer un uso y abuso de este recurso, agravando aún más las sequías que podemos ver en distintos lugares del país, en medio de unas de las crisis climatológicas más peligrosas de los últimos tiempos.
Es necesario derogar esta ley, para recuperar este recurso natural de las garras de las empresas que solo agravan y destruyen el medio ambiente en desmedro de nuestra salud y del medio ambiente, agravando las condiciones climatológicas que hoy afectan a miles de personas que no tienen acceso a algo tan básico y necesario como el agua.