Tras diez años de proceso judicial hubo bajísimas condenas y hasta absoluciones. La querella integrada por el CeProDH, junto a otros organismos de derechos humanos, condenaron la sentencia.
Martes 4 de octubre de 2016
El 30 de septiembre quien escribe, ex detenido desaparecido, acompañó a sus compañeras del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) y querellantes en la causa, Natalia Hormazabal y Mariana Derni, al momento de leerse la escandalosa sentencia.
Sólo veinte minutos tardaron los jueces Alejandro Silva, Guido Otranto y Marcos Aguerrido en leer la sentencia de las condenas en la causa la Escuelita IV (casi para los récords Guinness). Sin permitir ninguna interrupción en su alocución se despacharon con las condenas más bajas en los juicios de lesa humanidad.
Se puede decir, sin temor a equivocación, que un ladrón de gallinas recibe condenas más duras que las que recibieron estos genocidas, muchos de ellos verdaderos chacales convencidos de lo que hicieron y que seguramente, si pudieran, lo volverían a hacer.
Casi un año tardó el juicio. Hubo decenas de testimonios contundentes que señalaron sin dudar a los culpables. Pero el veredicto se leyó en sólo veinte minutos, tras lo cual los jueces huyeron de sus sillones a esconderse para no escuchar el repudio y la bronca de quienes estaba presentes. Y, seguramente, se fueron también a congratularse con haber cumplido con el poder de turno, en este caso el gobierno de Macri y los empresarios.
Leé también Repudio de las querellas por las bajas condenas en juicio a genocidas en Neuquén
Con este fallo intentan abonar el camino que ya recorrieron con sus declaraciones el exministro de Cultura porteño Darío Lopérfido, los escribas del diario La Nación y varios funcionarios macristas que, junto a los empresarios como Blaquier o Rocca, empujan para hacer retroceder la rueda de la historia forjada a través de 40 años de lucha de todo un pueblo.
No sólo tratan de volver a la “teoría de los dos demonios”. Hablan, también, como lo dijo Macri, de que se trató de una “guerra sucia”, para tratar por enésima vez de reconciliar al pueblo trabajador con las fuerzas de represión que cometieron el genocidio, muchos de cuyos protagonistas siguen en actividad actualmente, colaborando en adiestrar a las Fuerzas Armadas, mientras otros miles conviven en total y absoluta libertad sin haber sido nunca, ni siquiera, imputados.
Pero también son miles los que van a enfrentar en las calles todo intento de borrar “el pasado”, como les gusta alardear. No sólo por la memoria de los 30.000, sino también por el “presente”, donde para poder imponer el ajuste precisan de las mismas fuerzas represivas que hoy actúan en el inicio de la resistencia obrera y popular, usando los mismos métodos que usaban en los campos de concentración y las cárceles de la dictadura.
Para los organismos de derechos humanos que se mantuvieron independientes de todos los gobiernos, incluso del gobierno que en la última década dijo “defender los derechos humanos” mientras hizo votar en el Congreso la Ley Antiterrorista, espió y armó causas contra los luchadores a través de Proyecto X y descargó brutales represiones a los sectores combativos con Berni, como en Lear, y nombró a Milani, la tarea continúa más vigente que nunca.
Se apelará a todos los recursos legales que da esta “democracia” al servicio de los empresarios, pero también, y mucho más, se tratará de imponer en las calles movilizaciones que impidan que se terminen los juicios, ese sueño anhelado por el empresariado, los militares y todos los gobiernos.
El CeProDH no sólo no bajará sus banderas sino que redoblará los esfuerzos para lograr todo lo que falta. Y lo hace con la convicción que le da el hecho de haber estado siempre en la primera fila de la lucha por las libertades democráticas, siendo parte de las querellas que consiguieron fallos ejemplares, como contra Miguel Etchecolatz, contra el cura Cristian Von Wernich y por los casos de desapariciones en YPF, Astillero Río Santiago y Propulsora, donde se condenó a perpetua por genocidio a todos los imputados y se los envió a cárceles comunes.
Por los 30.000, por Julio López, por Luciano Arruga. Ni olvido, ni perdón, ni reconciliación. Porque los gobiernos pasan y la impunidad continúa.
